Me llega a través de Twitter la siguiente imagen, correspondiente a una estadística de Eurostat sobre la deuda implícita de las pensiones:
España es líder. Ningún otro país europeo (y se incluyen incluso algunos de fuera de la UE-27) ha prometido tanto a sus pensionistas. Podríamos decir que es lo que debe a sus jubilados, a los presentes y a los futuros. O lo que ellos creen que se les debe.
Porque eso es lo que muestra esta estadística de Eurostat: la llamada "deuda implícita". Que sería algo así como lo que hemos prometido, pero no reconocemos oficialmente. Aquello que los estados se han comprometido a pagar, pero sin emitir el correspondiente bono.
Pues bien, de acuerdo a Eurostat, en nuestro país, en el año 2021, antes de la contra-reforma del ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, esa cifra ya superaba el 500% del PIB. Más que en ningún otro de nuestros vecinos. Y cinco veces más que la deuda oficial, la reconocida, la que nos asusta cuando se dispara la prima de riesgo.
Es verdad que no es lo mismo un bono que una pensión. En el primer caso, el poseedor tiene un derecho. El Estado español se ha comprometido con él a abonarle un tipo de interés y a devolverle el principal al cabo de un tiempo determinado (el de la duración del bono). Enfrente, el pensionista no tiene derecho a nada. Sí, suena duro pero es así: si mañana un Gobierno decidiera cambiar por completo las reglas de la Seguridad Social y establecer que las pensiones se comenzarían a cobrar a los 75 años y que todas ellas serían equivalentes al SMI... si esto ocurriera, a los jubilados españoles no les quedaría más recurso que el pataleo. Pero no podrían reclamar nada en ningún sitio. Así son las reglas del sistema. Por eso, con cada reforma, decimos que hay una quiebra de las pensiones, porque se modifican las condiciones de acceso o cobro de la prestación (casi siempre a peor para el pensionista) y no pasa nada. El Tesoro no podría hacer lo mismo con un bono.
Pero, cuidado, cuando decimos que no es lo mismo un bono que una pensión, no debemos asumir que el primero es más obligatorio que la segunda. Aquí podríamos introducir muchos matices. Aunque parezca paradójico a primera vista, lo que es más obligatorio contractualmente (el bono) lo es menos desde un punto de vista político. O por decirlo de otra manera: es mucho más fácil imaginarse a un ministro de Hacienda incumpliendo el pago de un bono o renegociando una quita a la griega, que impagando un mes las pensiones.
Esto no es sólo un ejercicio teórico. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando con la inflación. Ya es un lugar común eso de que la subida de precios beneficia a los deudores porque hace que sea más sencillo repagar su deuda. Y pocos deudores con más aprietos que los estados. En este sentido, es cierto que la obligación de un Estado para con sus bonistas está marcada en términos nominales (puede haber algún instrumento de deuda ligado a la inflación, pero siempre es más la excepción que la norma). Por lo tanto, cuando suben los precios, el Tesoro ve cómo se alivia su carga. Por eso España ha visto cómo caía la ratio Deuda Pública / PIB en los últimos años: no porque se haya hecho ningún ajuste o esfuerzo. Simplemente, como el PIB en términos nominales ha ido creciendo por efecto de la inflación, parece que la deuda ya pesa menos. Los expertos han alertado de que la complacencia que esto genera es peligrosa, porque cuando vuelva la normalidad a los precios, el gasto seguirá ahí y volverá a dispararse la ratio; pero, por ahora, vivimos anestesiados.
Con la deuda implícita pasa lo contrario. Aquí la inflación no sólo no es un alivio, sino que casi diríamos que es una carga extra. El Gobierno (con el apoyo de todos los partidos) se ha comprometido a blindar el poder adquisitivo de los pensionistas. Así que cada subida del IPC llevará aparejada una subida equivalente de las prestaciones. En principio, en términos reales el efecto será neutro (tanto suben los precios, tanto las pensiones) pero ya hemos visto en el pasado que, si acaso hay que hacer algún ajuste, éste se hará por el lado que beneficia a los que cobran.
¿La escapatoria?
Pero no vayamos más allá de lo aprobado: la revalorización con el IPC. Porque lo que sí sabemos con certeza es que ese 500% del PIB no tiene la escapatoria inflacionaria. A mí no me gusta dicha escapatoria (el recurso a la inflación es tramposo, peligroso e injusto), pero reconozco que los que dicen que los estados acabarán pagando su deuda tirando de inflación no están muy desencaminados: ningún gobierno quiere hacer los ajustes que serían necesarios, así que intentarán utilizar esta puerta de atrás (por muy peligrosa que sea, que lo es). Con las pensiones, que es la deuda real y relevante, no tenemos esa vía alternativa.
La segunda reflexión tiene que ver con cómo ese peso de la deuda implícita influirá en nuestra economía en los próximos treinta años. Cuando vemos que la relación deuda pública / PIB está por encima del 100%, nos echamos las manos a la cabeza y pensamos en el creciente peso del pago de intereses en el presupuesto. Asumimos que es un lastre y nos preocupa cómo afectará a nuestro crecimiento: cada vez más impuestos y menos inversiones, porque estamos dedicando más recursos sólo a pagar nuestros compromisos adquiridos previamente. Ahora, multipliquen eso por cinco, hasta el 500% del PIB.
Y un último apunte, que no sirve de nada más que para lamentarnos: miren el gráfico y esas barras doradas y azules. La parte amarilla tiene mucho más peso. En algunos países, como Francia o España, apenas se intuye una mini-franja azul por debajo. Ese tono dorado representa la deuda implícita de la que trata este artículo, a lo que se ha comprometido el Gobierno sin tener nada que lo respalde más allá de su capacidad para cobrar impuestos. ¿Y la parte azul? Es el ahorro privado que, aunque forme parte de los esquemas públicos, entra en lo que podríamos llamar como parte de capitalización. En Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Suiza o Islandia supone una proporción sustancial del sistema. Fíjense en los países de los que hablamos: prósperos, ricos y, algunos de ellos, con un modelo general de gasto público inequívocamente socialdemócrata. Pues bien, en todos ellos, sus jubilados pueden estar mucho más tranquilos, porque su pensión no depende al 100% de que haya relevo demográfico, del número de inmigrantes o de si el país crece o entra en recesión.
[Nota: además, en la mayoría de los países más ricos el sistema privado puro, que queda al margen de estas cuentas pero recoge cuándo tienen ahorrado sus ciudadanos para la pensión, es mucho más voluminoso que en España; pero hoy no entraremos en este análisis].
Volvemos al inicio. ¿Ese 500% del PIB es una cifra cerrada? No. Si un Gobierno decidiera recortar con fuerza las pensiones (actuales o futuras) podría ser menor. Aunque no parece un escenario realista. También podría ser superior: los propios cálculos de Eurostat apuntan a que, bajo diferentes asunciones (sobre crecimiento del PIB o sobre demografía) esa cifra podría irse por encima del 600% para el caso de España.