El prestigioso medio financiero Bloomberg ha dedicado una de sus informaciones destacadas del fin de semana a la reciente derrota judicial de España en Estados Unidos que permite a los demandantes afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables iniciar procedimientos para la recuperación de las indemnizaciones pendientes de pago.
Como explica la nota, se ha abierto la veda para reclamar la "incautación de activos comerciales españoles en territorio estadounidense" y para la emisión de "citaciones judiciales contra funcionarios españoles".
Este fallo es un nuevo golpe para la imagen internacional de España, que desde 2012 ha estado envuelta en disputas legales con más de 50 empresas foráneas que sufrieron un notable prejuicio al ver cómo nuestro país cambiaba las reglas de juego a mitad de partido y recortaba drásticamente la rentabilidad de sus proyectos de energías renovables, en los que estas firmas invirtieron 70.000 millones de euros.
Los inversores que han derrotado a España subrayan que "este fallo facilita el inicio de acciones legales" para recuperar los pagos no cumplidos por el gobierno español. Bloomberg también recoge declaraciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que afirma que el fallo "no implica que Estados Unidos tenga ya la capacidad de hacer cumplir la sentencia y confiscar activos españoles" puesto que aún queda "un nuevo procedimiento donde España podrá presentar alegaciones" e intentar que la decisión no sea firme.
Creciente riesgo
Sin embargo, Bloomberg subraya el creciente riesgo que enfrenta nuestro país. Como recuerda, "España no ha pagado las cantidades adeudadas tras perder varios laudos arbitrales", lo que ha llevado a algunos acreedores a pedir la "incautación o congelación de activos comerciales y empresas españolas", circunstancia que ya ha sido atendida por los tribunales de Reino Unido o Bélgica. Asimismo, la Corte Suprema australiana ha fallado en contra de nuestro país, lo que también habilitará la práctica de embargos en suelo oceánico.
La cobertura menciona que España "ha perdido procedimientos valorados en más de 1.560 millones de euros". A esta cifra habría que sumarle otros 320 millones en concepto de sobrecostes legales y financieros, puesto que el gobierno ha gastado más de 70 millones en abogados y consultores y las empresas afectadas también deben ser compensadas en concepto de intereses de demora y condenas en costas. En suma, cerca de 1.880 millones de euros.