El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), se creó en julio de 2020 como respuesta a la crisis del COVID-19. Fue una medida esencial para evitar la quiebra de empresas clave en España. Dotado con 10.000 millones de euros, su misión era apoyar a empresas que, por su carácter estratégico y peso económico o social, no podían permitirse desaparecer. Pero como suele ocurrir con este tipo de ayudas masivas, los problemas de transparencia, favoritismos y rapidez en las decisiones han dejado una estela de dudas. Y en el centro de la polémica encontramos las actuaciones del Gobierno de Sánchez en el caso del rescate de Air Europa.
Air Europa: el rescate más grande y rápido del FASEE
El rescate de Air Europa ha sido el más cuantioso aprobado bajo el paraguas del FASEE, con un total de 475 millones de euros. La operación se dividió en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. Para ponerlo en perspectiva, este rescate equivale a casi el 15% del total de los 3.255 millones de euros aprobados en las 30 operaciones realizadas por el fondo.
Lo que hace este rescate aún más llamativo es la rapidez con la que fue aprobado. Mientras que otras empresas vieron sus solicitudes de ayuda demoradas durante meses, algunas hasta más de un año, el caso de Air Europa obtuvo resolución favorable en 70 días y en tan solo 5 días el Consejo de Ministros dio su aprobación. En comparación con el resto de operaciones, el plazo medio entre la solicitud inicial y su confirmación se extendió a 240 días, y en algunos casos se extendió hasta 420 días.
Sorprendente, ¿verdad? Eso, a pesar de tratarse del primer rescate y que justo unos días antes, el 31 de julio de 2020, se aprobara el "Procedimiento a seguir para la tramitación y resolución de las solicitudes de apoyo público temporal con cargo al FASEE", primer documento regulador de la tramitación de las ayudas que fijó los pasos a seguir para su aprobación o desestimación, un protocolo absolutamente farragoso.
La importancia estratégica de Air Europa
Air Europa no es cualquier aerolínea y el de Sánchez no es cualquier gobierno, ni cualquier entorno familiar. Antes de la pandemia, era la segunda compañía aérea española más relevante en cuanto a vuelos internacionales, conectando a España con 60 destinos en todo el mundo, muchos de ellos en América Latina. Además, jugaba un papel clave en la conectividad del país con mercados turísticos esenciales. Air Europa generaba aproximadamente el 18% de los ingresos del sector aéreo español. Esto no es poca cosa en una economía como la española, donde el turismo representa más del 12% del PIB.
En este contexto, no resulta sorprendente que el gobierno considerara a Air Europa una empresa estratégica. Su colapso no solo habría afectado gravemente al sector turístico, sino que habría tenido un impacto considerable en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desde donde operan la mayoría de sus vuelos internacionales. Sin embargo, la pregunta clave no es si Air Europa era estratégica o no, sino si el proceso de rescate se manejó con la transparencia y el rigor necesarios.
Rapidez, favoritismos y opacidad
El hecho de que Air Europa fuera rescatada de manera tan rápida y con tal cantidad de dinero ha generado muchas sospechas. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO), había reuniones y contactos entre los directivos de Air Europa y figuras cercanas al gobierno, incluyendo a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Este vínculo personal, combinado con la rapidez inusual del rescate, ha hecho que algunos cuestionen si realmente se siguieron los cauces habituales o si hubo un trato preferencial.
Este tipo de situaciones suelen minar la confianza pública. No es solo la rapidez con la que se tramitó la ayuda, sino la falta de transparencia en el proceso. Existen varias preguntas clave que permanecen sin respuesta:
¿Cómo fue posible que otras empresas tuvieran que esperar mucho más tiempo para obtener una respuesta?
¿Por qué no se han hecho públicos los detalles completos del plan de viabilidad presentado por Air Europa?
Los planes de viabilidad son obligatorios en estos rescates. Deben demostrar que las empresas tienen una estrategia sólida para devolver el dinero público que reciben. En el caso de Air Europa, comenzará a amortizar los préstamos en 2026, pero la falta de claridad sobre cómo planea hacerlo deja muchas dudas en el aire.
Además, su aprobación contó con los informes favorables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil.
Los organismos encargados de vigilar el uso de los fondos
Cuando una empresa recibe una cantidad tan importante de fondos públicos, especialmente si esos cuentan con financiación de la Unión Europea, es fundamental que haya un control estricto sobre cómo se gestionan. La Adenda del Plan de Recuperación contempla un Fondo dotado específicamente con 1.020 millones de euros para financiar el FASEE (SEPI) y el Fondo de Recapitalizacion de Empresas Afectadas por el COVID-19 (COFIDES). De estos 1.020 millones, sabemos que el gobierno tiene previsto financiar con los fondos de la Adenda un importe de 563 millones de euros de operaciones que cumplirían con los criterios establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Existen varios organismos encargados de garantizar que estos fondos se utilicen de manera adecuada. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es la autoridad de control del MRR, mientras que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo tienen la tarea de velar por la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
A pesar de estos controles, aún no está claro si todas las salvaguardas se activaron en el caso de Air Europa. De hecho, la Comisión Europea debería evaluar algunos aspectos de este rescate dadas las informaciones que estamos conociendo. No es menor la importancia de que se aclare la situación.
¿Un caso de favoritismo?
No cabe duda de que el rescate de Air Europa tenía un peso estratégico innegable. Su colapso habría tenido consecuencias nefastas para el sector turístico español y la conectividad aérea del país. Sin embargo, la manera en que se gestionó el proceso deja muchas preguntas sin responder. La rapidez del rescate, las reuniones privadas entre directivos de la empresa y figuras clave del gobierno, y la falta de transparencia en torno a los planes de viabilidad han socavado la confianza en el proceso.
Con la vista puesta en 2026, cuando Air Europa deberá comenzar a devolver los fondos y con la necesidad urgente de que los organismos europeos de control del fraude entren a investigar qué ha ocurrido con los fondos del presupuesto comunitario, será esencial que tanto la SEPI, como la ministra de Hacienda, Nadia Calviño, Sánchez, Ábalos y el resto de los ministerios implicados den muchas explicaciones. Del mismo modo, de los organismos europeos se espera que mantengan una supervisión estricta para asegurar que los recursos públicos se hayan utilizado de manera adecuada. De lo contrario, este caso podría convertirse en un paradigma de cómo no gestionar los fondos públicos en tiempos de crisis.