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La impotencia de Amaya, la madre de tres niñas que pide limosna en la calle por culpa de su inquiokupa

Sobrevive con 907 euros del paro mientras la mujer a la que le alquiló su único piso por pena está trabajando y lleva a su hija a la universidad.

Sobrevive con 907 euros del paro mientras la mujer a la que le alquiló su único piso por pena está trabajando y lleva a su hija a la universidad.
Amaya, a las puertas del Ayuntamiento de Portugalete | PAO

Mientras el Sindicato de Inquilinos alienta una huelga de alquileres, miles de propietarios luchan cada día por llegar a fin de mes por culpa quienes, tal y como como ellos pretenden, se niegan a pagar la renta. Ese es precisamente el caso de Amaya, una desempleada que se las ve y se las desea para sacar adelante a sus tres hijas de 16, 6 y 4 años, mientras la mujer a la que le confió su único piso en propiedad vive a su costa desde hace 10 meses.

Su situación es tan desesperada que este lunes ha decidido plantarse en la puerta del Ayuntamiento de Portugalete, la localidad en la que se encuentra la vivienda, para pedir limosna. "Cobro del paro 907 euros para que mi inquiokupa (trabajando) y su hija (estudiante de universidad) vivan a costa de lo que mis tres niñas necesitan y yo no les puedo dar", reza la pancarta con la que acompaña esta protesta, auspiciada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

A sus pies, el cubo de playa que sus pequeñas no han podido disfrutar este verano y con el que, de forma simbólica, pide ayuda ante la impotencia que le genera esta injusticia. "A mí ahora, en septiembre, me ha dolido mucho no poder aportar nada, porque bueno, pasas el verano, no te vas de vacaciones y es lo que hay. Es una situación que nos ha tocado vivir. Pero que llegue el inicio de curso y teniendo dinero no pueda comprarles nada a mis hijas cuando esta mujer está trabajando, aunque sea a media jornada, y llevando a la suya a la universidad… Pues es algo que no puedo soportar -advierte con la voz entrecortada-. Yo no tengo por qué mantener a dos personas adultas que pueden trabajar perfectamente y si no, irse de esa comunidad autónoma a otra donde las casas sean más baratas".

Al verla pidiendo limosna, la alcaldesa de Portugalete -del PSE- se ha acercado a hablar con ella este lunes y le ha prometido que alguien de Asuntos Sociales bajaría a hablar con ella en cuanto pudiera. Sin embargo, según Amaya, nadie lo ha hecho, por lo que su intención es seguir allí los próximos días. Su inquiokupa ha conseguido paralizar el desahucio hasta en dos ocasiones alegando que tenía una intervención quirúrgica y ahora teme que pueda lograrlo una tercera aferrándose al polémico decreto del Gobierno. "Yo sé que está trabajando, pero llevo así casi un año y ya me espero cualquier cosa", lamenta.

Sobrevivir con 907 euros al mes

Lejos de la imagen de "especulador" que la izquierda ve tras los caseros, Amaya pertenece a ese nutrido grupo de pequeños propietarios que sustentan el 92% del mercado de alquiler que hay en España. El hoy inquiokupado es su único piso en propiedad. Lo compró trabajando muchas horas cuando tenía 25 años y aún hoy lo sigue pagando, a pesar de que está desempleada y las cuentas no le salen.

"De los 907 euros que cobro del paro, 574 son para la hipoteca, 50 de Comunidad y el otro día me vino el IBI del piso, que son algo más de 150 euros. Como mínimo, todos los meses tengo que ingresar 700 euros, porque tengo que tener para la hipoteca, la Comunidad, el agua de estas dos personas y el seguro del piso, que se va prorrateando mes a mes. A eso le tengo que sumar el gasto del abogado, que también le pago mes a mes, y la manutención de mi hija mayor, que antes le pasaba 100 euros y ahora me lo han tenido que bajar a 50", resume, al tiempo que se pregunta cómo creen que puede vivir así.

Según denuncia, la asistenta social a la que ella misma ha solicitado que la declaren vulnerable, le ha preguntado por los ingresos de su pareja. "Yo no sé lo que él tiene en el banco ni quiero saberlo. ¿No se nos llena la boca hablando de igualdad? Pues yo no quiero que mi pareja me mantenga, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, y además es que no es que yo no tenga recursos, es que los tengo y me los están quitando", recuerda indignada.

Una ayuda que le ha salido cara

Hace tres meses la propia Amaya narraba a Libre Mercado su peculiar historia. Leonesa de nacimiento, creció en Portugalete, donde su madre la avaló con apenas 25 años para comprarse su primer y único piso con mucho esfuerzo: "Me he dejado mi juventud detrás de una barra, trabajando como una loca. He llegado a mi casa llorando del cansancio y he vuelto a trabajar al día siguiente porque lo único que he pretendido siempre es hacer las cosas bien".

Allí crió a su primera hija como madre soltera y, por eso, cuando por motivos personales tuvo que trasladarse a Extremadura y decidió ponerlo en alquiler, la llamada de su hoy inquiokupa le ablandó el corazón. "Puse el anuncio en una plataforma de Internet y me llamó un montón de veces. Me dijo que ella también era madre soltera y que necesitaba ayuda, porque los dueños del piso en el que estaba se iban a separar y se tenía que ir -recuerda-. Ahora me pregunto si a ellos también les habría hecho lo mismo".

Tras reiteradas súplicas, Amaya terminó confiándole su casa e incluso alquilándosela por una renta muy por debajo del precio del mercado. "Allí los pisos están a 800 o 900 euros y yo solo le pedía 650, que es lo que necesito para cubrir la hipoteca y la comunidad", explica. Aun así, y a pesar de que antes de firmar el contrato le insistió en lo mucho que necesitaba ese dinero, los problemas no tardaron en llegar: "Siempre tenía que llamarla o mandarle mensajes para que me pagara, porque me ponía unas excusas increíbles".

"No lo vuelvo a alquilar ni loca"

En noviembre del año pasado dejó de pagar y, desde entonces, el juez ha suspendido dos lanzamientos. Ni siquiera ha tenido que solicitar la vulnerabilidad, sino que simplemente ha alegado que tenía una intervención quirúrgica. "Y ahora no sé qué pasará -lamenta Amaya-, porque yo sé que está trabajando a media jornada, pero es que en el País Vasco si quiere trabajar más, puede hacerlo perfectamente". Por si acaso lograse volver a paralizar el desahucio, la propietaria ya había solicitado su propia declaración de vulnerabilidad. Sin embargo, al no haber sido solicitada por el juez, no es válida, por lo que también por eso tendrá que esperar.

Si lo recupera, ya hace unos meses tenía claro qué es lo que haría: "Han sido 19 años de lucha para poder mantener ese piso y dejarles algo a mis hijas, pero no quiero volver a pasar por eso otra vez, así que tengo muy claro que lo voy a vender. Lo compré por 160.000 euros y seguramente lo tenga que vender por 120.000… ¡Con todos los arreglos que le he ido haciendo! E imagínate lo duro que puede ser deshacerte de algo por lo que has luchado tanto, pero es que ya no puedo más. ¡No lo vuelvo a alquilar ni loca". Su reacción es la misma de cientos de víctimas de la inquiokupación y lo único que demuestra es que lo único que consiguen los postulados del autodenominado Sindicato de Inquilinos es precisamente lo contrario de lo dicen perseguir.

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