Preocupación en el gran comercio. La inminente obligación de reducir la jornada de sus empleados pagándoles lo mismo, el absentismo laboral y la falta de trabajadores alarman al sector.
Ayer martes, Anged (la patronal de El Corte Inglés, Eroski o Leroy Merlín) celebró su asamblea anual y puso de manifiesto todas estas inquietudes.
"Peligroso ejercicio de populismo"
Precisamente, una de las medidas que más va a dañar a la actividad comercial es el plan estrella de Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral con el mismo sueldo. La ministra de Trabajo había planeado cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que, en lugar de las 40 actuales, ya este año la ley impida trabajar más de 38,5 horas a la semana y 37,5 horas el que viene. Sin embargo, se acerca el final de 2024, y todo apunta que esta imposición empezará a aplicarse al año que viene.
"Nos preocupa mucho que se aborde una posible reducción de la jornada laboral a espaldas de los convenios ya pactados. Supondría un cambio en las reglas de juego, con un alto coste para los sectores que han encontrado a través de la negociación colectiva fórmulas que permiten la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva" señaló la presidenta de Anged, Matilde García.
"Quiero ser clara en este asunto: centrar todo el debate sobre la productividad en el número de horas o días que trabajamos a la semana es un peligroso ejercicio de populismo. Imponer por ley una reducción de la jornada laboral puede llevarnos a una desagradable sorpresa: que muchos empresarios tengan que recortar su producción por no poder asumir el coste de contratar a más personas" añadió García. Subir los precios, tener que despedir o dejar de contratar son también opciones a las que se ven obligadas las empresas cuando sufren subidas de costes, como puede ser tener que pagar lo mismo a sus empleados por menos trabajo.
"El absentismo rompe el funcionamiento de las tiendas"
El "alarmante nivel de absentismo" también genera "gran preocupación" entre la gran distribución. "Por su coste económico y social, debería ser un punto prioritario en la agenda de reformas del Gobierno" señala la presidenta de Anged.
Precisamente, la semana pasada, Adecco actualizó sus datos de absentismo laboral y los resultados son muy reveladores. Los autores del informe calculan que las horas no trabajadas por absentismo en el segundo trimestre del año equivalen a que 1.205.851 asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo. El término absentismo incluye las "horas no trabajadas por motivos ocasionales", como las bajas por incapacidad temporal o las no justificadas.
"En sectores como el comercio, el absentismo rompe a diario el funcionamiento normal de tiendas, almacenes y cadenas de abastecimiento. El coste para las empresas y el impacto en la salud de los empleados deteriora la productividad. Es un clamor de todos los sectores empresariales que debería ser resuelto cuanto antes" clamó García.
En este sentido, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado su intención de abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para abordar un nuevo modelo de "baja flexible" que permita en algunos casos al empleado reincorporarse al trabajo de forma voluntaria al mismo tiempo que está de baja. Aunque la propuesta de Saiz es muy razonable, se ha encontrado con la frontal oposición hasta de sus compañeros de partido.
Impuestos, vacantes...
Otro asunto que preocupa a la gran distribución es la falta de personal. "Ocho de cada diez empresas de la distribución reconocen tener problemas para encontrar determinados perfiles" lamentó. Según sus cálculos, en 2023 quedaron sin cubrir 148.000 vacantes de empleo y unas 16.000 corresponden al comercio.
"Las empresas tienen dificultades en posiciones básicas, por ejemplo, en pescadería, carnicería o mantenimiento de tiendas. Además, en perfiles técnicos en digitalización, ciberseguridad, sostenibilidad o logística. La falta de profesionales para estas áreas críticas puede llegar a frenar los planes estratégicos de las compañías" avisó.
García felicitó a la Comunidad de Madrid por "su pionera Ley de Mercado Abierto y el éxito de su apuesta real por la libertad comercial" y destacó "los importantes pasos que Andalucía ha dado para la reducir la carga regulatoria y ampliar los horarios comerciales". Además, destacó que la Comunidad Valenciana ha anunciado la eliminación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales para 2025.
Sin embargo, "hace falta voluntad por parte de los responsables público para superar atavismos de nuestra legislación, como el mantener cerrado por ley el comercio 56 domingos y festivos al año, someter a doble control administrativo la apertura de una tienda o restringir las promociones en plena era digital" pidió García. "Así hasta 3.000 normas, que son las que debe cumplir un comercio en España para abrir la persiana todos los días" lamentó.