
El PSOE prepara la compra del voto del PNV para sacar adelante su plan de perpetuar el impuestazo a las eléctricas y banca. El mecanismo es sencillo: el PNV le da el voto a Pedro Sánchez y, a cambio, el Gobierno le endosa -por medio del cálculo del cupo- el dinero que recauda en el País Vasco por este concepto, de modo que es el propio PNV el que queda de salvador de sus eléctricas y banca, destinando ese importe a la deducción de lo pagado.
Resultado: sus empresas no pagan realmente el impuesto y las ubicadas en el resto de España -principalmente la Comunidad de Madrid- sí deben pagarlo. Acaba de nacer un nuevo mecanismo de discriminación empresarial y fiscal patrocinado por los creados de la falsa acusación del dumping fiscal madrileño.
Madrid ha bajado impuestos desde hace décadas haciendo uso de unas reglas comunes del juego para todos. Se llama, de hecho, autonomía de las comunidades. Pero el PSOE no ha dudado en calificar ese juego en igualdad como dumping fiscal. Pues bien, ahora, los mismos inventores de ese concepto se preparan para alterar más reglas del juego con tal de favorecer a los separatistas.
El nuevo invento consiste en lograr el voto del PNV al plan socialista de convertir en permanente el impuesto temporal a eléctricas y banca por medio de prometer a los nacionalistas vascos que el Gobierno regalará -por medio del cálculo del cupo- el dinero que recauda en el País Vasco por este impuestazo. Así, podrá ser el propio PNV el que se apune el tanto de ayudar a sus eléctricas y banca, destinando ese importe regalado por el Gobierno central a la deducción de lo pagado. Traducido: las empresas vascas podrán competir frente al resto con ventaja porque no pagarán realmente el impuesto y las ubicadas en el resto de España -principalmente la Comunidad de Madrid- sí deberán descontarlo de sus cuentas de resultados.
El papel de Bildu en la exigencia de un impuesto permanente
El plan del PSOE pretende contentar, así, al PNV y a Bildu, que siempre ha pedido convertir en permanente el impuestazo.
Bildu reclamó ya en 2022 que los impuestos a la banca y las eléctricas aprobados por el Gobierno fueran de carácter permanente en lugar de temporales, como recoge la ley que, precisamente, justificó su aplicación por la coyuntura de crisis inflacionista y el supuesto enriquecimiento de estas empresas a costa de los ciudadanos, exigiendo que parte de esos beneficios regresasen a la población.
La formación proetarra presentó varias enmiendas en el Congreso a la ley de Pedro Sánchez para eliminar toda alusión al término "temporal", y su acotación a los próximos ejercicios, para que el gravamen pasase a ser definitivo. No contentos con ello, pidieron además incrementarlo del 1,2% al 2,1% sobre la facturación anual para las energéticas, y que pasase del 4,8% al 7,5% de la cifra del margen de intereses en el caso de la banca.
Propusieron, además, incrementar las sanciones a las compañías que repercutiesen estos impuestos a los ciudadanos, pese a que el propio Banco Central Europeo alertó de esta posibilidad.
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