La central nuclear de Almaraz, la primera del plan de cierre del Gobierno, está inmersa estos días en la recarga de combustible de la unidad 1, que si nada cambia se apagará en octubre de 2027. Con 1300 trabajadores más en la planta además de los 800 habituales, la central emprende la que será su penúltima recarga mientras avisa de una industria y unos puestos de trabajo que podrían perderse para siempre. En medio de una actividad que se multiplica mientras el segundo reactor sigue en marcha, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce convocó allí a los medios para reiterar que la intención de momento inalterada del Gobierno de clausurar las centrales va a acabar con un sector industrial al completo, el nuclear, porque al desaparecer las centrales se acabará también con toda la industria asociada para los que "la base de negocio" es España.
Araluce, que representa a las energéticas propietarias de las centrales (Iberdrola, Naturgy y Endesa en el caso de Almaraz) y de todas las empresas nucleares, señaló que "pelean por todo un sector", por "demostrar" que las nucleares "son necesarias" y generan "mercados más estables para la industria". "Nosotros ponemos sobre la mesa la realidad", dijo, citando entre otras cosas que las centrales "evitan 15 o 20 millones de toneladas de CO2" al año, tienen una "menor dependencia del combustible" por tener el uranio "un mercado más abierto" que los combustibles fósiles, y gozan de una "mayor estabilidad", recordando que los reactores pueden funcionar "año y medio seguido", entre recarga y recarga de combustible, y que puesto que sus paradas habitualmente son programadas, la red eléctrica puede prepararse.
Cierre pese a los permisos
Mientras crece la incertidumbre entre las empresas de la región y los propios trabajadores, Araluce apuntó que "la realidad podría forzar un cambio" al ser España la única "que va en sentido contrario", programando el cierre de unas centrales que ya tiene y que podrían funcionar varias décadas más. Sin embargo, avisó de que cabe la posibilidad de que si el Gobierno se decidiera a dar marcha atrás y modificara su recién enviado a Bruselas Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), las centrales aun así optaran por el cierre. "A lo mejor nos dan los permisos y decimos que esto no es viable", alertó Araluce en alusión a la batalla emprendida por los impuestos a las nucleares y en los últimos meses por la subida de la tasa Enresa, la referida al pago por la gestión de los residuos y el futuro desmantelamiento.
El pasado mes de junio, el Ministerio de la ahora pronuclear en Europa Teresa Ribera confirmó una subida de un 30 por ciento de la tasa, de los 7,9 euros por MW a los 10,36 euros/MW, una medida justificada por los incrementos de costes que suponían renunciar al almacén centralizado de Villar de Cañas y que el sector recibió con indignación, llevando la subida ante la Justicia. En medio de de unos plazos cada vez más ajustados para Almaraz, que tendría que parar al menos unos meses si el cierre no se frena antes del primer trimestre de 2025, el aviso de las eléctricas añade presión a la pugna con el Gobierno mientras el sector insiste en poner en duda que sea viable prescindir de las nucleares y desmantelarlas en un periodo de tiempo tan breve.
La tasa Enresa, que supone para las nucleares el pago anual de 450 millones y que con la subida ascendería a unos 600, es la principal queja pero no es la única. Las empresas insisten en denunciar que sufren una carga fiscal injusta, con impuestos en algún caso redundantes (citan el impuesto de producción de combustible nuclear gastado) con tasas autonómicas (en el caso de Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana) y el pago de servicios como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los impuestos de Almaraz y el apoyo de UGT
Desde el sector, señalan que la nuclear necesita apoyo institucional para operar y que eso también pasa por los impuestos. "Nos preocupa la viabilidad económica. No puede ser que se nos diga que no somos competitivos" mientras los impuestos se cargan "a la generación y no a los beneficios", lamentó Araluce ante los medios.
Un ejemplo de la situación sería la de la propia Almaraz, que tras la subida de la tasa Enresa aporta anualmente en impuestos 450 millones de euros, de los que alrededor de 100 millones corresponderían a la ecotasa extremeña. Según fuentes de la planta, dicha cantidad "supera a todos sus costes operativos juntos y asfixia la actividad económica de la central" y recuerdan cómo ha habido meses del año en que tenido que parar al cotizar el mercado eléctrico por debajo de los costes variables de la central, la mayor parte de los cuales, insisten, "son tasas y tributos".
En cuanto a la posibilidad de un cambio de rumbo, desde el sector ponen como ejemplo de la creciente soledad del Gobierno y de sus socios unas declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este martes, en las que abogó por que las centrales sigan aportando energía "durante un tiempo largo". Desde Ascó, que cerrará en 2030, afirmó que "no hay razones para que no se mantenga, al contrario" lamentando que a veces se hacen "debates energéticos para quedar bien".