Uno de los mensajes habituales de Pedro Sánchez cuando habla de energía nuclear y del plan de cierre de los siete reactores españoles es que son las empresas las que lo pactaron y que están de acuerdo en la clausura paulatina de las centrales. El presidente también denostó en su día la posibilidad de abrir nuevos reactores en España a imagen de otros países.
Las palabras de Sánchez, aunque tengan parte de verdad, obvian todo lo que rodea la energía nuclear en España: lo vivido en el pasado, los obstáculos presentes y sus perspectivas de futuro. ¿Se podría seguir operando las centrales españolas más allá de los 40 años? ¿Es posible construir nuevos reactores? La respuesta a las dos preguntas es que sí, pero las decisiones y el panorama político de los últimos años lo hacen cada vez menos atractivo.
¿Se puede construir una central nuclear en España?
En España, hoy en día, sería posible levantar una nueva central: la moratoria nuclear de Felipe González incluida en el Plan Energético Nacional en 1984, y que supuso la paralización de cinco reactores en plena construcción (Lemóniz I y II; Valdecaballeros I y II y Trillo II) acabó con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, mediante la que se liberalizó la actividad de generación eléctrica en España. Tras la entrada en vigor de esta ley en noviembre de 1997, cualquier empresa puede levantar cualquier tipo de instalación, ya sea nuclear, térmica, eólica, hidráulica… La condición, conseguir los permisos necesarios.
La elevadísima inversión inicial que supone una central nuclear (algo que podría cambiar en el futuro con los minirreactores que ya proyectan en otros países) supone, sin embargo, que las empresas necesiten una estabilidad política y fiscal que hoy por hoy, como señalan varios expertos a LD, no existe. ¿Cuántos años se tardan en amortizar la inversión de una instalación de este tipo? Normalmente se da la cifra de 40 años, pero también esto podría discutirse. En cualquier caso, ya sean 25, 30 o 40 años para recuperar la inversión inicial, lo que es evidente es que hablamos del muy largo plazo: estamos ante una planta en la que los gastos fijos son muy elevados y esa inversión inicial hay que ir sufragándola con los ingresos de muchos ejercicios. Porque, además, la inversión no termina con la apertura de la central: una vez en funcionamiento hay trabajos de mantenimiento, actualización y puesta a punto que es imprescindible acometer.
¿Hay seguridad jurídica en España como para que alguien meta dinero en una central nuclear en esas condiciones? Porque si en esas tres-cuatro décadas aparece un solo ministro de Industria antinuclear, puede ser suficiente como para echar por tierra la apuesta. Y esto tendría enormes costes para los inversores, para los contribuyentes o para todos. Luis E. Herranz, Profesor de Investigación en Seguridad Nuclear y Responsable de la Unidad de Investigación en Seguridad Nuclear del CIEMAT, recuerda precisamente el caso de Valdecaballeros, en Badajoz: la central estaba construida en más de un 70% cuando el gobierno socialista decidió paralizar el proyecto, una decisión que supuso pagar a la empresa propietaria, Iberdrola, compensaciones durante años abonadas por todos los españoles en su recibo de la luz hasta el 31 de agosto de 2015.
La única buena noticia es que, también en este punto de la amortización y los plazos para que la inversión sea rentable, los nuevos minirreactores podrían suponer una revolución en el sector, reduciendo los tiempos de forma sustancial.
Los impuestos sobre la nuclear
El otro obstáculo al que se enfrentan las nucleares es la carga fiscal: desde el sector llevan años denunciando que están sometidas a una tributación, entre impuestos y tasas, "excesiva, discriminatoria y confiscatoria". Desde Foro Nuclear, el colectivo que agrupa a las empresas del ramo, señalan a LD que los impuestos suponen "la partida más importante del coste unitario de producción": incluyendo otra tasa, la de Enresa, relativa a la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento, estaríamos hablado de unos 23 euros por MWh.
Señalan además que "la mayoría de tributos no se produce sobre los beneficios del parque nuclear, sino sobre el objeto de operación de las centrales, es decir, la producción de electricidad". Entre los impuestos y gravámenes que soportan, citan tasas "de tipo estatal, autonómico, local e incluso de organismos autónomos o de instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado", en alusión a la tasa que financia el servicio de respuesta prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado establecido en la Ley 15/2012 o la citada tasa Enresa que subió casi un 20% en 2020.
En Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana deben pagar, además, ecotasas autonómicas. Unos impuestos que siguen subiendo: las empresas denuncian que la ecotasa catalana, que grava los tres reactores en la región, se incrementó la pasada primavera. La situación hizo que en 2020, cuando disminuyó el consumo eléctrico con la pandemia, hubiera momentos en que el volumen de tasas e impuestos no llegara a ser cubierto con los ingresos por la venta de energía. En aquel ejercicio, las centrales estaban en pérdidas operativas, algo que una instalación de este tipo es ruinoso (el pago de impuestos hizo que no se cubrieran ni siquiera los costes de funcionamiento, antes de afrontar las amortizaciones o el servicio de la deuda). En este sentido, es lógico que no sólo las empresas no estén dispuestas a construir nuevas centrales; es que sin la presión política (y, aunque esto no lo admitirán nunca los responsables políticos, hay presión para que sigan operando, porque sin ellos el sistema eléctrico español no sería viable) quizás hasta se plantearían el cierre de alguna planta.
¿Es rentable la energía nuclear?
A estos factores se añade un hecho que destacó hace unos días en una entrevista en El Mundo Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear: recordó que en España se vende la energía nuclear a menos de 67 euros el megavatio hora (el tope impuesto por el Gobierno en marzo para energía contratada a plazo a precio fijo) "cuando en el mercado está a 200 o 300". Desde Foro Nuclear indican que pese al mensaje habitual de "los beneficios caídos del cielo", en un entorno de altísimos precios energéticos, las nucleares tampoco se estarían beneficiando: afirman que "su producción de electricidad está comprometida con contratos bilaterales a plazo a precios inferiores a 67 €/MWh para los próximos ejercicios".
"Las eléctricas son empresas que se deben a sus accionistas", recuerda al respecto Herranz. "Si la coyuntura político/económica hace que otras energías sean subvencionadas, con garantía de compra y, en definitiva, arrojan más beneficios a las empresas eléctricas … el accionista estará feliz con lo que más euros les dé".
También se refirió a la rentabilidad en su reciente comparecencia en el Congreso el presidente de Enresa. Ante los diputados, José Luis Navarro señaló que la cuestión de abrir nuevas centrales o alargar la vida de las ya existentes "no es una cuestión técnica, ni de seguridad", sino económica. "¿Es rentable? Esa es la pregunta", dijo destacando que en las conversaciones mantenidas con responsables de las eléctricas "ninguna ha mostrado voluntad de cambiar" el plan existente "ni directa ni indirectamente", algo lógico a la luz de lo planteado en este artículo.
En opinión de Navarro, la clave es el precio que alcance el MWh en el futuro y las perspectivas de las empresas de que el precio de la energía nuclear, con y sin impuestos, se sitúe por encima o por debajo en el mercado. Si se tienen que invertir miles de millones de euros en nuevas centrales o en la renovación de las actuales, "no invertirán sin garantías de rentabilidad".