A unos días de que acabara 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al documento que sentenciaba a las centrales nucleares españolas: el séptimo plan de residuos nucleares, que llevaba años pendiente de aprobarse, daba carpetazo definitivo al almacén temporal de residuos radiactivos que iba a construirse en Villar de Cañas y hacía oficial el calendario de cierre de los siete reactores españoles: entre 2027 y 2035 todos dejarán de funcionar en una senda contraria a la de decenas de países.
La asociación que agrupa a las energéticas que gestionan las cinco centrales españolas, Foro Nuclear, ha respondido a los planes del gobierno de Pedro Sánchez con un comunicado muy crítico, que enfatiza los "extracostes" de la decisión de sustituir el almacén temporal por almacenes individuales en cada central, y no tener listo hasta los años setenta de este siglo el almacén definitivo para el combustible gastado. Este cambio de planes supondrá encarecer en algo más de 2.000 millones de euros la gestión de los residuos, además de otras desventajas denunciadas por los expertos, partidarios en su inmensa mayoría de un ATC o en todo caso de adelantar la construcción del almacén definitivo.
Las nucleares avisan de que lo aprobado por el Ejecutivo supone "un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas" en alusión a que se justificó la renuncia al ATC en las "dificultades" para alcanzar "el necesario grado de consenso social, político e institucional" y no en motivos técnicos. En su opinión, "en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares". El Ejecutivo, sin embargo, dejó claro al aprobar el plan que les guiaría el principio "de ‘quien contamina, paga’.
La patronal denuncia, además, que con este acuerdo se rompen las condiciones acordadas en 2019 entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las centrales nucleares por las que se acordó incrementar la denominada tasa Enresa (un fondo para sufragar la gestión de los residuos) en un máximo del 20%. Al respecto, Foro Nuclear subraya que las centrales aportan a ese fondo cada año 450 millones.
Las centrales también lamentan que según el calendario acordado, el terreno de las centrales una vez apagadas y desmanteladas no se verá "liberado" de residuos hasta 2073, la fecha en que se prevé que esté listo el definitivo Almacén Geológico Profundo. De forma reiterada, desde el sector se había reclamado que los plazos para su construcción se adelantaran. "Países europeos de nuestro entorno que apuestan por la generación nuclear como, por ejemplo, Francia, Finlandia, Suiza o Suecia, están anticipando la gestión de sus AGPs", señalan.
En la nota, las nucleares también esgrimen las conclusiones de la COP28 en defensa de este tipo de energía para disminuir emisiones y reiteran una vieja queja del sector: que están sometidas "a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas".
Mientras desde el Ejecutivo se argumenta reiteradamente que son las eléctricas las que abogan por el cierre, desde el sector llevan meses lanzando el mensaje de que están listas para seguir operando y pidiendo negociar con el Gobierno: en la nota de este lunes, argumentan que operar más tiempo permitiría que el fondo Enresa dispusiera "de más financiación" al tiempo que avisan de que "cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica".