El Gobierno sigue con su persecución a la energía nuclear. Tras aprobar a finales del mes de diciembre en el último Consejo de Ministros del año 2023 el Séptimo Plan de Residuos Radioactivos, donde se confirma que entre 2027 y 2035 se irán cerrando progresivamente los siete reactores nucleares que permanecen en funcionamiento en nuestro país, el Ejecutivo hora propone elevar un 40% la ‘tasa Enresa’ a la que las empresas titulares de las centrales nucleares en explotación están obligadas a hacer frente por la gestión de los residuos nucleares.
De este modo, las nucleares tendrán que hacer frente todavía a más costes para hacer frente a los más de 2.000 millones de euros que según Foro Nuclear supondrá la sustitución del almacén temporal por almacenes individuales en cada central. La decisión de renunciar al proyectado ATC en Villar de Cañas se tomó alegando una ausencia de "consenso social" y en contra de la opinión de los expertos. En total, el plan de desmantelamiento prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros a sufragar por las empresas.
Aumento del 40%
El viernes pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, publicó el Proyecto de Real Decreto (cuyo plazo presentar alegaciones terminará el próximo 2 de febrero) por el cual se pretende modificar la tarifa de la ‘tasa Enresa’, una prestación patrimonial de carácter unitario (no es una tasa formalmente, sino un coste operativo de las propias centrales) a la que las nucleares hacen frente por la gestión de los residuos.
De este modo, de acuerdo con lo que señala el Ejecutivo en el Proyecto de Real Decreto, esta modificación de la tarifa "se efectúa para tener en cuenta las variaciones en las estimaciones de costes futuros derivadas, principalmente, de la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos".
Así, dado que el Gobierno lleva preparando tres años este Decreto, desde el Ejecutivo tratan de justificar la revisión de la tarifa en que "los cálculos de la recaudación que es necesario efectuar para financiar los servicios proporcionados por Enresa han variado por la inflación real de 2021, 2022 y 2023, claramente superiores a las consideradas en los cálculos que, en 2019, sirvieron de base para la modificación de la tarifa fija unitaria mediante el Real Decreto 750/2019".
De este modo, lo que pretende el Gobierno de Sánchez es encarecer la tarifa en casi un 40%, pues se propone que desde el 1 de julio de 2024 pase de los 0,798 céntimos de €/kWh (7,98 €/MWh) actuales a 1,114 céntimos de €/kWh (11,14 €/MWh).
¿Qué coste tendrá para familias y empresas? En la Memoria del Análisis del Impacto Normativo de la modificación de la tarifa el Gobierno subraya que esta medida "no tiene impacto económico en la economía española en general", pero admite que "sí tendrá impacto en el precio de producción de la electricidad en las centrales nucleares". Así, el Ejecutivo aclara que "teniendo en cuenta el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico español, no es de prever ningún efecto sobre los precios de la electricidad, la competitividad o el empleo".
Al respecto, cabe destacar que en el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos se acordó que esta tarifa no se incrementaría más de un 20%. No obstante, a pesar de ello, y de acuerdo con la información recogida por Europa Press, desde el Ministerio justificarían esta decisión alegando que el incremento del 40% de la 'tasa Enresa' no incumple lo acordado con las empresas en tanto que la limitación del 20% se refería al primer borrador del Séptimo Plan, el cual salió a audiencia pública en marzo de 2020 sobre el valor que la tarifa tenía en marzo de 2019, desde cuando se incrementó un 19,3%.
Nuevo escenario
Así las cosas, según la Memoria del Análisis del Impacto Normativo de la modificación de la ‘tasa Enresa’, el nuevo escenario para la energía nuclear en nuestro país pasa por el cese de la explotación de las centrales nucleares "en cumplimiento con los establecido el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las CCNN" (firmado en marzo de 2019)
Además, se prevé la finalización de la operación del Centro de Almacenamiento de El Cabril en 2073 y la puesta en marcha de un Almacén Temporal Descentralizado (ATD) para la gestión temporal del combustible nuclear gastado, los residuos radiactivos de alta actividad y los residuos especiales en cada central nuclear con combustible nuclear gastado. Además, en el año 2027 se pondrá en marcha un almacén temporal en el emplazamiento de la central nuclear de Vandellós I para alojar los residuos radiactivos procedentes del reproceso del combustible gastado.
Por otro lado, se prevé que en el 2072 se pondrá en marcha del almacenamiento geológico profundo de combustible gastado y residuos de alta actividad y en el 2100 se selle definitivamente el almacenamiento geológico profundo.
Nefasta política energética
En todo caso, lo cierto es que la política de injustificada persecución que está llevando a cabo el Gobierno español contra la energía nuclear, aboca al país a una difícil situación energética y obligará al Ejecutivo a tener que recurrir a otras fuentes de energía mucho más contaminantes. Es por ello que resulta paradójico que, diciendo tener por objetivo el cuidado del medio ambiente, vayamos a terminar quemando más gas natural como consecuencia de una decisión política.
Así, como hemos publicado en Libre Mercado, el cierre de las nucleares irremediablemente provocará apagones si las eléctricas desmantelan las centrales de ciclo combinado, algo no del todo improbable, pues quieren cerrar los 9.000 MW de ciclo combinado por su falta de rentabilidad. Así lo destacaba Red Eéctrica. A esto se le sumaría el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, pues se deberá recurrir a la quema de gas natural para sufragar la carencia de la energía que aportan tantos las centrales nucleares.