La reciente decisión del Gobierno de hacer permanente el impuesto extraordinario sobre el sector bancario viene a confirmar la máxima de Milton Friedman, "nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno".
Para este gobierno, es irrelevante las importantes dudas sobre el impacto que esta medida tendrá en la economía española y, especialmente, sobre pymes y los autónomos. Este impuesto arbitrario sobre un sector concreto, que en principio se justificó como temporal, se convertirá en un impuesto durante los próximos tres años si prosperan las pretensiones del PSOE, ignorando tanto la relajación de la política monetaria actual, como las advertencias de organismos como el Banco Central Europeo.
En 2022, cuando se introdujo este impuesto temporal, el Gobierno lo justificó con el argumento de que el sector bancario estaba obteniendo beneficios adicionales derivados del incremento de los tipos de interés. Sin embargo, el contexto ha cambiado drásticamente: el BCE ha iniciado una reducción progresiva de los tipos y el euríbor, que en 2022 llegó a su nivel más alto en una década, ya ha caído por debajo de los niveles de aquel entonces. El consenso de los analistas es que esta tendencia a la baja continuará, con un tipo de interés que podría situarse en el 2% para finales de 2025. La realidad económica actual convierte la justificación de 2022 en un argumento obsoleto.
El BCE, de hecho, recomendó en su informe de 2022 que cualquier impuesto extraordinario sobre el sector financiero debía ir precedido de un estudio riguroso que evaluara su impacto potencial en la estabilidad financiera, la resiliencia de las entidades bancarias y el crecimiento económico. Pero el Gobierno, una vez más, ha hecho caso omiso de esta recomendación y se ha lanzado a imponer una medida que afecta directamente a la capacidad del sector para financiar la economía real y promover la inversión.
Se trata de un impuesto carente de sentido en un contexto de tipos de interés decrecientes, salvo que se conciba a los sujetos pasivos como vacas lecheras sobre las que practicar la violencia fiscal del Estado. Ni a Sánchez, ni a su tropa les preocupa que se pueda reducir en hasta 50.000 millones de euros la capacidad crediticia del sector. Ni a Sánchez ni a su tropa les preocupa si esto significa menos financiación para quienes realmente necesitan crédito: pymes, emprendedores y familias. Ni a Sánchez ni a su tropa les preocupa que afecte al consumo de las familias.
Soy consciente que la tentación populista de señalar como enemigo al sector bancario es muy fuerte. También soy consciente de que la banca ha tenido tiempos pasados donde, en ocasiones, no se han mantenido las mejores prácticas. Pero no se puede obviar que la financiación bancaria es esencial para el tejido productivo español y que las entidades de crédito son fundamentales para la asignación eficiente de recursos en cualquier economía.
Las pymes, que representan más del 99% de las empresas en España y son responsables de la mayor parte del empleo en el país, dependen del crédito bancario para funcionar, expandirse y competir. Gravar de forma permanente a las entidades financieras reduce inevitablemente la cantidad de crédito disponible y, por tanto, limita las oportunidades de crecimiento para estas empresas. Se trata de una política que, lejos de beneficiar a la economía, amenaza con ahogar la recuperación económica en un momento crucial para nuestra competitividad.
La falta de memoria económica y análisis de impacto sobre las implicaciones a medio y largo plazo de este impuesto confirman la sospecha de que esta medida no responde a una estrategia económica sino a un interés recaudatorio de corto plazo. Esta vez, el Gobierno español parece dispuesto a demostrarlo sin importar los riesgos que implica para el crecimiento y la creación de empleo.
Un sector bancario menos rentable
España será el único país de la Unión Europea en mantener un impuesto fijo sobre los márgenes de intereses y comisiones bancarias. Sánchez, con la complicidad de Escrivá, está decidido a situar al sector financiero español en clara desventaja respecto a sus competidores europeos, quienes no tienen que hacer frente a esta carga adicional.
Además, la forma en que este impuesto se ha introducido, a través de enmiendas y por la puerta de atrás en el Parlamento sin un debate legislativo adecuado, refuerza la percepción de que en nuestro país existe una inseguridad jurídica que impacta negativamente en la inversión extranjera y en la confianza del mercado. ¿Quién estará dispuesto a invertir en España con esta tropa populista?
El sector bancario ya es menos rentable en España que en otros países. Los bancos españoles generan un ROE del 13%, frente al 18% de media de las empresas del IBEX. Penalizar aún más a las entidades financieras a través de impuestos excepcionales y sin justificación de fondo en un contexto de tipos a la baja no solo es contraproducente, sino que también evidencia un desconocimiento de las dinámicas del sector financiero y de su papel en la economía, sus implicaciones sobre la ratio de solvencia o sobre el coste de capital. ¿Qué se puede esperar de un país sin cultura financiera?
El Gobierno y sus socios han intentado vender esta medida como parte de una reforma fiscal que supuestamente demuestra su compromiso con la consolidación y la sostenibilidad de las cuentas públicas, además de suponer un hito para recibir el quinto tramo de los fondos europeos del programa Next Generation EU. Sin embargo, la falta de cifras concretas sobre el alcance de la reforma por parte del Ministerio de Hacienda y las concesiones políticas realizadas, como el acuerdo con el PNV para reducir el impacto del impuesto en el País Vasco a través de su concierto, muestran que ésta es una estrategia política, no económica.
El PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal, cuando Sánchez está dispuesto a que los bancos paguen más o menos impuestos dependiendo de la CCAA donde se encuentre su domicilio fiscal.
Las 46 enmiendas presentadas por el PSOE en el Congreso reflejan que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a sacrificar el crecimiento económico a largo plazo en aras de satisfacer sus necesidades políticas inmediatas. La realidad es que este impuesto es uno de los muchos parches que el Gobierno ha aplicado para financiar un gasto público en continua expansión, sin realizar ningún esfuerzo serio de control o reducción de partidas de gasto ineficientes. En lugar de abordar una reforma fiscal que promueva el crecimiento y la competitividad, el Gobierno ha optado por una vía recaudatoria fácil pero destructiva para la economía.
Estamos ante una política peligrosa y miope. Lejos de fortalecer la economía, esta medida amenaza con frenar el crecimiento, reducir el crédito disponible y debilitar a las pymes, castigando los ahorros de los cinco millones de accionistas que tienen acciones de bancos españoles y cuyos dividendos van a los hogares de nuestro país. Un modelo de crecimiento sostenible y competitivo requiere de políticas fiscales equilibradas y previsibles, no de experimentos fiscales a costa de la economía real. Esta legislatura debe acabar cuanto antes.