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Subir el diésel machacará a las rentas bajas: el 70% tiene un coche de más de 10 años

Los socialistas han planteado un incremento de la tributación al diésel para equipararla a la gasolina.

Los socialistas han planteado un incremento de la tributación al diésel para equipararla a la gasolina.
Sánchez y Montero | Archivo

La Comisión de Hacienda del Congreso votará mañana jueves la masiva subida de impuestos que el Gobierno intentó colar de tapadillo en mitad de la tragedia de la Dana. La votación estaba prevista para el pasado lunes, pero el PSOE forzó su aplazamiento ante la falta de apoyos en el Congreso.

A través de una larga lista de enmiendas a la Ley del tipo mínimo de Sociedades del 15%, los socialistas añadieron una estocada fiscal que incluía una subida de la tributación al diésel, a los cigarrillos, al vapeo, a las viviendas vacacionales o a la banca (haciendo permanente el polémico impuesto "temporal" del Ejecutivo de Sánchez).

Como ya publicamos en Libre Mercado, la subida al diésel perjudicaría al mayor número de contribuyentes debido a que el diésel es el combustible más utilizado por los conductores de nuestro país. En concreto, en España hay 13,09 millones de coches diésel propiedad de particulares, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM). Los usuarios de diésel profesionales quedarían fuera del sablazo.

Para todos ellos, los socialistas han planteado un incremento de la tributación de casi 10 céntimos por litro. Así, el tipo general pasaría de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros, y se equipararía al de la gasolina. Cabe recordar que el Ejecutivo de Sánchez lleva amagando con subir la fiscalidad al diésel desde que llegara al Gobierno con la excusa de la protección del medioambiente. El Grupo Parlamentario Socialista justifica así la enmienda que ha llegado al Congreso:

El incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables a los carburantes de automoción utilizados para el transporte por carretera es una de las medidas que permite internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, contribuye a moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, al cumplimiento de los compromisos europeos en materia medioambiental. En esta línea, mediante esta Ley se incrementan los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos correspondientes a los gasóleos para automoción y a los carburantes que se consumen en mezclas de este gasóleo, para equipararlos a los de la gasolina más consumida (gasolina sin plomo de octanaje inferior a 98 I.O).

El 70% de los diésel tiene más de 10 años

Con esta decisión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a incumplir su promesa de que "no subiremos los impuestos a la clase media". De hecho, si analizamos con más profundidad la radiografía del parque automovilístico español, vemos que la mayor parte de usuarios de combustible diésel en España son propietarios de un vehículo antiguo, lo que no es una característica de ciudadanos "ricos".

En concreto, más de 9 millones de conductores en nuestro país tiene un coche diésel de más de 10 años, es decir, alrededor del 70% del total. A continuación, esta es la antigüedad de todos los coches diésel propiedad de particulares en España.

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Por tanto, los datos anteriores ponen de manifiesto que está subida generalizada al diésel perjudicará en su mayoría a propietarios de coches antiguos, precisamente, donde se encuentran las rentas más bajas, y a los que el Ejecutivo socialista presume de proteger. Además, a pesar de la guerra a la gasolina y las subvenciones, no han logrado evitar el desplome del coche eléctrico.

El pacto PSOE-Sumar no incluye al diésel

El pasado lunes, antes de que se celebrar la votación que finalmente quedó aplazada, PSOE y Sumar firmaron un acuerdo que incluye más impuestos al tabaco, a los propietarios de vivienda en alquiler vacacional, a los "bienes de lujo", al ahorro, a la banca (haciendo permanente el temporal) y a la sanidad privada, entre otras ideas.

El golpe fiscal a la sanidad privada consiste en eliminar la exención de la que se beneficia este sector en el Impuesto sobre las Primas de Seguros. Este tributo de carácter estatal afecta a los seguros de coche, hogar o decesos, aunque dejaba fuera a la sanidad privada. Si logran recabar los apoyos necesarios para llevar a cabo su acuerdo, más de 12 millones de usuarios de la sanidad privada pagarán más por su recibo. Sin embargo, la subida del diésel no está incluida en el acuerdo entre Sánchez y Díaz, aunque sí se votará el jueves.

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