El Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante. Todo ello, ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.
Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de valores, principios y moral de Sánchez han originado esperpentos como el vivido con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde no se sabe muy bien qué es lo que se aplicará, ya que ha pactado cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein. A Podemos le dice que habrá impuesto a las energéticas, a Junts que no lo habrá, y a Bruselas que habrá el paquete completo, subida del diésel incluida, pues es lo que remitió a la Comisión Europea en su plan de ajuste.
Todo ello, sus impuestos demagógicos y oportunistas, su persecución a las empresas, han creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional y en los de inversión extranjera recibida.
Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola al Gobierno, ya que si lo declarado por Aldama, en su confesión autoincriminatoria, teñiría de corrupción casi todo el gobierno, desde arriba hasta abajo, con honrosas excepciones. Es cierto que Aldama ha estado en prisión preventiva, aunque ahora haya sido excarcelado ante el riesgo de sufrir alguna agresión; es cierto que tendrá que probar lo declarado, pero también es cierto que lo que ha contado nada le reporta bueno si no es verdad, de manera que sólo siendo cierto y pudiendo demostrarlo le puede compensar, con lo que si se piensa racionalmente habría que considerar que hay una elevada probabilidad de que sea cierto. Y si eso es cierto y puede probarse, entonces, Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria del hedor nauseabundo de la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, la que los socialistas siempre niegan al resto, incluido Ábalos, al que abrieron expediente cuando se sabía del caso mucho menos de lo que ahora puede salpicar a otros ministros o al presidente, pero el cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al Palacio de La Moncloa.
Y la corrupción es letal para la economía. La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda.
La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.
En ese sentido, hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.
Por eso, no ha sido un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Y mucho menos lo es escuchar las acusaciones directas de Aldama contra el presidente del Gobierno, medio gobierno y la estructura del PSOE, con la acusación de cobro de comisiones, entrega de sobres y petición de un encuentro y foto con Aldama, según la versión de este último, que los socialistas niegan -como negaron el GAL, con aquel "no hay pruebas ni las habrá" de González; como negaron FILESA; como negaron el escándalo de Roldán; el de la Cruz Roja; el del BOE; el de los ERE’s, ahora perdonado por el Constitucional de Pumpido; como tantos otros-, pero foto, hay, y todo el entramado turbio, el rescate aprobado a Air Europa y otros elementos poco claros, también. Presunción de inocencia, desde luego, pero cada vez las piezas parece que encajan más en lo que sería, de confirmarse, un escándalo mayúsculo de corrupción.
Manteniendo, como digo, toda presunción de inocencia, no resulta estético, ni tampoco ético, que la mujer del presidente del Gobierno firmase cartas de recomendación a empresas que después conseguía contratos o subvenciones públicas. Es posible que no haya relación causa-efecto, pero cuando menos estéticamente no da buena imagen, y eso perjudica también al crecimiento económico.
Pero, además, si se consigue que unas empresas desarrollen una herramienta informática para un programa de una universidad y ese programa se registra a nombre de un particular y se comercializa, tampoco parece que sea un signo positivo para la economía.
Del mismo modo, desde el punto de vista tributario, resulta chocante que el partido que más exprime a los ciudadanos a golpe de impuestos esté presidido por una persona cuyo hermano se ha trasladado a Portugal para no tributar en España. Esto es estético, y siempre se puede argumentar que uno no responde de su familia, pero cuando el sustento de ese familiar es un puesto concedido por una diputación gobernada por el partido del presidente del Gobierno, es todavía más chocante.
Como es sorprendente que la Agencia Tributaria no haya abierto una inspección para comprobar si el hermano del presidente del Gobierno reúne las condiciones para no ser residente fiscal en España, pues una cosa es que resida en Portugal más de 183 días, pero la siguiente condición no parece cumplirla, ya que el grueso de sus rendimientos proceden de España, elemento que le haría residente fiscal en nuestro país y que, de ser así, conllevaría el haber cometido una infracción tributaria. Y mucho menos ejemplar es el hecho de que la AEAT emita un informe sin firma para justificar la actitud del hermano del presidente del Gobierno.
Por otra parte, el que dicha persona cuente con un patrimonio importante para un sueldo no excesivamente elevado, es motivo de sorpresa, ya que no parece que existan argumentos que sostengan esa acumulación de patrimonio con esos ingresos. Probablemente, será un patrimonio lícito, pero nada mejor que explicarlo detalladamente para aparcar toda sombra de duda, porque las dudas sobre corrupción afectan negativamente a la economía.
Además, el hecho de que algunas empresas de la supuesta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas con el sector público se encuentren radicadas en el mismo pueblecito portugués en el que reside el hermano del presidente del Gobierno, tampoco es algo que genere confianza. De nuevo, puede que no haya relación causa-efecto, pero son tal el cúmulo de casualidades, que el tema requiere una explicación bien fundada.
Del mismo modo, y para disipar toda sospecha, debería ser aclarado el número ingente de viajes del Falcon a República Dominicana, con detalle de quiénes iban y qué llevaban esos aviones. Seguro que no habrá nada de extraño en ello, pero si se mantiene ese secretismo se aviva la idea de que hay corrupción detrás, que vuelve a afectar muy negativamente a la economía.
Por último, la información que se desprende de un informe de la UCO, donde son señalados diversos ministerios en el entramado de las mascarillas y ayudas a diversas empresas, había convertido los aledaños del presidente del Gobierno -tanto familiares como profesionales- en un lugar de ambiente poco sano. Es más, en dicho informe, se recogía que las personas que están siendo objeto de investigación o que podrían serlo próximamente -como un ex ministro y ex número dos del PSOE, la persona que tomó la palabra en el Congreso para justificar la moción de censura de Sánchez a Rajoy- hablan entre sí mediante mensajes telefónicos y se refieren a Sánchez como "el número 1", al estilo de cualquier banda, como si se tratase de una película de James Bond en la que aparece la organización criminal "Spectra", donde numeraban a todos sus miembros, siendo el jefe máximo el número 1. El trámite del suplicatorio ya está en marcha para esa persona, a la que deja también muy mal la confesión de Aldama, a la que la fiscalía da credibilidad, al apoyar su puesta en libertad.
Todo ello crea un ambiente irrespirable, donde el presidente del Gobierno debería dimitir o, al menos, convocar elecciones, porque la ciénaga que asola a los alrededores del Palacio de la Moncloa es cada vez más extensa. Las barras de oro que, según la UCO, Aldama compró a Delcy Rodríguez; el viaje a Barajas de ésta, con el consentimiento del presidente del Gobierno a una reunión con Ábalos, según se recoge en el informe de la UCO y la cena preparada para gran parte del Gobierno, con Sánchez al frente, de ser cierto lo declarado ante el juez por Aldama; el rescate a Air Europa, celebrado por Aldama según el mencionado informe, donde llega a decir que estará el número 1 y que la cosa está hecha; la financiación de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno por quienes eran rescatados por el Consejo de Ministros presidido por su marido; todo, en fin, es desolador y hace mucho daño a la imagen de España y a su economía.
Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo.
Por ello, urge que el Gobierno disipe esas dudas, con argumentos claros, irrefutables -no con tono chulesco y tabernario como el exhibido por el presidente hablando de ese "personaje", que fue contestado por este último con parecido tono, como si de una reyerta de los bajos fondos se tratase-, y que deje trabajar a la justicia, porque si no lo hace estará dando a entender que quiere tapar algo y que ese algo puede ser corrupción, con el negativo efecto sobre la imagen de España y sobre su impacto económico que tendría. Todo ello, requiere una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo todo. No se arregla repitiendo que es fango, como dice el presidente del Gobierno, sino con datos y explicaciones que demuestren que no hay nada malo.
En manos del Gobierno está aclararlo y acabar con la sospecha. Si no lo hace, él sabrá por qué motivos no puede o no quiere hacerlo, pero, entonces, la sombra de la sospecha cobrará más fuerza. De hecho, el informe de la UCO cada vez estrecha más el cerco, las confesiones de Aldama, mucho más, y es probable que el tiempo de las explicaciones haya pasado y, respetando la presunción de inocencia de todos los supuestos integrantes de este triste episodio, se cierre el capítulo convocando elecciones y ellos concentrándose en su defensa o colaboración con la Justicia como testigos. Sólo así, se limitará el daño económico a España y podrá enmendarse este oscuro sexenio, donde llegaron a encerrarnos en casa inconstitucional y, por tanto, ilegalmente y nos obligaron a llevar mucho más tiempo que al resto del mundo unas mascarillas con las que algunos parece que se enriquecían, entre otros muchos negocios turbios, mientras nos incrementaban los impuestos para repartir un dinero a algunas empresas sobre las que se duda ahora del motivo por el que se les concedió dicho rescate.