En el camino hacia la prohibición de vender turismos con motor de combustión en 2035 hay varias metas intermedias y en 2025 se alcanza una de ellas: a partir del año que viene se reducirán los límites de emisiones para los fabricantes de vehículos un 15% respecto a 2021 (93,6 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado y vehículo). Unas cifras que se volverán a reducir en 2030 hasta llegar al objetivo final de cero emisiones en 2035.
La norma contempla exenciones para pequeños fabricantes y también para empresas que logren la hazaña de que el 25% de sus ventas sean vehículos de cero o bajas emisiones. Para quienes superen los límites de emisiones permitidos, habrá multas: tendrán que pagar 95 euros por gramo/km de exceso.
La norma, aprobada en 2019 y confirmada en 2023, buscaba que el sector del transporte por carretera, "que en conjunto representa más del 70% de las emisiones totales" del transporte, "aceleraran la adopción de vehículos de emisión cero" y los hicieran más asequibles. La realidad, sin embargo, se ha topado con los estrictos plazos de la UE y hoy por hoy los grandes fabricantes, asediados por la falta de competitividad o los altos precios de la energía, ven asomarse un nuevo problema: las cuantiosas multas que tendrán que pagar a finales del año que viene si la venta de vehículos eléctricos sigue sin remontar.
La patronal europea de fabricantes, ACEA, está presionando para intentar que los objetivos se retrasen: "Con el tic tac de la llegada de 2025, los fabricantes se están enfrentando a crecientes dificultades por la débil demanda de coches eléctricos y el deterioro de la situación económica", señalan al tiempo que reclaman que los socios "dejen las diferencias a un lado y pacten la medida más urgente, reducir los costes de incumplir las cuotas de emisiones". Afirman que los fabricantes son los que están "soportando en solitario" la transformación verde del transporte y entre quejas por una inadecuada red de recarga y falta de incentivos, urgen a modificar los plazos con el fin de "garantizar la viabilidad del sector".
A menos de un mes de su entrada en vigor, aún no hay acuerdo. Uno de los grandes productores europeos, Italia, lidera una iniciativa para tomar "medidas urgentes" con el fin de que la "descarbonización" no mine la competitividad europea. Con esta idea están alineados países como la República Checa, Polonia, Austria, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. Desde Alemania, su canciller, en plena precampaña electoral, también se ha mostrado a favor de una flexibilización, así como Francia, que pide no abandonar las multas sino aplazarlas. España, para el que el automovilístico también es un sector decisivo, se ha posicionado en contra de reabrir los objetivos de reducción de emisiones apostando por dar más ayudas: "La ambición climática impera y debe ser nuestro objetivo, pero sí que hay que hacer todo lo posible para apoyar a la industria y a la demanda para poder alcanzar estos objetivos", señaló hace unos días el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.
Menos vehículos de combustión
En España, la patronal de los concesionarios, Faconauto, ha puesto cifras al posible impacto de la medida, ante la que los fabricantes podrían reaccionar vendiendo y fabricando menos vehículos de combustión para tratar de esquivar unas multas que según estimó este verano el CEO de Renault, Luca de Meo, podrían ascender a 15.000 millones de euros.
Según cálculos de la asociación tomando como referencia las ventas de este año, en 2025 el mercado español podría alcanzar los 1,02 millones de matriculaciones, de los que 70.000 serán eléctricos. Para librarse de las multas, se necesitaría que los vehículos cero emisiones vendidos fueran muchos más, unos 236.000. Estiman que en ese escenario, para librarse de las multas, los fabricantes tendrían que optar por vender unos 175.000 vehículos menos de combustión, con las consiguientes consecuencias para el sector. "Si no se venden más eléctricos, no se pueden vender más coches de combustión", resumió en un acto celebrado este lunes la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez. Desde la asociación, insisten en que para evitar las multas o se eleva la venta de eléctricos o se llegará a una decisión "que no nos gusta a nadie, vender menos vehículos de combustión que son los que penalizan en las emisiones".
Este "ejercicio" de la patronal para ejemplificar el daño que provocan las actuales normas busca "mostrar que existe este peligro, que se pongan en el mercado menos vehículos de combustión", una situación que tendría como consecuencia final para el consumidor una subida de los precios ante la baja oferta y la alta demanda.
Desde los concesionarios y la patronal española de fabricantes insisten en pedir incentivos fiscales, ayudas directas y mejorar la red de recarga pero aun así parece muy difícil que en el actual escenario las ventas el año que viene remonten lo suficiente, tanto en nuestro país como a nivel europeo, para que se eviten las multas. Los datos de ventas de eléctricos en noviembre confirman un estancamiento e incluso retroceso: hasta el mes pasado, en España se vendieron un 2,8% menos de vehículos electrificados que en 2023 y en noviembre experimentaron un descenso del 11,3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. En total, en España se venden un 12,8% de vehículos electrificados, la mitad del objetivo ideal para 2025. En Europa, hasta septiembre, la cuota se situó en el 13,1 por ciento frente al 14 por ciento del año pasado.