Los procedimientos de embargo reclamados por las empresas afectadas por los impagos de los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables siguen cobrando fuerza en distintas jurisdicciones. En los últimos meses han trascendido distintas novedades judiciales que afectan a bienes españoles en Bélgica y Estados Unidos y, anteriormente, se conocieron numerosas acciones que golpean activos españoles en Reino Unido.
Sin embargo, los demandantes también han insistido en llevar su causa ante la justicia de Australia que, de hecho, dio un claro respaldo a las pretensiones de las empresas afectadas cuando emitió una histórica sentencia del Tribunal Supremo en 2023 en la que se brindó plena cobertura a las compañías y se reconoce a España como país deudor obligado a pagar las indemnizaciones dictadas por el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que acudieron los afectados por la retirada retrospectiva de los incentivos a las renovables amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España era firmante cuando sucedieron los hechos.
Pues bien, según ha podido saber Libre Mercado, las empresas afectadas acaban de lograr una importante victoria ante la justicia australiana, en el marco de las reclamaciones interpuestas para recuperar el dinero pendiente de pago a través del embargo de bienes soberanos. La decisión que ahora trasciende lleva la rúbrica del Tribunal Federal del país oceánico y tilda literalmente a España de "deudor recalcitrante".
El proceso en cuestión está relacionado con la ejecución del laudo arbitral del caso Antin, propiedad de Infrastructure Services. Dicho procedimiento, valorado en 125 millones si se toman en cuenta la indemnización y los intereses de demora, ha sido registrado ante los tribunales australianos, que han reconocido la deuda pendiente de pago. Ante la negativa de España a pagar esta deuda, los afectados han puesto en marcha el proceso de rastreo de bienes susceptibles de ser embargados.
Además de las pesquisas que pueden realizar por su cuenta a través de abogados y consultores especializados, las empresas afectadas también han reclamado a la justicia australiana una orden de examinación que afecta a dos funcionarias consulares españolas, a las que se pretende citar ante el Tribunal Federal para que revelen información sobre los bienes que España posee en el país.
Estas órdenes, conocidas como examination orders, requieren que las funcionarias comparezcan ante el tribunal y presenten documentos relevantes sobre los activos de España en Australia. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez argumenta que dichas órdenes violarían los privilegios e inmunidades consulares establecidos en el Convenio de Viena, el Tribunal Federal ha considerado que estas inmunidades pueden invocarse durante el proceso sin necesidad de suspender las medidas iniciales. Así, si las empresas afectadas quisiesen embargar bienes tales como una embajada, la justicia impediría tales acciones, pero la situación sería distinta si se tratase de otro tipo de activos, puesto que en ese caso no aplicarían las excepciones codificadas en el Convenio de Viena. Los demandantes son conscientes de las limitaciones inherentes a los procedimientos de embargo y, precisamente por eso, centran su rastreo en activos que no son susceptibles del tipo de protección que ha intentado invocar España.
El tribunal australiano justificó la imposición del pago de una garantía económica a España debido a la posición de nuestro país como un "deudor recalcitrante", señalando que el gobierno de Pedro Sánchez no ha mostrado intención de cumplir con el laudo ni con las costas judiciales previas. Esta medida busca proteger a las demandantes de incurrir en más gastos legales sin posibilidad de recuperación en caso de éxito. Así, si España quiere seguir litigando para impedir la examinación de sus funcionarias, deberá depositar cerca de 60.000 dólares en una cuenta designada por la justicia australiana que servirá para resarcir a las empresas afectadas ante nuevos impagos, en este caso de la posible condena en costas que podría derivarse de una derrota de España en este proceso.
El ‘examen de funcionarios’
Como explican las empresas afectadas, el "examen de funcionarios" (examination order) es "una herramienta legal utilizada en procesos de ejecución para obtener información sobre los activos de un deudor. En este caso, el tribunal australiano autorizó el examen de dos funcionarias consulares españolas en Australia, Belén Figuerola Santos y Ana Raquel García Rubio, con el propósito de identificar activos de España en ese país que pudieran ser embargados para cumplir con un laudo arbitral no pagado".
El examen en cuestión abarca cuatro tipos acciones:
- Citación para comparecer: Las funcionarias consulares fueron convocadas a presentarse ante el tribunal en fechas específicas para responder preguntas sobre los activos de España en Australia.
- Obligación de aportar documentos: Además de responder preguntas, se les ordenó presentar ciertos documentos relevantes que puedan proporcionar información sobre los bienes del Estado español en territorio australiano.
- Propósito del examen: La intención es determinar si existen bienes del Reino de España en Australia susceptibles de ser embargados o ejecutados como parte del cumplimiento de la sentencia arbitral, que supera los €125 millones.
- Excepción consular: Las funcionarias pueden invocar el artículo 44 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, que les otorga inmunidad para no responder preguntas ni presentar documentos relacionados con el ejercicio de sus funciones oficiales. Sin embargo, deben asistir y pueden responder sobre otros temas no protegidos por esta inmunidad.
Este tipo de examen es común en procesos de ejecución internacional donde el deudor se niega a pagar y el acreedor busca información sobre activos en otras jurisdicciones. En este caso, España argumentó que estas órdenes violaban los privilegios consulares, pero el tribunal señaló que esto puede discutirse durante el proceso y no justifica suspender la medida inicial.
De esta forma, Australia se reaviva como otro de los frentes judiciales con los que lidia España a la hora de frenar los embargos motivos por el impago de los laudos que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. Sumando compensaciones, intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes, nuestro país debe casi 1.900 millones de euros a firmas como NextEra, E.ON, EDF… En total, 25 compañías cuentan con un laudo favorable pendiente de pago.