Los embargos de bienes del Reino de España por los impagos de las renovables están haciendo mella en el Ejecutivo. Fuentes jurídicas consultadas por Libre Mercado confirman que la Abogacía del Estado está preparando la licitación de nuevos contratos de asesoramiento con los que pretende plantar cara a estas acciones de compensación invocadas por más de 25 empresas que siguen sin cobrar las indemnizaciones pertinentes tras la retirada retroactiva de las primas ofrecidas al sector.
El Gobierno sabe bien que en Reino Unido se ha abierto un frente muy complicado, puesto que desde febrero de 2023 hasta julio de 2024 han trascendido numerosos embargos practicados en las islas, siendo el más reciente el que afecta al derecho de usufructo que ostenta AENA sobre Luton, el cuarto aeropuerto de la ciudad de Londres.
Sin embargo, a estas decisiones adversas de la magistratura británica hay que sumarle también el paso al frente que dieron los tribunales belgas cuando autorizaron la confiscación de 80 millones de euros correspondientes a los pagos que realiza mensualmente Eurocontrol a ENAIRE en concepto del servicio de control y gestión del tráfico aéreo. Esta cifra puede crecer hasta los 600 millones anuales.
Los tribunales de Alemania y Suiza también han fallado contra nuestro país, aunque en este caso no se trataba de procedimientos de embargo. Con todo, estas decisiones adoptadas por magistrados teutones y helvéticos han generado más nerviosismo en las filas del Ejecutivo, que quiere evitar a toda costa una escalada en este tipo de escenarios.
Australia y Estados Unidos
Mientras tanto, las miradas del Gobierno y de los acreedores se dirigen irremediablemente hacia otros dos países de la OCDE: Australia y Estados Unidos. En suelo oceánico, los afectados por los impagos cuentan con el aval de la Corte Suprema, que ha emitido un fallo en el que reconoce los laudos en contra de nuestro país y da la razón a las empresas que vieron recortadas las primas de forma retroactiva. Esta decisión abre la puerta a la confiscación de bienes y activos como la filial australiana de Navantia.
Asimismo, en Estados Unidos hay distintos procedimientos en marcha que pueden resultar en nuevas medidas de embargo. El caso más delicado de todos es el que afecta a la norteamericana NextEra, compañía con la que existe una deuda de más de 300 millones de euros. La primera vista oral del procedimiento se celebró en febrero y resultó desfavorable para los intereses de la Abogacía del Estado, puesto que un panel de tres juezas se mostró muy duro con la posición de España.
De modo que, lejos de limitarse a Reino Unido y Bélgica, la guerra judicial abierta por los impagos de las renovables puede salpicar próximamente a los bienes y activos de España en Estados Unidos o Australia, especialmente en el país oceánico, donde la decisión de la Corte Suprema fue meridianamente clara y dio la razón a los afectados.