Los tribunales de arbitraje del Banco Mundial y de la Corte de La Haya han emitido 23 sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Estos laudos, que certifican la ruptura de principios fundamentales de seguridad jurídica contemplados en el Tratado de la Carta de la Energía, imponen a nuestro país el pago de indemnizaciones por más de 1.200 millones de euros, pero el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por incumplir la legalidad internacional, declararse en rebeldía y negarse a abonar tales compensaciones. Esta lamentable circunstancia ha convertido a España en el país con un mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, por delante de Venezuela o Rusia.
Semejante panorama ha empujado a las empresas afectadas a tomar medidas de protección. En los últimos meses, las compañías han registrado los laudos que condenan a España ante los tribunales británicos y australianos, que no han titubeado a la hora de rechazar las excusas del gobierno y darle la razón a los demandantes.
A raíz de estas victorias judiciales, las empresas han puesto en marcha un proceso de embargo de bienes que ya ha intervenido de forma cautelar activos como la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros) o la sede del Instituto Cervantes en Londres. En paralelo, cuatro bonos de deuda han caído en default técnico, con todo lo que esto supone para la financiación del Tesoro.
Como viene explicando Libre Mercado, el proceso de embargo de bienes apenas comienza y no quedará limitado a Reino Unido. Para empezar, en los próximos meses se espera la intervención de otros activos del Reino de España como la filial australiana de Navantia. En paralelo, la justicia de Suiza ha empezado a estudiar la posibilidad de confiscar bienes de nuestro país para resarcir la deuda que hemos contraído con el gigante energético francés, EDF.
El frente estadounidense
En un futuro pueden darse situaciones similares en Estados Unidos, donde hay casi una decena de procedimientos abiertos. Uno de ellos involucra a la gigantesca empresa NextEra, cuya facturación anual ronda los 20.000 millones de dólares, con activos bajo gestión valorados en 140.000 millones y una plantilla de casi 15.000 trabajadores.
Pues bien, los impagos del gobierno de España a NextEra se han convertido ya en los más abultados de todo el lío que está generando la decisión de Pedro Sánchez de desmarcarse de la legalidad internacional y no cumplir los laudos que condenan a nuestro país a resarcir a la compañía.
Así, la indemnización reconocida a NextEra que sigue pendiente de pago asciende a 290 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los intereses de demora, que ya rondan los 5 millones y siguen creciendo, y las condenas en costas que también ha sufrido nuestro país en relación con dicho caso, por valor acumulado de unos 8 millones. En total, más de 300 millones en juego y un nuevo bochorno internacional para España.