La decisión de España de incumplir las sentencias de arbitraje internacional que ordenan el pago de 1.500 millones a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables está golpeando duramente a la economía de nuestro país. Según las compañías que sufrieron el cambio de las reglas de juego a mitad de partido, el impacto negativo generado por esta situación entre 2023 y 2025 va camino de los 20.000 millones de euros.
Las empresas afectadas han dado a conocer un informe que analiza en profundidad las consecuencias económicas y financieras derivadas de la inseguridad jurídica que se deriva de los impagos. En el documento se cargan las tintas sobre los procesos de embargo y la activación de una declaración de default técnico que pende sobre cuatro títulos de deuda soberana española.
Según recuerdan las compañías que denunciaron y ganaron a España ante los tribunales de arbitraje internacional, "todos los afectados pusieron encima de la mesa en mayo de 2024 la propuesta de negociar un acuerdo con el Reino de España basado en el pago de las indemnizaciones a través de bonos verdes o mecanismos similares que permitan una solución satisfactoria para todas las partes, reinvirtiendo de esta manera el capital pendiente de pago de una manera que facilitaría la financiación de la transición energética".
Sin embargo, "aunque ha habido contactos, no se han producido avances significativos y, en la medida en que no se ha producido un acuerdo hasta la fecha, la inseguridad jurídica sigue en pie. De hecho, ante la falta de soluciones, los acreedores han iniciado procedimientos de embargo de bienes de España y han reforzado el proceso de default técnico".
Partiendo de las estimaciones disponibles, los acreedores consideran que "el golpe al Tesoro durante el próximo año 2025 será cercano a los 2.800 millones de euros. He ahí el coste del encarecimiento de la financiación por la falta de seguridad jurídica y de estabilidad institucional que genera esta situación". En paralelo, "el impacto negativo sobre el PIB asociado a ese incremento del perfil de riesgo de la economía española supera los 4.800 millones".
En total, la incertidumbre motivada por los impagos, los embargos y el default técnico ha supuesto un empobrecimiento para España cercano a los 12.400 millones desde primavera de 2023 hasta finales de 2024. Fue entonces cuando empezaron a desatarse estas situaciones poco convencionales y los mercados empezaron a mover ficha. Sin embargo, si tomamos en cuenta las previsiones de cara a 2025, el impacto total va camino de situarse en el entorno de los 20.000 millones de euros.
Esta cifra supone que, tanto en 2023 como en 2024 y 2025, el PIB habría sido un 0,5% menor de lo esperable en ausencia de tal situación de inseguridad jurídica. El 60% del golpe lo absorbe directamente el sector privado, que ve encarecida su financiación, mientras que el 40% restante se traslada primero al Tesoro y después a empresas y familias, que soportan más impuestos para financiar la deuda pública.