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El coste del default técnico por los impagos de Sánchez a las renovables supera los 4.660 millones

Los impagos han generado la intervención de cuatro bonos de deuda soberana, encareciendo la financiación del Tesoro y minando el PIB.

Los impagos han generado la intervención de cuatro bonos de deuda soberana, encareciendo la financiación del Tesoro y minando el PIB.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. | EFE

El pasado mes de abril, los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables desembocaron en distintos embargos de bienes del Reino, caso de la sede del Instituto Cervantes en Londres. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a las empresas afectadas también trajo consigo un escenario de default técnico.

Esta situación se produjo en relación con cuatro títulos de deuda pública negociados por España en el extranjero. Los afectados por el impago de la sentencia del caso Infrared intervinieron estos bonos y, acogiéndose a sus cláusulas técnicas, notificaron los impagos en los que está incurriendo España mediante una comunicación formal a las entidades que custodian el pago de dichos títulos.

El daño reputacional fue inmediato, con informaciones al respecto en servicios como Bloomberg o Wall Street Journal, amén de las numerosas noticias que se sucedieron en prensa española. Sin embargo, el proceso también trae consigo un notable daño económico, puesto que los inversores han tomado nota de lo que está pasando y han actuado en consecuencia.

Un golpe milmillonario

Las empresas afectadas han elaborado una estimación del impacto que tiene esta circunstancia en la financiación del Tesoro y en la economía española. Según han determinado, el sobrecoste provocado por el default asciende a 2.100 millones, si analizamos el desempeño de las subastas de deuda pública realizadas desde abril hasta diciembre de 2023. De hecho, si se mantiene esta situación de inseguridad jurídica, la cifra final habrá crecido hasta los 4.900 millones a cierre de 2024.

Por otro lado, puesto que el repunte del perfil de riesgo del bono español afecta negativamente a las condiciones macroeconómicas, también se hace pertinente plantear una modelización del impacto que tiene esta circunstancia en el PIB. Dicho ejercicio revela que, entre abril y diciembre de 2023, la producción económica se habría reducido en 2.560 millones con motivo del default técnico. En ausencia de soluciones, la caída será de 4.780 millones adicionales a lo largo de 2024.

Esto significa que el impacto que ya ha provocado el default técnico a través del encarecimiento de la financiación y la caída del PIB asciende ya a 4.660 millones cuando se considera el periodo de abril-diciembre 2023. Dicha cantidad puede seguir aumentando hasta los 12.240 millones si la situación sigue enquistada a lo largo de 2024.

Los datos anteriores indican que, por cada 1 euro de valor de los títulos de deuda intervenidos por el default técnico, el daño a la economía española provocado por este escenario sería de entre 4 y 5 euros adicionales. De hecho, si la situación se prolonga hasta finales de 2024, el ratio se agravará hasta ser de 1/12.

Inseguridad jurídica

Huelga señalar que estas cifras referidas al proceso de default deben sumarse a los 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros que soporta España por su decisión de impagar las sentencias. Asimismo, cabe recordar que las 26 condenas que aún no han sido resarcidas acumulan una serie de obligaciones por valor de 1.500 millones.

Fuentes de las empresas afectadas recalcan que "la inseguridad jurídica y la incertidumbre institucional que ha generado esta situación perjudican notablemente a España. No es de extrañar que el propio Ministerio de Asuntos Económicos haya contratado varios servicios de asesoría dedicados a mitigar el riesgo que ha provocado el default técnico. Además, este tipo de situación puede ir a peor si persisten los impagos, al igual que ocurrirá con el embargo de bienes y propiedades del Reino de España en países como Reino Unido, Australia y, previsiblemente, Estados Unidos".

"Si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación. Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores", añaden.

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