Acreedores del Reino de España afectados por el impago de las indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas renovables han enviado al gobierno de nuestro país una notificación pre-judicial que alerta al Ejecutivo de la próxima puesta en marcha de un procedimiento de default técnico.
Los reiterados incumplimientos han motivado esta maniobra, que se anuncia escasas semanas después de que la justicia belga haya embargado 80 millones de euros a la empresa pública Enaire como medida de compensación ligada a esta misma controversia. Dicho monto se deduce de los pagos que percibe el citado ente público por parte del organismo comunitario Eurocontrol, que aglutina a todos los operadores nacionales dedicados al servicio de control aéreo.
Asimismo, esta misma semana ha trascendido el embargo del 26% del derecho de usufructo de AENA sobre el aeropuerto londinense de Luton, otra escandalosa decisión para los intereses del Reino de España que ha sido autorizada en este caso por la justicia británica y que supone un golpe muy duro sobre un activo que genera más de 100 millones de euros de beneficio.
Esta semana, el grupo de afectados que alerta de su decisión de llevar a España ante los tribunales británicos actúa en relación con un bono de deuda soberana valorado en 237 millones de euros (unos 200 millones de libras esterlinas). El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de default técnico que se puede activar, España se vería obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.
Notificación pre-judicial
Los acreedores entienden que el incumplimiento reiterado de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones por la retirada retroactiva de las primas renovables dan pie a un escenario contemplado en la emisión de dicho título de deuda, de lo que se deriva la activación de la cláusula de incumplimiento cruzado (cross default) que deja a España en situación técnica de default.
La notificación pre-judicial remitida al gobierno español sirve como antesala para un procedimiento de ejecución legal que echará a andar este mismo verano ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Cabe señalar que la justicia británica ya ha dado la razón a los acreedores a la hora de reclamar otras medidas de compensación por los impagos, caso de los embargos que penden sobre la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del Institute Cervantes en Londres, un edificio en el que se ubica una oficina de acción económica operada por el gobierno autonómico catalán, cuatro cuentas bancarias o la propiedad en la que se sitúa la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
Hasta 1.000 millones, afectados
Cuando España emitió el título de deuda que quedará sujeto al procedimiento, lo hizo incluyendo una cláusula que estipula claramente que el impago por parte del emisor del principal o los intereses de cualquier deuda activaría un escenario susceptible de activar una cláusula de incumplimiento cruzado, en virtud de la cual se puede reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono en cuestión, que vence en 2029.
Los afectados recalcan que existen otros tres títulos de deuda denominados en dólares, yenes y euros cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros y cuyo articulado recoge una cláusula idéntica, mediante la cual se puede invocar el escenario de cross default. Por lo tanto, España se expone al pago anticipado de cuatro bonos del Tesoro valorados en casi 1.000 millones de euros.
Los acreedores avisaron originalmente de la notificación del evento de incumplimiento en una carta enviada al gobierno de España en abril de 2023. Sin embargo, el gobierno español, y más precisamente la ministra titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha negado a entablar un diálogo constructivo, al no responder a las distintas cartas formales y solicitudes de comunicación formuladas por los afectados.
La forma en que está estructurado el bono, con un agente fiscal en lugar de un fideicomiso al uso, permite que cualquier tenedor de estos títulos emita el preceptivo aviso de incumplimiento técnico. Ahora, los más de 25 laudos pendientes de pago abren la puerta a este tipo de procedimiento, a la vista de los más de 1.560 millones que debe España, cifra que asciende a 1.875 millones al tomar en cuenta condenas en costas, intereses de demora y otros sobrecostes.
El default técnico constituye el primer procedimiento de incumplimiento que afecta a bonos del Tesoro español desde la Guerra Civil, lo que sin duda acarrea serias implicaciones para la calificación crediticia de España, su reputación financiera internacional y el acceso a financiación en los mercados internacionales. Un estudio elaborado por las empresas afectadas estima que el daño económico provocado por el default técnico asciende a 7.340 millones de euros.