A pesar de que el presidente del Gobierno se cuidó mucho de no mencionarlo en su rueda de prensa, el último Consejo de Ministros del año aprobó este lunes la prórroga de la suspensión de los desahucios "hasta el 31 de diciembre de 2025", confirmando así los peores presagios de las víctimas de la okupación. Se trata de una medida que se aprobó en marzo de 2020 para paliar la crisis del coronavirus y que, sin embargo, lleva en vigor casi cinco años, arruinando a miles de propietarios que se ven obligados a mantener a sus inquiokupas, inquilinos que han dejado de pagar, pero que se niegan a abandonar su vivienda.
"Para atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional, se extienden determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para hacer frente al COVID-19", reza la prórroga aprobada este lunes, en la que el Gobierno ni siquiera introduce nuevas razones para justificarla, más allá de la "extensión temporal de la Guerra de Ucrania", a la que ya apeló hace dos años por sus "repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través del crecimiento de los precios al consumo".
La realidad, sin embargo, es que, mientras se trata de ayudar a una parte de la sociedad, se condena a otra, que, además de hacer frente a esas mismas subidas de precios que menciona el Gobierno, se ve obligada a erigirse en el "escudo social" del Ejecutivo. La injusticia, tal y como subraya la Plataforma de Afectados por la Ocupación, es aún mayor si tenemos en cuenta que "cerca del 90% del mercado del alquiler en España está en manos de pequeños propietarios" que necesitan esas rentas para llegar a fin de mes o complementar su pensión y que "el crecimiento exponencial de la inquiokupación surge con la aprobación de este decreto en marzo de 2020 y, desde entonces, no ha parado de crecer.
"Las consecuencias de esta medida sobre los pequeños propietarios son devastadoras, ya que se ven obligados a poner su vivienda a disposición por decreto, sin percibir ninguna renta y teniendo que asumir los gastos de la vivienda, las costas judiciales y, en muchos casos, el pago de los suministros —denuncia Ricardo Bravo—. Además, este decreto les impide la recuperación de la propiedad en caso de necesitarla".
Hoy queremos desearos FELIZ NAVIDAD A TODOS los q nos acompañáis cada día🎄🎄
Por otro lado, ayer nuestro "gobierno progresista" decidió extender un año más la prohibición de desahucios sin pensar en las consecuencias q eso tiene para trabajadores y pensionistas. #NoMasProrrogas pic.twitter.com/Cz3SPwwDGP
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) December 24, 2024
El problema es del Gobierno
"¿Dónde está la lógica en arruinar a una familia para que otra sobreviva? —se pregunta igualmente desesperada Kathy Díaz, presidenta de Aprovij, la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica—Esto no es solidaridad. Esto es crueldad institucionalizada, avalada por leyes que premian el abuso y castigan el esfuerzo. ¿Por qué se nos exige cargar con una responsabilidad que debería ser del Estado? ¿Es que no somos también vulnerables? ¿Es que no tenemos derecho a lo que es nuestro? Esto no es insufrible; es inhumano", insiste.
La veterana Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva años denunciando que son las administraciones las que, en caso de considerar a un inquilino vulnerable, deben asumir la búsqueda de una alternativa habitacional, algo que, sin embargo, parece misión imposible. Precisamente por eso, Bravo denuncia que si algo pone de manifiesto esta nueva prórroga del decreto antidesahucios es "la gran debilidad del Gobierno", que se aferra a esta medida "para ocultar el gravísimo problema de falta de vivienda social" que hay en nuestro país.
Por otro lado, las víctimas recuerdan que la medida afecta a todas las familias teóricamente vulnerables —aquellas con una renta inferior a 1.800 o 2.200 euros al mes, en función de los miembros—, sin entrar a considerar ni el precio del alquiler ni de si puedan o no pagarlo. Así, tal y como recuerda Bravo, "una vez aprobado el decreto, durante el año 2025 no se podrá desahuciar a cualquier unidad familiar vulnerable, independientemente de que sean familias honradas con problemas económicos sobrevenidos, inquiokupas que dejan voluntaria o intencionadamente de pagar para aprovecharse de esta legislación o las conflictivas mafias okupas", que, además, suelen trabajar en la economía sumergida.
El papel de Junts y PNV
Con todo, la única esperanza que ahora mantienen los propietarios es que, en el último momento, los socios de investidura del Gobierno decidan no convalidar el Real Decreto en el Congreso. A tal fin, la PAO lleva tiempo reuniéndose con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios e intentando matener con ellos un contacto permanente. El pasado mes de octubre, el propio Bravo matuvo un encuentro con la diputada de Junts Marta Mádrenas, a la que agradeció "la empatía demostrada" con las víctimas de la okupación. "No prorroguen nuestra agonía más allá de diciembre de 2024", le pidieron entonces.
Gracias @MartaMadrenas @JuntsXCat x la empatía demostrada. Es imprescindible q todos los grupos parlamentarios tomen conciencia del drama q está generando el RD antideshaucios a muchas familias humildes como Jordi. No prorroguen nuestra agonía más allá dic 2024 🙏 pic.twitter.com/sPKGuCcDff
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) October 10, 2024
A dicha petición se suma ahora la nueva asociación. "Desde Aprovij hacemos un llamamiento a Junts y PNV. ¡Está en vuestras manos frenar esta locura!", escribían ya el pasado jueves en sus redes sociales, después de que Ione Belarra adelantara el compromiso de prórroga que habían arrancado al PSOE. Su presidenta, Kathy Díaz, se dirigía entonces a Libre Mercado desesperada: "Cuatro años y nueve meses de abuso: ¿Qué más quieren de nosotros? Cuatro años y nueve meses viendo cómo el sistema nos despoja de nuestros derechos, cómo nos convierte en mártires de una causa que ni siquiera es nuestra. Cuatro años y nueve meses siendo víctimas de un Gobierno que nos usa como peones en su falso discurso de justicia social, mientras nos condena a la ruina, la impotencia y la desesperación. ¿Es que no es suficiente? ¿Qué más quieren de nosotros? Nos roban nuestro hogar, nuestro esfuerzo, nuestra tranquilidad. Y ahora, como si todo esto no fuera ya insoportable, alargan nuestra agonía un año más. Un año más cargando con un peso que no nos corresponde, un año más siendo cómplices forzados de políticas que no protegen a nadie, sino que desamparan a unos y destruyen a otros".