Ni "bulo" ni "asustaviejas": los propietarios destapan la realidad de la okupación y sacan los colores al Gobierno

"Lamento decirles que no somos un bulo. Tampoco somos unos ‘asustaviejas’", les recriminaba este lunes a los diputados -particularmente a los de izquierdas- el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO). Invitado por el Partido Popular, Ricardo Bravo comparecía en la Comisión de Vivienda para denunciar la terrible situación que viven miles de personas en España. Muchas más de las 15.289 que apuntan los datos del Ministerio del Interior.

Tal y como ha explicado Bravo, esa cifra se circunscribe a las denuncias presentadas por allanamiento de morada o usurpación. Sin embargo, el número real -asegura- es mucho más elevado. En primer lugar, porque la lentitud de la Justicia hace que muchos propietarios no quieran denunciar: "Saben que si se meten en el tortuoso camino de la Justicia van a tardar entre 2 y 5 años en recuperar sus viviendas y, por lo tanto, están buscando soluciones extrajudiciales de todo tipo".

Pero, además, porque a los datos relativos a esta modalidad habría que sumar las víctimas indirectas -vecinos que sufren las consecuencias en edificios literalmente tomados por las mafias- y las víctimas de la denominada inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar, pero se niegan a abandonar la vivienda. Estas últimas, según Bravo, formarían en estos momentos el grupo más numeroso: según sus cálculos, cerca de 80.000 en toda España. Sin embargo, al considerarse un mero incumplimiento de contrato, sus casos se dirimen en la vía civil y no penal y, por tanto, no aparecen en ninguna estadística oficial.

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Con todo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha vuelto a aprovechar la ocasión para pedir al Gobierno que les escuche y que haga un esfuerzo por aportar los datos que faltan para que la radiografía del problema esté completa. "Si tiene algún acceso a la ministra, le agradeceríamos que nos pudiera hacer un huequito, porque creo que nos lo merecemos", le ha pedido al portavoz socialista presente en la Comisión, al que le ha recordado que todos los meses desde octubre de 2021 han enviado una petición a la titular del ramo -en estos momentos, la también portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez- y jamás han recibido respuesta.

A la falta de interés de la ministra, se suma la de un PSOE que, pese a haberles recibido en otros foros, no ha adoptado "ninguna medida" para paliar esta situación, y la de otros partidos que directamente les ignoran. Tal es el caso de Podemos, Sumar, ERC y Bildu, quienes ni siquiera se han molestado en acudir a la Comisión de Vivienda de este lunes. A unos y otros, Bravo les pide, además, que dejen de torpedear la ley antiokupación presentada por el PP en el Senado el pasado mes de febrero y paralizada desde entonces con 29 prórrogas de enmiendas. "No cubre todas las necesidades, porque no cubre la inquiokupación, pero es de vital importancia", ha advertido Bravo.

Radiografía de la okupación en España

Antes de entrar en materia, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha querido dejar claro que se trata de un problema que afecta a toda España por igual. Y para muestra, ha puesto sobre la mesa un puñado de casos que recorren toda nuestra geografía: el de José, el valenciano que tuvo que vivir durante 9 meses en una furgoneta; el de Jordi, el catalán arruinado por sus okupas que se ha visto obligado a sacar a su madre con Alzheimer de una residencia; el de Carmelo, el jubilado madrileño que lleva cinco años luchando por recuperar su casa con un pufo que ronda los 60.000 euros o el de Amaya, la leonesa con un piso inquiokupado en el País Vasco y sin dinero para atender a sus tres hijas.

Todos ellos son víctimas, pero ninguno aparece en las estadísticas, porque el fenómeno de la okupación ha cambiado radicalmente en los últimos cuatro años y la legislación no ha ido a la par. "Nosotros somos los primeros que desde el año 2020 hemos venido diciendo que el fenómeno de los allanamientos ha disminuido. La okupación hoy en día no es eso. Existir, existen, pero ya son residuales", ha reconocido Bravo. Una afirmación que el PSOE ha utilizado burdamente, dándole las gracias por corroborar que "las okupaciones en nuestro país están bajando".

"No sé si me he explicado bien", le respondía entonces el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, quien visiblemente molesto, se veía obligado a reiterar que, si bien los allanamientos han disminuido, otras modalidades se han disparado y el Gobierno no parece interesado en aportar la radiografía completa. En este sentido, Bravo hacía hincapié en la inquiokupación, una lacra de la que incluso se han hecho eco jueces como Vicente Magro.

Medidas contra la inquiokupación

Tal y como ha explicado, este fenómeno empezó a despegar en España en el año 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios aprobado en pandemia para paliar los efectos de la crisis del coronavirus y, sin embargo, aún hoy sigue prorrogado. "Según tenemos entendido, los reales decretos son medidas temporales, que no permanentes. Si este Real Decreto se sigue prorrogando, quedará en evidencia que hay un fallo estructural del sistema, puesto que el Estado no se hace cargo de las familias vulnerables", ha denunciado Bravo.

Y, efectivamente, ése es el gran problema: que las administraciones reconocen a muchos inquilinos como vulnerables -bloqueando, por tanto, su desahucio- pero, lejos de buscarles una alternativa habitacional, cargan la factura a los propietarios, en su inmensa mayoría, muy lejos de la imagen de "rentistas" y grandes tenedores que la izquierda pretende vender. "En España, el 95% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios", ha advertido Bravo, que asegura que muchos de sus asociados incluso "tienen una sola vivienda, han tenido que desplazarse a otras comunidades autónomas u otras ciudades a trabajar y han visto como su vivienda ha sido okupada o inquiokupada".

Precisamente por eso, la Plataforma ha aprovechado, además, para subrayar que la solución a esta lacra no solo es de justicia, sino que, además, ayudaría a paliar el grave problema del alquiler que hay en España. "Si se tomaran medidas para evitar las okupaciones, habría más seguridad y, por lo tanto, habría más oferta y se reducirían los precios". Así las cosas, las víctimas de la okupación han pedido a los distintos grupos parlamentarios que deroguen el polémico decreto antidesahucios y que reformen la Ley de Vivienda con dos objetivos: agilizar la Justicia y que sean las distintas administraciones las que asuman la responsabilidad de atender a las familias vulnerables.

Las mafias okupas

Aunque gran parte de su comparecencia ha ido encaminada a advertir de la gran lacra que, en estos momentos, supone la inquiokupación, Ricardo Bravo tampoco se ha olvidado de la usurpación de viviendas, una modalidad que convierte en víctimas potenciales a todos los ciudadanos: "Las usurpaciones son un fenómeno que está muy vinculado a las mafias okupas. Existen redes totalmente organizadas que se dedican a solicitar nota simple en el registro de la propiedad para conocer si esa propiedad es de un gran tenedor y, una vez que son conscientes de esta situación, lo que hacen es ocuparla y venderlas a terceros o instalarse ellos en estas propiedades".

Más allá del perjuicio que pueda suponer para el legítimo propietario -en muchos casos, bancos o fondos de inversión- lo grave para el vecindario son los problemas de convivencia que casi siempre lleva aparejada esta forma de proceder. "Yo mismo he estado viviendo durante 8 años en un edificio totalmente okupado por una mafia criminal. De 9 viviendas, exclusivamente la mía sin okupar -ha denunciado el portavoz de la PAO-. Y durante estos 8 años he visto de todo: he visto partes del cuerpo arrancadas en el portal, he visto sangre, he visto y oído disparos en repetidas ocasiones, he tenido que vivir durante 5 años con un narcopiso puerta con puerta… Y he recurrido a todas las administraciones, instituciones y asociaciones posibles de este país y hoy en día no se me reconoce como víctima, no existo". Precisamente por eso, otra de las peticiones que lanzado al Gobierno es la de poner cifras a un problema que va mucho más allá de lo que las estadísticas muestran en estos momentos.