"Mientras Sánchez nos sube todos los impuestos que puede, en Leganés no la vamos a aplicar". Así se ha rebelado el alcalde popular del municipio madrileño, Miguel Ángel Recuenco, contra la tasa de basuras impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La medida, obligatoria para los municipios según la ‘Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular’, pero no según la Unión Europea —como en un principió se excusaron desde el Ejecutivo—, ha generado un fuerte rechazo en diversos ayuntamientos de España debido a la falta de directrices claras y al impacto económico que supondrá para los ciudadanos.
"En Leganés no tocamos un solo impuesto municipal", ha aseverado Recuenco en un mensaje publicado en sus redes sociales, marcando distancia con otros ayuntamientos del sur de Madrid gobernados por el PSOE, que sí han anunciado su implementación; y sumándose a otros como el de Alcobendas, que ya en octubre aseguró que no la aplicará hasta que la ley lo imponga de manera definitiva a partir de abril de 2025.
Mientras Sánchez nos sube todos los impuestos que puede, en #Leganés no
tocamos un solo impuesto municipal.Mientras los gobiernos socialistas de los pueblos del sur que nos rodean han impuesto la tasa de basura de Sánchez, en #Leganés no la vamos a aplicar. https://t.co/gjcXVyJmA3
— Miguel Ángel Recuenco 🇪🇦 (@marecuencopp) January 2, 2025
La nueva normativa exige que los 8.000 ayuntamientos de España establezcan una tasa específica para cubrir los costes reales de la gestión de residuos, incluyendo recogida, transporte y tratamiento. Aunque el Gobierno ha defendido que la medida nace como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Europea, desde Bruselas confirmaron que existen otras vías alternativas a la medida, desmintiendo así la versión oficial del Ejecutivo, que había asegurado lo contrario para justificar el "tasazo".
De hecho, el propio Ministerio de Hacienda, admitió en un documento enviado a los municipios que la tasa era una "recomendación" según las directrices europeas. Sin embargo, la ley obliga a los Consistorios a implementarla.
Desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ya advirtieron a Libertad Digital que la situación era un "caos", en referencia a la falta de orientación del Gobierno. En este sentido, denunciaron que posiciona a los ayuntamientos como los "culpables" de cara al ciudadano al haber dejado en sus manos la elaboración de la fórmula de la tasa.
La tasa, que sustituirá a la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), podría suponer un coste anual de más de 100 euros por hogar, alcanzando los 141 euros de media en cada vivienda en ciudades como Madrid, donde afectará a unos 1,7 millones de inmuebles, según explicó el alcalde José Luis Martínez-Almeida —que ya calificó en su momento la medida de "sanchazo" y "sablazo"—.