El Libro Verde de Finanzas Sostenibles presentado por el Gobierno busca, según sus propias palabras, alinear la actividad financiera, el ahorro y la actividad empresarial con sus objetivos climáticos y sociales. Este documento, pergeñado por Economía y con la influencia del Transición Ecológica, no es más que un instrumento de intervención que erosiona la libertad económica, degrada la eficiencia del sistema financiero y pone en riesgo la capacidad competitiva de nuestra economía.
Al abordar temas como la orientación del ahorro, el uso instrumental del sector financiero para adoctrinar a las pymes y la amenaza de una mayor regulación queda claro que este libro no es una solución técnica, sino un manifiesto ideológico disfrazado de política pública que conviene diseccionar por partes.
El mantra del intervencionismo
El gobierno parte de una premisa falaz: que los agentes económicos son incapaces de evaluar adecuadamente los riesgos climáticos y, por tanto, asignan los recursos de manera ineficaz, justificando así la intervención pública para corregir los supuestos fallos del mercado. Los redactores del texto muestran que no sólo desconocen el papel fundamental del mercado para analizar información y asignar recursos de manera eficiente, sino que también infravaloran la capacidad de las empresas y de los consumidores para adaptarse a los cambios de forma dinámica.
En su obra "El uso del conocimiento en la sociedad", Hayek ya advertía de los peligros de intentar planificar la economía desde el gobierno. Ningún planificador socialista posee la información necesaria para superar la eficiencia del mercado. El contenido del libro ignora este principio y busca imponer una visión ideológica desde arriba, con regulaciones punitivas y la canalización forzada del crédito hacia ciertos sectores y proyectos alineados con sus intereses políticos.
Este dirigismo del ahorro contradice los principios básicos de la economía, donde los agentes económicos asignan recursos de acuerdo con las señales del mercado y sus propias preferencias de riesgo y rentabilidad.
Forzar al sistema financiero a dirigir recursos hacia inversiones "sostenibles", tal como las define el Gobierno, reduce la libertad de elección de los ahorradores, pero, lo que es más grave, puede poner en peligro la rentabilidad y la estabilidad del sistema financiero. Imponer políticamente determinadas inversiones distorsiona incentivos y conduce inevitablemente a la destrucción de valor.
La instrumentalización del sector financiero
De este documento sorprende especialmente que el Gobierno de Sánchez pretenda utilizar al sector financiero como una herramienta para crear conciencia entre las pymes sobre los "intereses del Estado", tratando al tejido empresarial y a los empresarios que comprometen su patrimonio como menores de edad. ¡Qué bien se gestiona el dinero público sin los riesgos del sector privado!
En lugar de dedicar esfuerzos al crecimiento de las pymes, el gobierno busca imponerles una agenda ideológica, obligándolas a adaptarse a un marco que no necesariamente responde a sus prioridades económicas o estratégicas.
Las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial español, ya sufren cargas administrativas y burocráticas, un acceso al crédito más difícil y una carga regulatoria desproporcionada. De llevarse a cabo las pretensiones del gobierno existirá otro elemento más que lastrará la competitividad del tejido productivo y limitará su capacidad de innovación y adaptación al mercado.
La idea de incluir las finanzas sostenibles en el Plan de Educación Financiera, en uno de los países con menor cultura financiera, es jugar a la ruleta rusa con nuestros jóvenes desde el Ministerio de Educación. Todavía no han entendido el efecto rechazo que todas estas medidas están generando entre la juventud española.
La reasignación de recursos en base a ideología
Este gobierno está abducido por las teorías de Mazzucato y le genera una ansiedad intervencionista por cambiar la asignación de recursos a través de políticas públicas, ignorando décadas de evidencia que demuestran lo contrario: Las intervenciones estatales tienden a favorecer proyectos políticamente convenientes en lugar de económicamente viables.
De hecho, la clase de transición energética que lleva años imponiendo el gobierno se parece a un sistema de privilegios para ciertas tecnologías y empresas, olvidando por ejemplo, la estabilidad y continuidad del suministro que proporcionan las nucleares, o dejando de lado la competencia y la creatividad del sector privado. Los elevados costes energéticos para la industria, consecuencia de una política energética miope, ya están erosionando la competitividad de nuestras empresas frente a competidores internacionales.
Sandbox sostenible: una ilusión regulatoria
Entre las medidas propuestas, una que no podía faltar: el "sandbox sostenible". Presentado como un espacio para fomentar la innovación financiera en sostenibilidad, es en realidad un instrumento más de control estatal. Si bien el concepto de un sandbox regulatorio podría ser útil para probar nuevas ideas en un entorno controlado, en este caso se utiliza como una herramienta para priorizar únicamente aquellas iniciativas que encajen en la narrativa gubernamental.
Desde un punto de vista aséptico introduce un sesgo peligroso en la regulación financiera, más allá de la necesaria aplicación de las medidas macroprudenciales. En lugar de promover una clase de innovación genuina y competitiva, el diseño de este sandbox lo convierte en un mecanismo para imponer un marco de pensamiento único que desalienta la diversidad de soluciones financieras.
Más regulación: un freno al dinamismo económico
El Libro Verde de Finanzas Sostenibles también anuncia la intención de introducir más regulaciones para garantizar que el sistema financiero se alinee con los objetivos del gobierno. Las cargas regulatorias de Sánchez son un lastre para el dinamismo económico y una amenaza directa a la libertad empresarial. El Índice de Libertad Económica 2024 ya sitúa a España en posiciones rezagadas en comparación con sus socios europeos por la carga normativa y fiscal que soportan las empresas o la falta de seguridad jurídica.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas financieros eficientes son aquellos que operan en un entorno de estabilidad normativa, respeto a los derechos de propiedad y ausencia del intervencionismo desmedido que caracteriza a este gobierno. Imponer barreras adicionales al sector financiero y empresarial es una receta segura para el estancamiento económico en el largo plazo.
Conclusión: un modelo que debemos rechazar
Este libro no es una solución a los desafíos económicos y climáticos, por más que forme parte de los compromisos con Bruselas de los fondos NextGen. Es un manifiesto que prioriza la ideología sobre la realidad económica. Supone imponer un marco intervencionista, paternalista y regulador al sector financiero, a las pymes, incluso a los reguladores, una última herencia en diferido de Teresa Ribera con el beneplácito de Cuerpo.
Es fundamental rechazar este modelo y abogar por políticas que respeten los principios de la economía de mercado, fomenten la innovación y permitan a las empresas y los ciudadanos tomar decisiones basadas en sus propias prioridades. El camino hacia la servidumbre se nutre de pequeños pasos de control estatal y España no puede seguir avanzando por esa senda. La única opción viable es la batalla cultural y la lucha por un sistema económico basado en la libertad, la competencia y la eficiencia.