
Los expertos llevan años advirtiendo del daño que la impunidad okupa está haciendo al mercado del alquiler tradicional, al ahuyentar a los propietarios hacia otras modalidades menos intervenidas y más seguras. La derogación del decreto antidesahucios, que permitirá echar a los inquiokupas que se aferraban a su vulnerabilidad, debería contribuir así a reducir la inseguridad jurídica que dicha medida había venido ocasionando desde 2020.
Sin embargo, el hecho de que haya decaído como consecuencia del tira y afloja de Junts y el temor a que el Gobierno vuelva a la carga podría tener el efecto contrario. "Este tipo de acciones transmiten a los arrendadores e inversores en vivienda un mensaje de inseguridad", advierte el director de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, que está convencido de que el Ejecutivo terminará por retomar la suspensión de los desahucios.
"Las medidas no convalidadas se volverán a presentar mediante decreto hasta que finalmente sean aprobadas y esta situación genera un escenario anómalo, en el que durante breves periodos dejan de estar suspendidos los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables, para posteriormente volver a reimplantarse dichas suspensiones", denuncia el experto, haciendo hincapié en cómo las "regulaciones excesivamente cambiantes" minan la confianza de propietarios e inversores.
Un peligroso precedente
Según defiende, esto es algo que en España ya se ha podido comprobar en más de una ocasión. "Esta confusión e inseguridad ya ocurrió en el 2018, cuando no se convalidó el decreto que aumentaba la duración de los arrendamientos a 5 años, y hasta que aprobaron el nuevo decreto hubo varias normativas diferentes en vigor en función de la fecha de celebración de los contratos", apunta Zurdo.
Tal y como recuerda, "el 22 de enero de 2019, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados no convalidó dicho decreto, lo que provocó que, desde el 24 de enero de 2019, la duración de los arrendamientos regresara nuevamente a tres años. Más tarde, con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuya entrada en vigor se estableció para el 6 de marzo de 2019, volvió a fijarse la duración de los contratos en cinco años".
Consecuencias para todos
A la confusión de los propietarios, se suma la de los mismos profesionales del derecho, advierte el director de la Agencia Negociadora del Alquiler, quienes "se ven obligados a mantenerse atentos a estos constantes cambios normativos para garantizar la correcta aplicación de las leyes".
Con todo, Zurdo insiste en que esto es lo que sucede "cuando no se tienen las mayorías suficientes o unos socios de gobierno fiables", algo que no solo complica la propia subsistencia del Gobierno, sino el día a día de los ciudadanos. "Esto está claro que desincentiva a los arrendadores e inversores, sacándolos del mercado del alquiler de viviendas y llevándolos hacia otros mercados o modalidades menos intervenidas, y el problema es que, como consecuencia de ello, se reduce la oferta, impidiendo que las rentas del alquiler disminuyan", recuerda Zurdo.
Que el Estado proteja a los vulnerables
Desde Alquiler Seguro, por su parte, se felicitan porque se haya suspendido la prórroga del decreto antidesahucios e insisten en que "en España necesitamos más que nunca una situación clara de seguridad jurídica para que ambas partes encuentren amparados sus derechos y con ellos se favorezca la fluidez del sector". Precisamente por eso, esperan que, en caso de recuperarlo, el Gobierno adopte medidas totalmente diferentes a las contempladas hasta ahora.
"Estamos a favor de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, como tantas veces hemos reiterado, pero, por supuesto, sin que eso signifique dañar o menoscabar los derechos de la otra parte, en este caso el propietario, al que se le situaba en una situación de inseguridad jurídica, y no olvidemos que se podía tratar de una persona que podía depender de los ingresos derivados de dichas rentas —explica Carlos Sánchez, portavoz del área jurídica de Alquiler Seguro—. Por ello, si se volviera al legislar, consideramos que debería ser mediante políticas claras que determinen qué administración pública será la competente para gestionar dicha situación y que no sea el propietario el que soporte las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces derivan en impagos".