
Aunque nadie se atrevía a darlo por hecho hasta el último minuto, las víctimas de la okupación se han terminado beneficiando de forma colateral de la crisis abierta entre Junts y PSOE. El rechazo de los de Puigdemont al llamado decreto ómnibus del Gobierno tiene como consecuencia directa la derogación de la suspensión de los desahucios que lleva vigente desde 2020 y que, en estos cinco años, ha arruinado literalmente la vida a miles de propietarios de toda España.
"Estamos contenidos, pero muy contentos —asegura el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo—. Estoy con lágrimas en los ojos. Después de tantos años luchando por esto, por fin hoy vemos un poco la luz. Sabemos que va a venir una respuesta y que incluso la aplicación de la Ley de Vivienda genera muchas dudas, pero es un primer paso para intentar hacer justicia con todos los afectados de la inquiokupación que, además, hemos sufrido durante todos estos años con la invisibilización por parte del Gobierno".
Tras años de lucha hoy celebramos: Con 177 votos en contra se deroga el decreto 9/2024. Han sido 5 años de sufrimiento, de familias humildes cargando con el mal llamado escudo social del gobierno a sus espaldas. #NoSomosUnBulo seguiremos luchando por una JUSTICIA REAL para todos pic.twitter.com/5RDGLQ85iW
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) January 22, 2025
Cinco años de lucha incansable
El propio Bravo es la cabeza visible de un movimiento que lleva desde 2020 denunciando que el polémico decreto antidesahucios legalizaba de facto la okupación en España. Él mismo se ha reunido con todos los grupos parlamentarios que le han querido escuchar, mientras la ministra de Vivienda ha hecho caso omiso a sus 40 peticiones. "Hemos hecho mucho trabajo de pasillo y de despacho y parece que ha surtido efecto", resume orgulloso.
Tanto Junts como PNV les habían mostrado en privado su apoyo y empatía. Los nacionalistas vascos, sin embargo —y a pesar de rechazar la prórroga de los desahucios—, han terminado votando a favor del decreto ómnibus gracias, entre otras cosas, al jugoso regalo de un palacete en París valorado en 15 millones de euros que el Gobierno había incluido en el mismo. En el caso de Junts, la voluntad de castigar a Sánchez ha jugado a su favor, por lo que su rechazo ha sido determinante para tumbar una medida que se aprobó con la pandemia como excusa y que, incomprensiblemente, cinco años después seguía en vigor.
¿Y ahora qué?
A pesar de la satisfacción, las víctimas de la okupación son conscientes, no obstante, de que todavía no pueden cantar victoria. Para empezar porque el Gobierno puede volver a presentar el polémico decreto por separado o incluso recurrir a otra iniciativa parlamentaria, algo que también podría hacer alguno de sus socios. Y, para seguir, porque el resto de la legislación tampoco les garantiza un camino de rosas. "Ahora tenemos que ver qué es lo que nos depara el futuro: cómo se aplicará la Ley de Vivienda y qué propuestas vendrán de la izquierda para intentar retomar esta ayuda a las personas vulnerables, a la que, por supuesto, no nos oponemos, pero que, como hemos dicho siempre, no tenemos que asumir nosotros", insiste Bravo.
El polémico decreto antidesahucios no solo impedía echar a inquiokupas vulnerables -aquellos que ganaran menos de 1.800 euros al mes, víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo—, sino que, además, obligaba a los propietarios a pagar sus suministros, ya que, en caso de que se los cortasen por impago, les podían denunciar por coacciones. De esta forma, y tal y como han venido denunciando las víctimas todos estos años, el propio Gobierno terminaba haciendo vulnerables a los caseros, en su mayoría pequeños propietarios que necesitaban ese dinero para llegar a fin de mes.
Su derogación, por tanto, no solo abre la puerta a que todas estas familias recuperen su casa, sino que, además, podría influir en un mercado del alquiler en el que, tal y como advierten los expertos, cada vez hay menos oferta como consecuencia de la inseguridad jurídica. Queda por ver, no obstante, cuál será la respuesta del Gobierno y si se conformará con el "no" de sus socios de investidura.