Bruselas ha acogido la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica. Durante el evento, el antiguo socio de Ibereólica e inversor de Renergy, David Gómez-Sainz, expuso los problemas que ha enfrentado su empresa en España a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables y del impago de los laudos que condenan a España por dicha reversión.
El empresario describió la situación que ha vivido su compañía como "horrible". Explicó que su compañía "fue fundada con nuestro patrimonio familiar y con el sueño de hacer del mundo un lugar mejor a base de impulsar las energías limpias". Como ingeniero, impulsó decididamente esta línea de trabajo y dio por buenos los incentivos que ofreció el gobierno español: "asumimos un riesgo tecnológico que entonces era notable y dimos por buena la promesa de seguridad jurídica que nos hacían las autoridades".
Lamentablemente, "los cambios regulatorios que se fueron introduciendo destrozaron la rentabilidad de nuestros proyectos, hasta llevarla casi a cero". La empresa tuvo que refinanciar todas sus inversiones y apenas ha podido repartir dividendos, lo que ha llevado "prácticamente a cero" todo el margen de negocio de una inversión cercana a los 100 millones de euros.
Gómez lamentó que, pese a haber ganado un procedimiento arbitral a nuestro país tras una larga década de dura y costosa batalla legal, "España se niega a pagar el dinero pendiente en concepto de indemnización, que son más de 32 millones de euros". A esto hay que sumarle los intereses de demora acumulados por los impagos, que encarecen más aún la factura pendiente de pago a Renergy, que invirtió en nuestro país a través de su participación en Ibereólica.
El ejecutivo expresó su frustración al escuchar a España y a la Comisión Europea hablar de captar inversiones verdes: "me siento directamente aludido y tengo claro que no se dan las condiciones para que se materialicen esas inyecciones de capital. Si creen que los operadores del mercado van a confiar sin más y no van a tomar en cuenta el riesgo jurídico que se ha generado en el pasado y se sigue generando en el presente, se equivocan".
Para Gómez, "da la sensación de que el imperio de la ley ha sido subvertido por los políticos. El cumplimiento de la legalidad no puede depender del capricho del Ejecutivo. Las promesas deben respetarse, las reglas no se pueden cambiar a mitad de partido". Añadió que, en la práctica, todas las ganancias esperadas en sus proyectos han sido expropiadas y que "cuando comparo lo que pasa en Venezuela con España, entiendo que las expropiaciones que se ven allí también se han dado aquí en casos como el nuestro".
El que fuera socio co-inversor de Ibereólica en distintos proyectos de renovables advirtió que, si la Unión Europea quiere estar a la vanguardia en tecnologías limpias, "debe tomar en cuenta que son otras áreas económicas las que van por delante, las que captan más capital y más talento". Considera que su empresa "fue ingenua al confiar en que había seguridad jurídica en España y Europa" y enfatizó que "invertir en áreas económicas donde se te brinda este trato es, en realidad, algo así como caminar por un campo de minas".
"El sistema de resolución de disputas debe ser imparcial si queremos que haya Estado de Derecho", explicó. A su juicio, "si todo depende de lo que digan los políticos, queda claro qué tipo de seguridad jurídica impera en España y en Europa…". Para Gómez, las promesas de ayudas, incentivos o regímenes especiales para fomentar la innovación o la energía renovable no tienen sentido si el país incumple sus compromisos, afirmando que "habría que estar mal de la cabeza para invertir tu dinero en un país que, por mucho que te prometa este tipo de escenarios, ha incurrido y sigue incurriendo en el tipo de incumplimientos que está cometiendo España".
Gómez concluyó su ponencia recordando que "el mundo está librando una intensa carrera por la innovación. Con ella, se genera riqueza y se alcanzan mejores niveles de vida. Pero, si un país rompe retroactivamente las promesas que hace a los inversores, la consecuencia lógica es que los inversores optarán por otros países a la hora de apostar por proyectos innovadores". Añadió que "estamos a merced de la ideología de quienes gobiernan" y que, "cuando las decisiones se toman en base a convicciones personales, las instituciones no son imparciales ante escenarios que requieren neutralidad, lo que impone graves costes a la economía y a los inversores que arriesgan su dinero".