Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha fallado a favor de Rumanía en un arbitraje de 256 millones de euros iniciado en 2020 por un grupo de 44 inversores en energías renovables, encabezado por la italiana Fin.Doc. En su decisión, el tribunal consideró que Rumanía no había incumplido el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y que los cambios legislativos implementados por el Estado fueron razonables y justificados.
La decisión, emitida el 16 de enero de 2025, rechaza la reclamación de los inversores, quienes argumentaban que la reforma del sistema de certificados verdes en Rumanía había afectado negativamente sus inversiones, reduciendo su rentabilidad y alterando las condiciones inicialmente previstas. No obstante, el tribunal consideró que el gobierno rumano procedió de manera justificada y que no dio pie a un cambio fundamental en la legislación que vulnerara la estabilidad de las inversiones extranjeras.
El resultado del arbitraje contrasta fuertemente con la situación de España en decenas de controversias similares. En la última década, España ha enfrentado decenas de condenas en arbitrajes internacionales relacionados con el sector de energías renovables. En la gran mayoría de estos litigios, los tribunales han concluido que las modificaciones regulatorias introducidas por el gobierno español, primero bajo mandato de Rodríguez Zapatero y después durante la gestión de Mariano Rajoy, infringieron el TCE, al afectar gravemente las expectativas legítimas de los inversores extranjeros, acometiendo un recorte retroactiva de las primas renovables.
De hecho, España ha sido condenada a pagar más de 1.825 millones de euros en indemnizaciones y enfrenta diez reclamaciones adicionales que pueden elevar las obligaciones de pago en 500 millones más, según indican fuentes conocedoras de estos litigios. A diferencia del caso de Rumanía, donde el tribunal falló en favor del Estado, los paneles arbitrales que han juzgado las disputas contra España han considerado en la gran mayoría de casos que los cambios normativos introducidos por nuestro país no fueron proporcionados ni razonables, sino que generaron un perjuicio injustificado a los inversores extranjeros.
En este caso, Rumanía fue representada por Dechamps International Law, Pelinari & Pelinari Law Firm y Jonathan J. Gass, logrando convencer al tribunal de que sus cambios regulatorios eran necesarios para equilibrar los incentivos a los inversores con la protección de los consumidores. En contraste, la estrategia de defensa de España en los arbitrajes sobre renovables ha sido ampliamente criticada, ya que, pese a los millonarios contratos asignados a decenas de bufetes internacionales, la Abogacía del Estado ha sido incapaz de evitar condenas multimillonarias que han dado pie a distintos embargos de bienes.
Este fallo a favor de Rumanía refuerza la incertidumbre en torno al futuro del arbitraje de inversiones dentro de la UE y deja en evidencia el alto costo que ha tenido para España su mala gestión de las primas ofrecidas a las energías renovables. De hecho, las empresas afectadas consideran que el daño a la economía española va camino de alcanzar los 19.926 millones, a raíz del aumento de la inseguridad jurídica que ha traído consigo esta controversia, circunstancia que se ha traducido en un encarecimiento de la financiación del Tesoro y en un empeoramiento del acceso a crédito y capital de las empresas españolas.