Cuando faltan dos años y medio para el cierre del primer reactor, Almaraz I, en octubre de 2027, las posiciones siguen como hasta ahora. La sucesora de Teresa Ribera en Transición Energética, Sara Aagesen, continúa defendiendo el calendario de 2019 pese a la movilización en la calle, los mensajes de partidos y dirigentes autonómicos afectados, los crecientes mensajes empresariales y la votación mayoritaria en el Congreso a favor de una prórroga. Desde el Ejecutivo ahora se desentienden, escudándose en que la pelota está en el tejado de las empresas y también están lanzando la idea de que el coste de los residuos recaerá en los ciudadanos. Tras sucesivas declaraciones esta semana, este viernes Aagesen insistió en que las empresas no le han "planteado nada" cuando un periodista le recordó que este jueves el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, avisó de que el cierre nuclear es "una decisión de país" y pidió "sentarse y conversar" sobre el plan de clausura.
Las palabras de Aagesen fueron respondidas también este viernes por la patronal que representa a todo el sector nuclear, también a las eléctricas dueñas de Almaraz y el resto de centrales españolas. En un encuentro con ante los medios junto a la directora general de la Asociación Nuclear Mundial, Sama Bilbao y León, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, respondió que "las empresas lo han dicho: queremos seguir, creemos que es fundamental" para el mantenimiento de la red eléctrica y la estabilidad del sistema. "Lo que hemos pedido es diálogo, sentarnos y ver en qué condiciones esto puede continuar", dijo en alusión a los impuestos, cuya modificación buscan negociar. Tirando de ironía ante las últimas afirmaciones de la ministra sobre la ausencia de peticiones, Araluce se preguntó si hace falta "un telegrama o una carta escrita a pluma", o "darle una carta a un ujier". "Lo tendrán que hacer en todas las lenguas vernáculas españolas", bromeó recordando no sólo las declaraciones de Tagle sino las del presidente de Endesa o las de Sánchez Galán en Davos.
Mientras el Gobierno defiende que toda la responsabilidad recae en las empresas, desde Foro recuerdan que cuando se concedió la extensión de licencia a Almaraz hasta 2027, la orden ministerial hablaba de "cierre definitivo" y es, a su juicio, por lo tanto, el Ejecutivo quien ha de mover ficha primero, recordando que es él el que determina la política energética del país.
"Pagamos por todo y vamos a pagar"
En su intervención, Araluce también aprovechó para expresar su asombro ante los mensajes que está deslizando el Ejecutivo para seguir defendiendo el cierre, entre ellos el coste de almacenar los residuos y su aumento de volumen. Recordando que Aagesen ha llegado a plantear que sea el ciudadano quien pague los 20.000 millones del desmantelamiento, Araluce recordó los 8.700 millones que hay ya en el fondo de Enresa, la compañía pública que los gestiona, y que seguirán aumentando mientras sigan en operación. "¿Se trata de confundir a la gente? Nosotros vamos con la verdad a todas partes. Los primeros que decimos que nos tenemos que encargar del coste somos nosotros. Las centrales pagan por todo y vamos a pagar", afirmó, justificando luego su litigio en los tribunales por la última subida de la denominada tasa Enresa para cubrir el sobrecoste de renunciar al ATC de Villar de Cañas. "Lo que no queremos pagar es un coste adicional por que no haya consenso. Ahí decimos que no. Pero el montante general sí", insistió, y "deslizar que nosotros podemos poner en peligro el pago del desmantelamiento es una falacia".
Los riesgos y el "lujo" de deshacerse de ella
En su intervención, Araluce lamentó que España vaya a quedarse fuera "de un futuro brillante en el mundo nuclear", renunciando a unos activos que "funcionan maravillosamente" y en los que "toda la inversión inicial está amortizada". "Todas las centrales tienen el motor nuevo", sostuvo en alusión a las periódicas renovaciones de equipos. En el mismo sentido se pronunció Sama Bilbao y León en representación de la Asociación Nuclear Mundial, en la que señaló que le "preocupa el futuro económico de España sin la nuclear".
"En todos los países que hoy disponen de energía nuclear hay un reconocimiento enorme del parque nuclear existente", dijo. La excepción es España, recordó Bilbao y León, llamando a que España "reconsidere y estudie si las centrales nucleares a lo mejor es algo que no deberíamos perder". En cuanto a Europa en concreto apuntó cómo hoy por hoy "el 50 por ciento de la electricidad sin emisiones en Europa viene de la nuclear". "El análisis es clarísimo, España no puede permitirse el lujo de prescindir de la nuclear. Vamos a perder competitividad desde el punto de vista industrial", va a subir el precio de la electricidad, subirán las emisiones porque "siempre vamos a necesitar una energía de base" (que en nuestro país será el gas) y habrá riesgo "de falta de suministro", apuntó recordando cómo el año pasado "hemos estado un par de veces a un papel de fumar de tener blackouts", en alusión a los días de baja generación renovable y desconexión de Ascó en que se activó el sistema por el que se desconecta a la gran industria. "Si queremos que España siga creciendo no podemos deshacernos de ella", avisó.
El margen para salvar Almaraz
De fondo de un debate que arrecia pero que sigue enconado está la cuenta atrás para cerrar Almaraz. Sobre los plazos, Araluce habló de que "las cosas se pueden llevar al límite" y apuntó que en el caso del necesario informe del Consejo de Seguridad Nuclear para una hipotética prórroga el trabajo estaría hecho en parte, porque en su día, cuando la central pidió la licencia hasta 2027, los informes "cubrían diez años, no siete", así que se podrían "reducir los plazos" de las evaluaciones.
"Hay cierta flexibilidad", reveló, pero "lo lógico es hacer las cosas bien", en alusión a otros procesos a largo plazo de la operación de una central como la compra de combustible, la planificación con contratistas o los repuestos. Araluce se mostró seguro de que en cualquier caso ese diálogo "se va a abrir": "Estoy seguro".
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