En pleno 2024, el sector energético español se enfrenta a una paradoja inquietante: mientras los operadores privados detectan oportunidades millonarias en sectores estratégicos, la red eléctrica se revela como un nefasto cuello de botella que ya le cuesta a nuestro país hasta 60.000 millones de euros de pérdidas anuales en inversiones industriales que no se llegan a formalizar.
El panorama es, sin duda, notable. Durante el año ejercicio 2024 se presentaron solicitudes de acceso y conexión que, sumando 67.154 megavatios (MW), representaban casi un 40% de la potencia actualmente contratada en España (178.000 MW). Es evidente, pues, que existe voluntad de hacer más negocios en España. El problema es que apenas una fracción de estos pedidos (6.182 millones, menos del 10%) fueron resueltos satisfactoriamente.
En cambio, 27.813 MW siguen atrapados en el limbo burocrático de la tramitación y apenas un 49% (33.159 MW) fue aprobado. Este escenario, reflejado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) expone el inmenso potencial desperdiciado que se aprecia en áreas tan dispares como la industria, los centros de dato o el almacenamiento.
La cuestión de la industria resulta especialmente relevante. Los políticos europeos y españoles llevan años hablando de promover la "reindustrialización" y planteando iniciativas orientadas a elevar nuevamente el peso del sector secundario. Sin embargo, de los 18.618 MW solicitados por esta área, solo 1.938 MW han sido aprobados en 2024, un 10%, mientras que se han rechazado 10.715 MW, el 57% del total, y el resto, unos 3.965 MW, el 33%, sigue atrapado en papeleo y burocracia.
En cifras, las solicitudes denegadas en 2024 podrían haber frenado una inversión superior a los 60.000 millones de euros. Ante semejante "peso muerto", la asociación que agrupa a firmas como Endesa o Iberdrola pide que se prioricen los proyectos maduros y esenciales en la tramitación de las solicitudes, se adopten medidas regulatorias que maximicen el uso de la red existente y se implemente una mayor flexibilidad en la demanda, reconociendo que no todos los consumidores requieren energía de forma simultánea.
Apagones
Otro claro ejemplo de los problemas que enfrenta el mercado energético español lo tenemos con los llamados "apagones industriales". A lo largo del pasado año 2024, Red Eléctrica cortó al menos en cuatro ocasiones el suministro ofrecido a la gran industria, a raíz de incrementos de consumo que los gestores técnicos del sistema no anticiparon debidamente. Estos cortes se articulan a través del SRAD, un mecanismo de balance que busca equilibrar la generación y la demanda.
Un informe de PwC alerta de la posibilidad de que el cierre de las centrales nucleares previsto para los próximos años se traduzca en apagones en algunas de las principales plazas económicas de nuestro país, como Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana. El gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en un 70% la fiscalidad de las nucleares, hasta hacer que el 40% de los costes del sector sean de índole tributario. Estas decisiones han abocado al cierre a estas instalaciones, acosadas por el Ejecutivo a pesar de contar con el aval de la Unión Europea, que revisó su taxonomía para catalogar a la nuclear como una energía "verde".