Mientras el Gobierno sigue dando alas a los okupas, son los jueces los que tratan de poner coto a una lacra que, en algunas comunidades como en Cataluña, bate récords, tal y como hace unos días lamentaba la diputada de Junts Marta Madrenas. Ante la injusticia que supone que muchos propietarios sean condenados por cortar el agua o la luz a sus okupas, los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona acaban de ponerse de acuerdo para que, a partir de ahora, dicha actuación no sea constitutiva de delito.
"En caso de que el titular de una finca ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones", reza el acuerdo suscrito el pasado 7 de marzo. La noticia supone un alivio para los propietarios que, además de perder su vivienda, se ven obligados a mantener a quienes se la han arrebatado ilegalmente. Sin embargo, ni la decisión es extrapolable a toda España, ni beneficiará a todos los afectados por la okupación, ya que, una vez más, las víctimas de la llamada inquiokupación se quedan fuera del alcance de la misma.
Solo en Barcelona y Gerona
"Por ahora, solo estamos ante un acuerdo que se comprometen a aplicar los jueces de Barcelona y los de Gerona, que también adoptaron una decisión similar el pasado mes de noviembre", aclara el abogado José María Español, experto en derecho inmobiliario, que, en todo caso, insiste en la importancia del mismo.
"Para empezar porque, aunque no es extrapolable, puede servir de guía y animar a que otros jueces hagan lo mismo, pero, además, es importante porque no hay que perder de vista que, ahora mismo, casi la mitad de las okupaciones que hay en España se producen en Cataluña —advierte—. Es decir, que va a beneficiar a muchísimos propietarios".
No afecta a la inquiokupación
En todo caso, también es importante aclarar que la decisión no afectará a todas las modalidades de okupación: "Estamos hablando de aquellos casos de allanamiento, es decir, del okupa de patada en la puerta, pero no de los casos de inquiokupación en los que hay un contrato de por medio y, de repente, el inquilino deja de pagar".
De esta forma, las víctimas de esta nueva modalidad —que, tal y como denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), es la más extendida desde que en 2020 se aprobará el polémico decreto antidesahucios— tendrán que seguir pagando los suministros de sus okupas si están a su nombre o, de lo contrario, ellos sí se enfrentarán a un delito de coacciones.
Lo que dicen las víctimas
"Es otra medida más y nos alegramos por ella, pero lo ideal sería que pudiera aplicarse a toda España y que también beneficiase a los afectados por la inquiokupación, porque no deja de ser una tirita para el gran problema que hay en España", lamenta Ricardo Bravo, portavoz de la PAO.
Entre los miles de casos que maneja la plataforma, no son pocos los protagonizados por propietarios que alquilan su vivienda porque necesitan ese dinero para llegar a fin de mes y, de un día para otro, no solo pierden ese ingreso, sino que encima se ven obligados a mantener a sus inquiokupas, lo que termina por convertirles a ellos en los auténticos vulnerables, a pesar de ser invisibles para el Gobierno.
Entre otras muchas historias publicadas por Libre Mercado, destaca, por ejemplo, la de Pilar, una pensionista a la que incluso le han llegado a embargar la pensión por no poder pagar el agua de su okupa. Su caso es especialmente sangrante por cuanto la mujer en cuestión logró que un restaurante le ofreciera trabajo y una fundación le pagase el alquiler y, sin embargo, lleva cinco años sin abonarle a su casera un solo euro. Hoy, sigue luchando contra ella en los tribunales, pero también contra el polémico decreto antidesahucios del Gobierno que, como a tantos otros okupas, le sirve como coartada.
La pasividad del Gobierno
"Y al final son las audiencias, como la de Barcelona, las que están intentando crear jurisprudencia, para evitar males mayores hacia los afectados que, en toda esta película, seguimos estando desaparecidos con esta batalla de cifras hacia la invisibilización", denuncia Ricardo Bravo.
Desde hace años, el Gobierno se centra en minimizar el problema, ciñéndose a la usurpación y el allanamiento de morada, las únicas modalidades de las que existen datos oficiales, puesto que la inquiokupación —al considerarse un mero incumplimiento de contrato— se dirime en la vía civil y, por tanto, no aparece en las estadísticas. "Me parece una vergüenza que un Gobierno no sea capaz de reconocer a unas víctimas", insiste Bravo.
Aun así, no hay que olvidar que la okupación de patada en la puerta también ha ido en aumento en el último año. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, 2024 se cerró con 16.426 nuevos casos de usurpación y allanamiento de morada. Se trata de una subida del 7,4% respecto al año anterior, cuando se registraron 15.289 y el Ejecutivo rápidamente aprovechó para lanzar un discurso triunfalista.
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