Teresa Ribera se negó reiteradamente a ofrecer una confirmación por escrito a los abogados responsables del "caso Antin". Los reiterados pedidos de certidumbre que remitió el bufete K&L Gates a la oficina de la ex vicepresidenta del gobierno español y actuar comisaria europea pretendían conocer si la dirigente socialista había dado un paso atrás para evitar un conflicto de intereses, pero el despacho de Ribera no ofreció ningún tipo de información al respecto a pesar de estos llamados reiterados del lado de los afectados.
Presionada por las dudas que ha generado la súbita decisión de la Comisión Europea, que ha resuelto un largo expediente de manera repentina y determinado que desembolsar las indemnizaciones que esperan percibir los afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables sería improcedente porque supondría una forma de "ayuda de Estado", Ribera ha filtrado a los medios que se habría apartado del caso mediante una carta fechada el 19 de diciembre.
Sin embargo, Ribera fue elegida para ocupar el cargo de comisaria en otoño de 2024 y tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre. Esto significa que, en vez de haberse recusado de forma inmediata nada más asumir sus nuevas funciones, la madrileña habría ocupado esta nueva distinción durante tres semanas antes de comunicar por escrito que se apartaba del "caso Antin".
No hay que olvidar que Ribera fue preguntada por este asunto en su examen ante el Parlamento Europeo. Así, en la audiencia celebrada en noviembre de 2024, la dirigente socialista tuvo que reconocer los muchos conflictos de intereses que arrastra y afirmó asimismo que se apartaría de la investigación de la Comisión en caso de ser elegida para el cargo que, en efecto, ocupa desde finales del pasado año.
Ahora, con la filtración de la carta que anuncia su recusación con fecha del 19 de diciembre, Ribera confirma que habría tardado tres semanas en apartarse de la investigación, dando pie a una injerencia que los afectados consideran inaceptable, como ya avanzó Libre Mercado la jornada de ayer.
Los afectados van a investigar a fondo lo sucedido y están abiertos a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
El ‘caso Antin’
El "caso Antin" se inicia en 2013, cuando el fondo de capital privado con sede en París lanza una serie de inversiones en España radicadas en Andalucía. La planta fotovoltaica en cuestión se denomina Andasol, tiene una potencia de 150 MW y se completó entre los años 2008 y 2011. El coste del proyecto fue cercano a los 300 millones de euros.
Tras la retirada retroactiva de las primas renovables, Antin denunció a España ante la corte de arbitrajes del Banco Mundial. Fue así como el llamado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) reconoció una indemnización de 101 millones de euros que el gobierno de España se ha negado a pagar, alegando que los denunciantes deberían haber tramitado este asunto ante los tribunales europeos y no en una cámara de arbitraje internacional.
La decisión de la Comisión Europea respalda la tesis del gobierno, pero sienta un precedente muy peligroso, puesto que se está validando el recorte retroactivo de las primas renovables y se está ignorando que España estaba sujeta a los arbitrajes del CIADI por ser un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía.
Conscientes de la situación, los titulares de la deuda han llevado a España ante los tribunales de otros países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, donde se han aprobado medidas de embargo que afectan a nuestro país y toman el control de activos inmobiliarios y financieros para entregarlos como forma de compensación a las compañías afectadas.