Desbordados por la multitud de casos que se dan en Cataluña, los jueces de Barcelona lideran estos días la rebelión contra la impunidad okupa. Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordase que, a partir de ahora, cortar o dejar de pagar los suministros de los okupas de patada en la puerta no constituirá un delito de coacciones, los magistrados de la ciudad condal ponen coto a la temida inquiokupación, la modalidad que más ha crecido desde 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, a pesar del fin de la pandemia, ha sido prorrogado hasta en once ocasiones.
A tal fin, y según ha podido saber Libre Mercado, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma (punto 4), ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios. Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces.
Lo que dice el acuerdo
"La prórroga de la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 prevista en el Real .Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no excluye la posibilidad de verificar que subsisten los requisitos que determinaron que se otorgara en su momento", esgrime el mencionado acuerdo al que ha tenido acceso LD.
El documento en cuestión justifica tal decisión alegando que "dado que los documentos e informes de servicios sociales que pudieron determinar la previa suspensión acreditaron la concurrencia de los requisitos habilitantes para la misma en un momento anterior, nada obsta a que deban ser actualizados en el momento de decidir sobre la prórroga de la suspensión, máxime cuando dichos documentos tienen una vigencia temporal limitada".
Lo que opinan los expertos
"Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo para exigir que esos inquiokupas tengan que justificar que siguen reuniendo los requisitos de vulnerabilidad, por eso es tan importante", subraya José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario.
El letrado considera que los jueces de Barcelona han asumido el liderazgo de la rebelión antiokupa, también con el tema de los suministros, por una razón muy sencilla: "Prácticamente, el 50% de la okupación que hay en España está en Cataluña y hay jueces que pueden hacer hasta 25 o 30 sentencias semanales en materia de okupación, con lo que es evidente que marcan tendencia, pero, tal y como están las cosas, esto va a ir a más en todas las comunidades, así que yo espero que este tipo de acuerdos se vayan extrapolando".
Lo que desean las víctimas
Lo mismo desean desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recuerda que, aunque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que revisar los requisitos de vulnerabilidad con cada prórroga y debería sentar jurisprudencia (STS 1417/2024), la realidad es que muchos jueces siguen sin hacerlo.
"Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, tanto por registro en el Ayuntamiento, como informando a sus abogados para que lo reclamen al juez —apunta Bravo—, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo".
Sea como fuere, y aunque advierten de que aún queda mucho por hacer, las víctimas de la okupación se felicitan por los pequeños logros cosechados en Cataluña. Sin embargo, no esconden su decepción con el hecho de que tengan que ser los magistrados los que pongan coto a la impunidad que el Gobierno y sus socios garantizan a los okupas.
Adiós al delito de coacciones
La renovación de los informes de vulnerabilidad que beneficiará a los afectados de la inquiokupación se suma a otra medida destinada a aliviar la carga que soportan las víctimas de los llamados okupas de patada en la puerta. Ante la injusticia que supone que muchos propietarios sean condenados por cortarles o dejar de pagar el agua o la luz, los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona sellaron el pasado 7 de marzo un acuerdo para que, a partir de ahora, dicha actuación no sea constitutiva de un delito de coacciones.
Por ahora, solo afecta a los casos de Barcelona y Gerona, cuya Audiencia Provincial ya adoptó una medida similar en noviembre. Sin embargo, al igual que la limitación al decreto antidesahucios, abogados y víctimas confían en que, poco a poco, jueces de toda España se sumen a esta rebelión antiokupa.
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