La Comisión Europea ha emitido una polémica decisión que considera improcedente el pago de la indemnización dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en la disputa de arbitraje que libraron España y la empresa de infraestructuras Antin a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables.
El caso en cuestión arranca en 2013 y se dirimió a favor de Antin, operador de referencia en su sector de actividad al que se reconoció el derecho a ser compensado con 101 millones de euros como reembolso por el impacto que tuvo la modificación anunciada en las primas renovables.
Los inversores afectados reaccionaron con perplejidad ante el anuncio de la decisión de la Comisión, no solamente porque consideran que no tiene sentido confundir el pago de una indemnización con la concesión de una "ayuda de Estado" sino también porque, de acuerdo con la información difundida ayer, Teresa Ribera no habría confirmado por escrito su recusación del caso, abriendo la puerta a una injerencia a todas luces improcedente, puesto que la ex vicepresidenta española y actual comisaria europea fue precisamente quien insistió en impagar estos laudos cuando este asunto llegó a su mesa en 2018, después de su incorporación al gobierno de Pedro Sánchez.
Tres puntos clave
Además de denunciar esta circunstancia, los inversores afectados no bajan los brazos y, de hecho, el bufete K&L Gates, que representa a las empresas perjudicadas por la decisión de Bruselas, ha transmitido lo siguiente a Libre Mercado:
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"En primer lugar, la decisión de la Comisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene plena capacidad para anular cualquier pronunciamiento de Bruselas que vulnere el Derecho comunitario".
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"En segundo lugar, y esto es más importante, las ejecuciones de los laudos siguen su curso en otras jurisdicciones internacionales, donde España ya ha sido condenada y está viendo embargados sus activos. La jurisprudencia es adversa para España en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica y esta decisión de Bruselas no cambia tal circunstancia".
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"En tercer lugar, el compromiso de los inversores es total: harán valer sus derechos hasta las últimas consecuencias, con independencia de las maniobras políticas de Bruselas o Madrid".
En palabras de los afectados, "este asunto trata, en esencia, de defender el Estado de Derecho y el cumplimiento de laudos arbitrales que son esencialmente válidos. Si las instituciones de la UE no están a la altura de estas circunstancias, entonces los tribunales de otras demarcaciones internacionales seguirán siendo los órganos donde se haga justicia".
Europa, ¿tierra hostil para la inversión?
Las fuentes de las empresas afectadas lamentan que "la gestión del "caso Antin" confirma la deriva institucional de la Unión Europea en materia de inversión. El uso político de los mecanismos de Competencia para proteger los pasos políticos que dio una comisaria en ejercicio y blindar al gobierno de su país de origen no solo erosiona la credibilidad de la Comisión, sino que proyecta una imagen muy peligrosa, la de una Europa donde la seguridad jurídica está en función de los intereses políticos del momento".
"En un momento en el que el Viejo Continente se juega su competitividad, este tipo de escándalos ahuyenta el capital, mina la confianza de los inversores y debilita el compromiso comunitario con el Estado de derecho", concluyen.