El auge de la llamada inquiokupación abre un peligroso escenario en el que lo que está en juego ya no es el acceso a la vivienda, con cada vez menos propietarios dispuestos a alquilar, sino el riesgo de una reacción en cadena. "Si yo no recupero mi vivienda, haré lo mismo, porque ya no puedo más, pero entonces… ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Esto es lo que quiere el Gobierno?", se pregunta Mari Carmen, una pensionista de Tarragona absolutamente desesperada.
Sus inquilinos la han dejado de pagar y se niegan a abandonar la casa que heredó de sus padres; una casa que, además, es su primera y única vivienda en propiedad, ya que ella misma vive de alquiler en otra zona más barata. Tanto ella como su marido tienen una discapacidad acreditada del 65%. Ella, por vértigos, ansiedad y fibromialgia; y él, por un tumor en el oído y una lesión inoperable en la espalda, por lo que ambos reciben una exigua pensión con la que, según defienden, apenas pueden llegar a fin de mes. Por si fuera poco, su hijo también se encuentra en una situación similar: "La verdad es que nosotros venimos de muchas desgracias. A él le pilló una moto con 8 años y cobra una pensión de 500 euros porque no puede trabajar".
Con este panorama, los ingresos del alquiler se antojan imprescindibles, ya que las cuentas no le salen. "Yo tengo que pagar la casa en la que vivo, los gastos, 350 euros de abogado todos los meses, más la tasa de basuras suya y los impuestos de ese piso que mis padres compraron con mucho sacrificio y que me dejaron precisamente para poder ayudarme, porque yo llevo toda mi vida viviendo de alquiler y pasando muchas dificultades", lamenta Mari Carmen.
Sus hoy inquiokupas son una pareja joven con tres hijos a los que, según denuncia, la inmobiliaria metió con calzador gracias al padre de la chica, cuya nómina fue determinante para concederles el alquiler, pero que hoy ni aparece ni se hace responsable de una renta que se comprometió a pagar. Ellos alegan haberse quedado sin trabajo, pero a ella esa excusa tampoco le vale.
"Yo he trabajado con mi niño pequeño y discapacitado en todo lo que me ha salido: si he tenido que fregar, he fregado; si he tenido que ir a un matadero, he ido a un matadero; y si he tenido que trabajar en una residencia con abuelitos, lo he hecho. Ellos pueden hacer lo mismo o irse a otro pueblo donde haya más trabajo —insiste—. Pero si no pueden pagar, que busquen otra cosa y se vayan, porque yo no puedo mantenerles y estoy cada vez peor por culpa de esta historia. Esto no es vida", dice con la voz entrecortada.
La trampa de la inmobiliaria
Su particular calvario comenzó tras heredar el piso que sus padres tenían en Cardona. Mari Carmen siempre ha vivido de alquiler y pensó que aquello era una buena oportunidad: si lo vendía, tal vez podría comprar la casa en la que residía en Alcanar junto a su marido y su hijo. Sin embargo, no aparecía ningún comprador, así que optó por alquilarlo para, cuanto menos, poder hacer frente a todos los gastos. Después de dos años, el inquilino se fue y la propietaria, que ya no podía más, volvió a intentar venderlo.
Sin noticias de la inmobiliaria, el pasado mes de julio le sorprendió la llamada de una vecina, que le aseguraba haber visto a alguien dentro. "Fuimos a ver qué pasaba y resulta que la chica nos dijo que, como costaba mucho venderlo, se lo había dejado a un chico", recuerda Mari Carmen, perpleja porque la agencia hubiera tomado la decisión sin su consentimiento y le hubiera dado las llaves sin ni siquiera firmar un contrato de alquiler.
Aun así, terminaron firmándolo: "Me convenció asegurándome que me lo iba a pagar muy bien y que no iba a tener problemas". Nada más lejos de la realidad. A los dos meses, los inquilinos ya empezaron a pagar tarde y mal. "En septiembre, el chico nos dijo que se había quedado sin trabajo y en octubre solo nos pagó 300 euros de los 475 que costaba el alquiler", apunta Omar, el hijo de la propietaria.
De nada sirvieron las conversaciones en las que este último trató de hacerles entrar en razón, explicándoles que, si no podían pagar, tenían que irse, puesto que tanto él como sus padres eran personas con una discapacidad reconocida y les costaba muchísimo llegar a fin de mes con sus respectivas pensiones. "Ella me dijo que tenían tres hijos y que no quería hablar del tema porque estaban muy mal y desde enero ya directamente han dejado de pagar", explica.
Desesperados y cada vez peor
La siguiente sorpresa de esta familia llegó cuando se pusieron en contacto con el seguro que habían contratado. Tras investigar el caso, les informaron de que, junto a la pareja, en el contrato aparecía una tercera persona, el padre de la chica, cuya nómina había sido determinante para concederles tanto el alquiler como el seguro. Sin embargo, no conseguían localizarle. "Y nos enteramos de que, a pesar de que la de la inmobiliaria nos había vendido que no iba a haber ningún problema, realmente a ellos no les salían las cuentas y no les podían dar el alquiler, por eso metieron al padre y volvieron a solicitarlo", apunta Omar indignado.
Tanto él como su madre son conscientes de que hay muchas víctimas que llevan atrapadas mucho más tiempo en este callejón sin salida. Sin embargo, la gravedad de su caso, insisten, viene dada por su delicada situación tanto médica como económica que padecen. "Necesitamos ese dinero o la casa para poder vivir y, viendo cómo están las cosas, me mata pensar que esto pueda alargarse", dice Maricarmen, cuyo estado de salud ha empeorado en los últimos meses por esta situación. "Me han tenido que recetar nuevas pastillas, porque yo sufro de ansiedad y esto me pone mucho peor. Además, con la fibromialgia tengo muchos dolores y ahora mismo solo tengo ganas de llorar, así que ya prácticamente ni salgo de casa", lamenta.
Su mensaje al Gobierno
Con todo, la propietaria pide a sus inquiokupas que entren en razón, pero también mira al Gobierno, quien tiene en su mano la capacidad de derogar el polémico decreto antidesahucios y legislar para impedir injusticias como la suya: "Yo le diría al presidente que se ajustara a lo que dice la Constitución Española, porque… ¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada?".
Entiende que, si esas personas son realmente vulnerables, alguien tiene que ayudarlas, pero no ella, sino precisamente el Gobierno que pretende convertir a los pequeños propietarios en su particular escudo social: "Que liberen suelo y que hagan las viviendas de protección oficial que consideren, pero esto no puede ser", repite una y otra vez, mientras da gracias a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el único lugar en el que encontrado ayuda.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.