La Unión Europea afirma que más del 60% de los suelos de la UE no se encuentran en buen estado como consecuencia del "uso y la gestión insostenibles, la sobreexplotación y las emisiones de contaminantes". Por este motivo, la Comisión quiere obligar a los estados miembros a analizar todas las tierras de sus respectivos territorios nacionales para que "todos los suelos estén en buen estado de salud de aquí a 2050", según establece la Directiva de Vigilancia del Suelo presentada el pasado 5 de julio de 2023.
Los profesionales del campo no tienen nada claro cómo van a ser los indicadores y la metodología que pretende imponer Bruselas para clasificar los suelos y qué límites va establecer en el caso de no llegar a los estándares de calidad decretados. De hecho, varias asociaciones agrícolas europeas han firmado un comunicado en el que han recordado que ellos son los primeros interesados en la "calidad, fertilidad y protección del suelo" porque "repercute directamente en los rendimientos y las rentas".
El texto europeo señala: "De conformidad con la Directiva propuesta, los Estados miembros localizarán todos los terrenos potencialmente contaminados y, a continuación, los cartografiarán en un registro público. (…) Una vez localizado un terreno contaminado, se investigará y se abordará cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente". Y esto es lo que hace temblar a los profesionales, la interferencia de una ley (otra más) en las operaciones agrícolas.
Si el análisis de la tierra no es favorable, según los criterios marcados por Bruselas, las consecuencias podrían ser catastróficas, alertan desde Asaja: "Se podría restringir el uso de determinados abonos o siembras sin ningún tipo de compensación económica o de distinción. Esto no tiene ningún sentido precisamente en el momento en el que estamos".
Además, señalan que la propuesta de la Comisión representa "una intervención drástica" en las prácticas agrícolas y forestales y en las explotaciones agrarias que puede dar lugar a una burocracia que no debería recaer en los agricultores y silvicultores y que contradice esos objetivos de simplificación y competitividad que persigue la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El comunicado de los agricultores y silvicultores de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, España y Suecia concluye rechazando esta directiva que se encuentra en fase de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. También piden que la UE promueva la protección de los suelos a través de reglamentos que ya existan y las medidas voluntarias de la PAC.