La opacidad del Gobierno de España en torno a la gestión del Ministerio de Hacienda, dependiente de María Jesús Montero, ha quedado al descubierto tras la negativa a revelar cuántos funcionarios han solicitado su traslado fuera de Cataluña.
Según una resolución del Portal de Transparencia que ha obtenido en exclusiva por Libertad Digital, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dirigida por Soledad Fernández Doctor, ha rechazado facilitar esta información, amparándose en una interpretación restrictiva de la normativa de protección de datos. La decisión contrasta con la transparencia mostrada por otros organismos públicos, que sí han proporcionado datos similares en respuesta a solicitudes análogas, lo que pone en cuestión la voluntad del Ejecutivo de rendir cuentas en un contexto de creciente polémica por las cesiones fiscales a Cataluña.
La solicitud de información, presentada ante la AEAT, buscaba conocer el número de empleados públicos que, en los últimos años, han pedido abandonar sus puestos en la región, un dato relevante dado el debate sobre la financiación singular y la gestión compartida de impuestos con la Generalidad. La respuesta argumenta invocando los artículos 14.1.d), 14.1.e) y 14.1.g) de la Ley de Transparencia (LTAIBG).
Dichos apartados limitan en el derecho al acceso de información amparándose en la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control Sin embargo, este criterio no ha sido aplicado de manera uniforme por otras instituciones, que han optado por ofrecer datos agregados.
Esta falta de claridad alimenta las críticas hacia la gestión de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien lidera las negociaciones fiscales con Cataluña. La negativa a informar sobre los movimientos de personal en la AEAT coincide con un momento de tensión política, marcado por acuerdos que han otorgado mayores competencias tributarias a la Generalidad. El pasado 28 de febrero de 2025, el Gobierno ha pactó con los independentistas catalanes la gestión compartida del impuesto de matriculación, una medida que incluye la participación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en la campaña de la renta y un refuerzo de sus capacidades para gestionar el IRPF a partir de 2026.
Cataluña gana competencias fiscales
El acuerdo con la Generalidad, que incluye una inversión de 2,1 millones de euros anuales para financiar la gestión de becas y la reducción de 17.104 millones de euros de la deuda autonómica, ha generado recelos en diversos sectores. La cesión de competencias fiscales, presentada como un avance hacia el autogobierno, ha sido cuestionada por su impacto en la cohesión del sistema tributario nacional. En este contexto, la negativa a informar sobre las solicitudes de traslado de funcionarios sugiere un intento de minimizar el impacto de estas medidas en el personal de la AEAT, muchos de los cuales podrían estar buscando estabilidad fuera de Cataluña ante la incertidumbre generada por los cambios de competencias dentro de la Administración.
La opacidad de la Agencia Tributaria contrasta con la postura de otros ministerios y organismos, que han actuado con mayor apertura. Por ejemplo, en casos similares, el Ministerio de Derechos Sociales y el de Igualdad proporcionaron datos sobre traslados de funcionarios tras ser requeridos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Esta diferencia de criterios pone en entredicho la coherencia del Gobierno a la hora de aplicar la Ley de Transparencia, un instrumento que debería garantizar el acceso a la información pública, que sin embargo se aplica de manera arbitraria.
Alerta de los inspectores de Hacienda
La preocupación no se limita a los traslados de funcionarios. La Razón informó que los inspectores de Hacienda han denunciado que las cesiones fiscales a Cataluña podrían estar sentando las bases para una "independencia tributaria" de facto. Según el colectivo, la incorporación de 102 efectivos temporales a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y la ampliación de sus oficinas para gestionar tributos como el impuesto de matriculación representan un refuerzo sin precedentes de la estructura fiscal catalana. Los inspectores advierten que estas medidas, que no requieren cambios legislativos inmediatos, podrían consolidar un modelo paralelo al de la Agencia Tributaria estatal, debilitando su autoridad.
El malestar entre los profesionales del sector es palpable. La posibilidad de que Cataluña gestione íntegramente impuestos clave, como el IRPF, ha generado incertidumbre sobre el futuro de los empleados de la AEAT en la región. Aunque el Gobierno defiende que la colaboración entre la ATC y la AEAT fortalecerá el autogobierno sin romper la solidaridad interterritorial, las críticas de comunidades autónomas y expertos fiscales apuntan a un riesgo de desigualdad en el reparto de recursos. La negativa a detallar cuántos funcionarios buscan salir de Cataluña solo añade leña al fuego, al sugerir que el Ejecutivo podría estar ocultando las consecuencias humanas de sus decisiones políticas.
El Ministerio de Igualdad, revela datos de traslados
La comparación con otros organismos es inevitable. The Objective publicó que el Ministerio de Igualdad, entonces liderado por Irene Montero, tuvo que desvelar que uno de cada tres funcionarios de Irene Montero había pedido el traslado a otro Ministerio. Este precedente pone en cuestión la justificación de la AEAT para mantener en secreto las cifras de traslados en Cataluña.
Derechos Sociales: de la opacidad a la transparencia forzada
Un caso aún más revelador es el del Ministerio de Derechos Sociales. Según The Objective, la cartera dirigida por Ione Belarra rechazó inicialmente proporcionar datos sobre las solicitudes de traslado de sus empleados. Sin embargo, tras la intervención del Consejo de Transparencia, el ministerio se vio obligado a divulgar la información.
En este caso, se confirmó que 51 funcionarios pidieron dejar de trabajar con Pablo Iglesias en apenas un año y dos meses que estuvo como vicepresidente segundo y ministro de Derechos sociales, evidenciando un malestar interno que el Gobierno había intentado ocultar.
Montero ignora demandas de claridad ante el avance del modelo fiscal catalán
Esta resistencia refuerza la percepción de que el Gobierno busca evitar el escrutinio público en un asunto delicado, especialmente cuando las negociaciones con Cataluña han desatado críticas de otras comunidades autónomas y del propio Partido Popular, que ha calificado los acuerdos como un "desguace" de la Agencia Tributaria.
La negativa a informar sobre los traslados de funcionarios no solo cuestiona la transparencia del Ejecutivo, sino que también refleja una gestión poco clara de las consecuencias de sus pactos políticos. La cesión de competencias fiscales a Cataluña, aunque presentada como un paso hacia el autogobierno, está generando tensiones internas en la AEAT y alimentando el descontento en otras regiones. La falta de datos concretos sobre el impacto en el personal impide evaluar si estas medidas están provocando una fuga de talento o una reorganización forzosa de los recursos humanos.
En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, la actitud de la Agencia Tributaria, respaldada por Montero, envía un mensaje preocupante. Ocultar información que otros organismos han proporcionado sin problemas sugiere una estrategia deliberada para esquivar el debate público. Mientras Cataluña avanza hacia un modelo de financiación singular, el resto del país observa con inquietud, preguntándose si el precio de estos acuerdos será una mayor desigualdad y una administración pública menos cohesionada.