"Ceder el 100% de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en la Constitución ni en las normas de desarrollo". Así de tajante se ha mostrado este lunes el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, en la rueda de prensa de urgencia que han convocado este lunes. "Las CCAA no tienen competencia en los impuestos estatales no cedidos. No tienen capacidad alguna" ha añadido.
La semana pasada, el Gobierno de la Generalidad presentó los detalles del plan de independencia fiscal que exigirá a Sánchez a cambio de mantenerse en el poder. Se trata de un documento de 90 páginas que contiene la fórmula para obtener del Estado los máximos privilegios financieros para Cataluña y al menor coste. "Es inconstitucional" ha sentenciado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, que también ha participado en el acto.
Así, una vez analizado el documento, los inspectores de Hacienda han puesto el grito en el cielo. "Se trata de privilegios que generarán en Cataluña una mayor recaudación y una mayor posibilidad de prestar servicios a los catalanes. A cambio, la región se sale de cinco fondos del Estado comunes perjudicado a las CCAA que menos tienen y a sus ciudadanos" explica Peláez.
Cabe recordar que los independentistas catalanes llevan meses dando forma al sistema de "financiación singular" que acordaron PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
Ahora, el Gobierno catalán han desvelado que su principal petición al Ejecutivo de Sánchez será hacerse con el poder de recaudar el 100% de los impuestos así como obtener "plena capacidad normativa" sobre ellos. Según los propios cálculos del Gobierno autonómico, la puesta en marcha de este plan permitirá a su autonomía "recaudar y gestionar" 51.981 millones de euros en impuestos, lo que supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado. Dicho de otra forma, Cataluña pretende dejar de aportar a la caja común 26.365 millones de euros.
El chantaje financiero al Gobierno
A cambio de esta huida del sistema, Cataluña se ofrece a efectuar al Estado un pago periódico (un cupo) por los servicios públicos no transferidos y de los que se beneficia la región. Sin embargo, no hay que olvidar que el cálculo del cupo vasco y navarro lleva mucho tiempo en entredicho debido a la insuficiente aportación de las regiones forales al sistema común.
A pesar de que la principal consecuencia del plan independentista es que Cataluña (la segunda comunidad autónoma más rica de España) estaría reduciendo el dinero que comparte con las regiones más desfavorecidas del país, la Generalidad estaría intentando "hacer creer que quiere seguir siendo solidaria" con otra idea, aseguran los inspectores.
Para ello, ofrece una segunda aportación a un "fondo de reequilibrio territorial para contribuir a la cobertura de los servicios públicos en las comunidades con menor capacidad fiscal y así garantizar el principio de equidad horizontal". Eso sí, este ofrecimiento tiene mucha letra pequeña. Por un lado, los independentistas consideran que "este modelo comporta que la Generalitat asuma todo el riesgo financiero y, por tanto, sea responsable directo ante la ciudadanía de la política de ingresos y gastos". Por ello, "el modelo prevé y exige una relación bilateral y de coordinación con el Estado fluida y leal". En este punto, los inspectores critican que el gobierno catalán no haya cuantificado qué cantidad pretende aportar al Estado y que, encima, la sometan a "una negociación política" con el Gobierno de turno en esta especie de chantaje.
"Nerviosismo" entre los funcionarios catalanes
Como ya publicamos en Libre Mercado, en la Plaza Doctor Letamendi (en Barcelona) se encuentra ubicada la sede autonómica que tiene la AEAT en Cataluña, y lo que los independentistas quieren es hacerse de inmediato con su control. Ya a finales de 2023, el propio Peláez advertía que el plan catalán implicaba hacerse con la "La llave de Letamendi. El edificio, papeles, ordenadores, información... Lo quieren todo". Hoy ha vuelto a insistir en esta idea. "Quieren los medios humanos, la llave, cambiar el rótulo y quedarse con todo" ha avisado.
La vicepresidenta de la asociación, Teresa Benito, ha reconocido que hay "nervios y preocupación" entre los funcionarios que trabajan en la AEAT en Cataluña ante la toma de Letamendi. "Hay 5.000 personas a las que no se les ha tenido en cuenta, que no saben lo que va a pasar o si, con este cambio, van a poder salir de Cataluña luego si lo desean como pueden hacer ahora... " cuenta Benito.
Cabría preguntarse si el Gobierno regional usará esa recaudación extra para subir el sueldo a estos funcionarios y aplacar su enfado. Fuentes de los inspectores explican a LM que, actualmente, no se exige nivel de catalán para ser inspección de Hacienda en Cataluña. ¿Es otra de las amenazas a las que podrían enfrentarse?
La experta también defiende que "en la Agencia Tributaria tenemos un gran activo, que son las bases de datos integradas. Es un sistema de información que se nutre a diario de información y permite que la lucha contra el fraude", pero que ahora está en peligro. Benito considera que esos datos son "la joya de la corona" de la AEAT y que el plan catalán traspasaría "una línea roja" que es la "pérdida de toda esa información". En este sentido, Peláez avisa de que este "fraccionamiento" de la AEAT podría equipararse al "agujero negro" con el que se encuentran muchas veces los inspectores cuando van a obtener información fiscal al País Vasco.