En 2017, último año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno de España, el número de denuncias por "okupación" ilegal de viviendas alcanzaba las 10.619, según datos facilitados por el Ministerio del Interior y analizados por el Instituto de Estudios Económicos. Sin embargo, esta cifra ha crecido con fuerza desde que la izquierda tomó las riendas del país y, de acuerdo con los datos finales para el pasado ejercicio 2024, el número de denuncias registradas es hasta un 55% mayor que en el último año de gestión de Mariano Rajoy.
Así, el pasado curso se cerró con 16.426 denuncias por "okupación" de viviendas. El incremento, pues, es de 5.807 expedientes en comparación con las comunicaciones registradas en 2017. De hecho, el pasado curso fue el tercero con peores registros de toda la serie histórica, solamente por debajo de 2021 y 2022, cuando se dieron 17.274 y 16.765 denuncias por este tipo de delito.
Los datos para 2024 representan un incremento del 7% en comparación con los 15.289 episodios del año 2023. Además, suponen un incremento significativo en comparación con los datos que se dieron en 2010, cuando se dieron 2.702 denuncias de este tipo, lo que supone seis veces menos de los registros alcanzados durante el pasado curso. Al ritmo actual, se dan más de 300 denuncias por semana.
Comunidad por comunidad, el 43% de las denuncias presentadas en 2024 fueron presentadas en Cataluña, mientras que Andalucía supuso el 13% de los expedientes y Comunidad Valenciana se situó en torno al 11%. Estos datos contrastan con Madrid, que reportó el 9% de tales denuncias, claramente por debajo de su peso sobre el total de viviendas del país.
Aunque es la esfera nacional la que debe legislar para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya los tribunales de herramientas más efectivas para combatir la "okupación", el gobierno madrileño ha implementado varias medidas que, dentro de sus competencias, parecen estar dando resultados. De entrada, puso en marcha el teléfono 900 205 112, más conocido como "112 Okupación", que ha recibido 3.800 llamadas hasta febrero de 2025 y ha prestado asistencia a ciudadanos afectados por este tipo de problemática. Asimismo, el gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una política de "mano dura" con la "okupación" de vivienda pública, regularizando hasta 1.175 unidades en que se daba este tipo de situaciones.
Entre 2023 y 2024, Madrid logró una caída del 43% la cifra de denuncias formales por usurpación de vivienda. En números redondos, las denuncias presentadas ante la policía ascendieron a 1.451 en Madrid, pero llegaron a 7.009 en Cataluña, de modo que, por cada 1 episodio de este tipo en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso se dieron casi 5 "okupaciones" en la autonomía gestionada por Salvador Illa.
La pesadilla de desalojar a un "okupa"
La cifra total de "okupaciones" es, presumiblemente, más alta, puesto que los plazos para expulsar legalmente a quienes usurpan ilegalmente un inmueble son muy dilatados y, ante la tesitura de tener que esperar durante años, buena parte de los propietarios afectados optan por buscar arreglos extrajudiciales, apoyándose en empresas de seguridad que facilitan tales procesos.
Así, los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que el tiempo medio para lograr la expulsión de un "okupa" de la mano de la justicia ha subido de 12 a 23 meses desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Semejante deterioro explica que muchas de estas usurpaciones no se comunican a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por miedo a que los procedimientos ordinarios terminen atrapando al propietario en esperas de casi dos años.
La inquiokupación, invisibilizada
El término "inquiokupación" no está reconocido legalmente ni forma parte de las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un concepto político y mediático que describe situaciones en las que inquilinos dejan de pagar el alquiler y permanecen en la vivienda, pero no constituye una categoría jurídica específica ni se registra como tal en las bases de datos judiciales o policiales.
Así, la falta de reconocimiento legal y unificado del término "inquiokupación" implica que no existe una categoría específica para su registro en las estadísticas judiciales o policiales. Además, muchos casos relacionados con inquilinos que no pagan el alquiler pueden resolverse fuera del ámbito judicial, mediante acuerdos privados o desalojos informales, y por tanto no se contabilizan en las estadísticas oficiales. Esto contribuye a la dificultad de medir con precisión la incidencia de este fenómeno.
Con todo, aunque no hay estadísticas oficiales que recojan específicamente la "inquiokupación", algunos datos relacionados pueden ofrecer una aproximación. Por un lado, están las sentencias por impago de rentas del alquiler, que el CGPJ contabilizó en 10.805 en 2023 y 7.560 en el primer semestre de 2024. Por otro, los desahucios por impago del alquiler, que ascendieron a 20.562. Por otro lado, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, de los cuales se documentaron 2.261 expedientes en 2023 y 1.782 en la primera mitad de 2024.