La característica más detestable de la política es la irresponsabilidad. También es la más peligrosa. Un tipo toma una decisión que tendrá consecuencias. Y no asume ninguna de ellas. Tanto si la cosa sale bien (en este caso, intentará salir en la foto de una forma u otra) como si sale mal, al responsable nada le afecta. Es inmoral; pero, además, es completamente ineficiente. Nadie aprende en el proceso (cómo hacerlo, si en realidad no conoces realmente los resultados finales) y nadie se vacuna contra una situación similar.
Esta semana, por ejemplo, el Gobierno ha subido un peldaño en su demagogia habitual con la consulta pública para que los ciudadanos opinen acerca de la OPA entre BBVA y Sabadell. Por un lado, es una manera de que pasen algunas semanas más (otra forma de bloquear una operación que no deseas es empantanar el terreno de juego para que alguno de los jugadores se retire); por el otro, se intuye que el Gobierno busca argumentos del tipo "el pueblo ha hablado" para reforzar su veto.
Lo más grave es el papel del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dando el sello del tecnócrata a lo que él también sabe que apesta a populismo barato. Desde hace años, vengo defendiendo que lo peor del Gobierno son sus ministros técnicos (los Calviño, Escrivá, Cuerpo). Y lo son precisamente porque saben de lo que hablan. Te presenta esta iniciativa otro de sus compañeros y puedes llegar a preguntarte si será consciente del impacto de la misma. Porque, por una mezcla de ideología e incompetencia, puede que ni se lo hayan planteado. Cuerpo sí lo ha hecho.
El destrozo que esto hace a la imagen de España como destino inversor, la inseguridad que genera en el sector, los miedos entre los afectados del presente y del futuro (cómo hacer una oferta por una compañía del Ibex, si sabes que el Gobierno decidirá de forma totalmente arbitraria)... Todo esto Cuerpo lo tiene muy claro. Pero sigue adelante y usará su influencia para explicar en Bruselas (y en otros foros) que esto no es para tanto. Porque si lo fuera, les dirá, él no lo validaría. Pues para eso, prefiero el político analfabeto, porque por lo menos a éste se le hará más complicado engañar en inglés y con power point.
La pregunta, claro, es qué pueden hacer los accionistas de BBVA y Sabadell si al final esto se va al traste y alguna de sus acciones se desploma como consecuencia del veto. Porque podría ocurrir perfectamente. El Gobierno enreda, el proceso se atasca y el mercado comienza a castigar al que compra por no centrarse en su negocio; y al opado porque si no sale la operación no lo ven viable. O por cualquier otro motivo. Lo que está claro es que si la interferencia del Gobierno evita que pueda vender al precio al que quería hacerlo, luego nadie le compensará por ello. ¿Responsabilidad patrimonial de Cuerpo o Sánchez? En realidad, eso sería lo justo. Pero ya me imagino al ministro de Economía poniendo cara de "no estoy para demagogias" ante el mero enunciado. Si él es un técnico, como le venimos con esas ideas de barra de bar de que pague por sus acciones; hay que ser serios.
El 99%
Podríamos pensar que no es para tanto. Al fin y al cabo, la consulta no es vinculante. Vamos, que la hacen como herramienta de marketing, una más de un Gobierno que, a falta de leyes, vive de propaganda. Pero abre una puerta retórica muy peligrosa, una que hasta ahora estaba cerrada.
Por ejemplo, en lo que hace referencia a la opinión pública respecto de una operación privada. Una empresa lanza una OPA sobre otra; las autoridades de competencia se pronuncian; de acuerdo a la legislación vigente (en general no me gustan las normas de competencia, pero ése es otro tema) se imponen a la operación las condiciones que el supervisor estime necesarias. No debería haber mucho más que decir. Y si lo hay, que lo haga el Gobierno por el principio del "ordeno y mando": tengo derecho de veto y lo ejerzo.
Ocultarse tras la consulta popular es absurdo y arriesgado. Porque se lanza el mensaje de que todos tenemos algo que decir en esto. Pero no lo tenemos. Si no somos accionistas de una de las dos entidades y la oferta cumple con la normativa, lo único que deberíamos hacer es callarnos. ¿Y si el 99% de los españoles no está de acuerdo? Pues tienen dos opciones: comprar acciones para evitar la operación o aguantarse. Esto es como si a mis vecinos no les gusta el color de mis ventanas: si está dentro de la ley, aunque no le guste a ninguno, tengo todo el derecho a instalarlas.
Porque, además, el formato de la consulta es de broma. No sólo porque se pueda rellenar con datos falsos (que se puede). Si respondes que "No" a la pregunta de si existen criterios de interés general que puedan verse afectados, no te da opción a nada más: no puedes plantear ningún argumento a favor. Si respondes que "Sí" (que es lo que el Gobierno quiere que respondas), aparece un desplegable de opciones para alimentar tu imaginación y unas cuantas casillas para rellenar con un poco de literatura. Además, no tienes que demostrar ningún tipo de conocimiento sobre el asunto: da igual si eres un experto en el sector o si no has visto un balance de un banco en tu vida: te pones a rellenar el desplegable y envías tus respuestas tan feliz.
Los periódicos (y el ministro Cuerpo) saben que este tipo de consultas son absurdas. Es como cuando el Marca convoca una encuesta para saber si la última caída en el área de Vinicius fue penalty o el Sport monta otro sondeo para saber si debían haber expulsado a ese defensa que lesionó a Lamine Yamal. En los dos casos, terminas con un 90% de síes y una certidumbre entre el lector de que el valor interpretativo de ese porcentaje es nulo.
Ahora, este Gobierno que quiere cambiar el entramado institucional de nuestro país sin preguntarnos o que lleva un par de años encadenando prórrogas presupuestarias (y las que faltan) sin sentirse obligado por ello a convocar elecciones (es decir, sin preguntarnos), ha decidido que sí debe hacerlo sobre si BBVA puede plantear o no una OPA sobre el Sabadell.
Podríamos tirar de argumentos económicos para ilustrar el disparate: desde el hecho de que son los mismos que fomentaron-empujaron la OPA Caixa-Bankia (puestos a preocuparse por la competencia, aquella era bastante más cuestionable); hasta la realidad de un sector bancario europeo que el regulador cree que debe reforzarse para competir en un mercado global. A mí, por ejemplo, esto último no me convence para nada (me gustan más los bancos pequeños y locales) y también me parece horrible la regulación de un sistema financiero que, en la práctica, es un oligopolio en manos de los estados y alejadísimo de los mercados. Pero ahí entraríamos en otro debate, uno sobre el cambio de algunas normas para eliminar incentivos perversos. Pero esto no va de modificar el marco legal en la UE para que luego los actores implicados operen de acuerdo a ese marco. Esto va de arbitrariedad y capricho: esta fusión sí me gusta y la amparo; esta no me gusta y la torpedeo. Por eso, para qué vamos a irnos a los argumentos técnicos, para eso está Cuerpo, el ministro no-político, el que tiene un máster en la London School of Economics. Si hasta nos puede explicar lo de la consulta en japonés, que dicen que lo habla muy bien.