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Por qué la universidad debería ser totalmente privada

La enseñanza pública no garantiza una democratización del capital humano; más bien asegura su generalizada malinversión.

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La práctica totalidad de la población coincide en que la enseñanza es uno de los pilares del Estado de Bienestar. Hablar de una privatización de la educación que vaya más allá del cheque escolar parece ser un tema tabú, incluso para los liberales. Sin embargo, la teoría económica permite comprender por qué no sólo es recomendable sino imprescindible para el desarrollo que la enseñanza, especialmente la superior/universitaria, sea completamente privada.

Lo esencial es tener claro qué debe ser y qué no debe ser la enseñanza universitaria. Por resumirlo, la universidad debe convertirse en una empresa cuyo propósito sea el de fabricar o proveer un bien de capital harto concreto y específico: el llamado capital humano muy especializado. La universidad no debe ser un foro público para adquirir una formación general un tanto más profunda que la proporcionada por la enseñanza secundaria y que nos convierta en buenos ciudadanos. O, al menos, no debe ser eso si luego pretendemos que esos años de carrera lectiva nos sirvan para lograr un sobresueldo en el mercado laboral.

Por consiguiente, la universidad produce capital humano, esto es, inocula a sus clientes/estudiantes una serie de conocimientos teórico-prácticos que, con posterioridad, deberían permitirles producir en el mercado una mayor cantidad de bienes y servicios que otros agentes sin esa formación: el capital humano debe servir para incrementar la productividad de los trabajadores y, por tanto, lograr sueldos más elevados.

El capital humano, pues, es un bien de capital más, con todo lo que ello entraña: su valor depende de su capacidad para generar bienes económicos valiosos dentro de un plan empresarial en el que deberá coordinarse y complementarse con otros bienes de capital. Los sobresueldos (o los beneficios extraordinarios, si el estudiante se vuelve autónomo) son precisamente la remuneración de ese bien de capital, como los dividendos lo son de las acciones o los intereses de la renta fija. Y el sobresueldo podrá pagarse si un trabajador que dispone de un cierto capital humano es más productivo dentro de un determinado plan empresarial que otro trabajador que carece de ese capital humano.

La tarea de las universidades no es nada sencilla. En cierto modo, cabe reputarlos como centros productivos de una enorme complejidad: su materia prima es un conocimiento tremendamente especializado –pensemos en la cantidad de licenciaturas y de maestrías que existen dentro de éstas– que año a año queda desfasado por el avance de la ciencia, por el eventual cambio de gustos de los consumidores y por las nuevas metodologías docentes. Sus clientes, los estudiantes, tienen que recibir una formación puntera (pues, en caso contrario, saldrán al mercado laboral y serán desplazados por otros trabajadores mejor adiestrados), que esté adaptada a las necesidades del consumidor (pues, en caso contrario, no habrá empresarios que quieran incorporarlos a sus planes de negocio abonándoles un sobresueldo) y que les sea lo más inteligible posible (pues, si no, todos los esfuerzos docentes serán en vano).

No se trata sólo, por tanto, de formar a los mejores arquitectos –o ingenieros, o economistas o juristas– posibles desde un punto de vista técnico, sino también a aquellos que sepan diseñar las construcciones que vayan más en consonancia con los gustos de los consumidores (o quizá, si hay exceso de construcciones y arquitectos, lo acertado sea no formar a ningún arquitecto). Los conocimientos que adquieren, en definitiva, no han de ser útiles para la formación personal y humana del alumno o para el avance en abstracto de la ciencia –para lo cual puede haber otros centros adscritos a la universidad que realimenten la labor de la docencia–, sino para el consumidor, que al final es quien le pagará el sobresueldo al estudiante.

Así las cosas, un capital humano que no cumpla con estos tres requisitos –excelencia técnica y adaptación a las necesidades del consumidor que permita lograr un sobresueldo en el mercado– puede considerarse una mala inversión, equiparable a la de un promotor inmobiliario que en el auge de una burbuja del ladrillo siguiera construyendo más y más viviendas que luego no ha podido colocar a buen precio.

La cuestión es si la universidad pública puede proveer un capital humano que no sea en general un cúmulo de malas inversiones o si, por el contrario, el buen capital humano sólo podrá gestarse en centros universitarios privados sometidos a la competencia del mercado y a la ausencia de regulación del sector público.

Existen razones que afectan tanto a la oferta –a la manera que tienen las universidades de funcionar y enseñar– como a la demanda –a la cantidad y calidad de estudios que desean contratar los estudiantes– para concluir que, como en cualquier otro centro productivo especializado, es imprescindible que la universidad esté sometida por entero a la competencia propia del libre mercado.

Entre las de oferta, la universidad debe ser suficientemente flexible como para adaptar su conocimiento técnico y sus métodos docentes a las muy cambiantes necesidades del mercado (de las empresas y de los consumidores). El profesorado –y la organización de éste dentro de la universidad– ha de estar sometida a una reelaboración continuo; una flexibilidad que sólo puede lograrse no a golpe de planificación central y de planes quinquenales, sino merced a la presión competitiva de otras universidades más eficientes que pueden terminar desplazando a las menos eficientes. Es necesario que los modelos educativos que queden desfasados puedan desaparecer y no se eternicen gracias a la teta del presupuesto público; para lo cual resulta a su vez necesario que los empresas y la administración puedan discriminar entre los títulos de distintas universidades según su calidad: una licenciatura en una universidad puntera no puede ser equiparable a una licenciatura de una universidad deficiente.

Asimismo, la competencia entre universidades no sólo afectaría a la calidad de sus servicios, sino también a su coste. Internet, los Ebooks y demás nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de posibilidades para desarrollar nuevos modelos educativos que vayan más allá de la universidad tradicional. La participación de un centro de enseñanza superior en la formación del capital humano puede ser muy variable: desde la tutela directa y presencial de un equipo docente durante 20 horas semanales a lo largo de cinco años a la provisión del material docente y posterior certificación de que un determinado alumno ha adquirido por su cuenta los conocimientos reconocidos en su título, pasando por la enseñanza online presencial o no presencial. Cada universidad podría configurar su propia oferta de servicios académicos, cuyo precio sería creciente con su coste (con el grado de implicación en la formación) y permitiría a una variedad muy amplia de alumnos, con niveles de renta muy diversos, acceder a un mismo título. A día de hoy ya existen numerosos centros que cobran sólo por examinar y certificar la adquisición de unos determinados conocimientos, sin perjuicio de que, abonando un sobreprecio, los estudiantes puedan comprar directamente los materiales o asistir a clases presenciales.

Igualmente, tampoco tiene demasiado sentido que la carrera universitaria sólo pueda ser un corpus inseparable de conocimientos que proporcionen una visión presuntamente completa al alumno sobre una materia a lo largo de cuatro o cinco años. Lo lógico sería que cada universidad pudiese ofrecer ‘packs’ de duración y precio mucho más reducido y con un contenido mucho más específico; el objetivo es formar especialistas que sepan desarrollar servicios extraordinarios en una materia. El mejor contable del mundo no tiene por qué tener un conocimiento demasiado profundo sobre macroeconomía, por lo que ambas materias no tienen por qué estudiarse a la vez: la posibilidad de estudiar por módulos que puedan adquirir los alumnos, sin perjuicio de la obtención de un título que acredite exactamente los conocimientos adquiridos, proporciona una flexibilidad enorme a la hora de formar el capital humano y a la hora de reorganizar internamente las materias impartidas y los métodos empleados. Más que observar los estudios universitarios como una variable discreta (0 ó 1: o se tiene un título, aunque falte una asignatura, o no se tiene), habría que entenderla como una variable continua (se poseen distintos grados de conocimiento reflejados en un currículum dinámico).

Por lo que respecta a la demanda, nunca olvidemos que la enseñanza universitaria es una inversión en un activo llamado capital humano y cuya rentabilidad es el sobresueldo que cosecha el trabajador. Si reputaríamos absurdo que el Estado nos concediera a todos (o, más bien, a unos cuantos adolescentes) un cheque de, por ejemplo, 20.000 euros para que todos pudiésemos poseer una cartera de acciones bursátiles (¡y no sólo los ricos ahorradores!), deberíamos considerar igualmente absurdo que el Estado subvencionara la demanda de lo que es, repito, una inversión en un activo muy específico y especializado como es el capital humano.

¿Y por qué es absurdo? Para empezar, porque los costes se socializan (todos los contribuyentes sostienen la universidad pública) pero los beneficios se privatizan (los sobresueldos percibidos por cada trabajador). Se puede pensar que un sistema fiscal progresivo contrarresta este hecho (paga más quien más gana), pero no olvidemos que no todos quienes obtienen un sobresueldo tienen que obtenerlo por gozar de estudios universitarios... ni todos los que gocen de estudios universitarios tienen por qué obtener un sobresueldo ni tampoco obtenerlo en virtud de ese título. Por tanto, el sistema fiscal progresivo es una manera muy torpe e injusta de contrarrestar la socialización de los costes y la privatización las ganancias.

Pero el problema de fondo es otro: la lógica y la conveniencia de toda inversión depende de que la rentabilidad de la misma sea positiva y superior a la de otros activos de riesgo similar. Es decir, se trata no sólo de ganar dinero, sino de ganar al menos el mismo que podríamos obtener en otras inversiones. Si subvencionamos total o parcialmente el coste de la universidad, lo lógico es que la demanda de estudios universitarios se dispare muy por encima de lo que es realmente rentable y conveniente. Por ejemplo, si el coste de estudiar cinco años en la universidad es de 40.000 euros pero el Estado la ofrece gratuitamente, un estudiante decidirá invertir en capital humano aun cuando los sobresueldos que consiga a lo largo de su vida laboral no superen los 30.000 euros. Es decir, la inversión será ruinosa (el coste de obtener el capital humano será mayor que la utilidad que proporciona) pero el incentivo será a acometerla.

Obviamente, si el coste privado de ir a la universidad es cero, lo que cabe esperar es, primero, que su demanda se masifique aun cuando los sobresueldos logrados sean nulos; y, segundo, si existen otros beneficios no monetarios de acudir a la universidad (por ejemplo, cinco años sabáticos en los que no se estudia demasiado y se disfruta de una juventud dorada), los alumnos tenderán a desatender por completo qué disciplinas deben dominar para percibir los sobresueldos que presuntamente justifican la enseñanza universitaria (elección casi aleatoria o por interés personal de la materia). En definitiva, si el Estado subvenciona el coste de la universidad, su demanda será siempre excesiva y generalmente despreocupada por la calidad de la oferta.

La titulitis es una enfermedad propia de sociedades donde la universidad carece de precio, donde los alumnos no están en absoluto interesados en comparar los costes y los beneficios de la inversión en capital humano y donde los centros encargados de expedir el título no se juegan su supervivencia en su calidad diferencial. Una sociedad no necesita universitarios en general, sino personas especializadas en muy diversas áreas; cuando lo que proporciona es una imprenta de licenciaturas y de jóvenes incolocables –que además deben recurrir a posgrados privados para especializarse mínimamente–, es que su sistema universitario es completamente fallido.

Por último, que el precio de la enseñanza superior refleje todo su coste no significa ni mucho menos que las diferencias sociales vayan a ahondarse. Primero, porque un rico que sea tonto no obtendrá durante mucho tiempo un sobresueldo gracias a un título de calidad comprado a tocateja (otra cosa son los contactos familiares, pero eso es independiente de la titulación); y si eso es así, la compra de licenciaturas por parte de los ricos tenderá más bien a descapitalizarlos (habría sido mejor que metieran el dinero en una acción que proporciona una renta del 7% anual que en un título que renta un 0% al año).

Y segundo, porque los pobres inteligentes no sólo pueden ser becados por las universidades privadas (cosa que ya sucede en la actualidad), pues el prestigio de éstas procede de tener alumnos excelentes y bien colocados en el establishment, sino porque la versatilidad de una industria universitaria privada y desregulada permitiría una variedad de precios tan grande que daría paso a una formación realmente continua. En ninguna parte está escrito que una persona debe adquirir todo su capital humano de los 18 a los 23 años. Perfectamente puede estudiarse un módulo de finanzas, percibir un sobresueldo durante cuatro años, ahorrar parte del mismo y costearse el estudio de otro módulo, etc. Lo único que de facto cambiaría es que la gente analizaría mucho más cada paso que da: a saber, si conviene (si es rentable) ampliar un poco más su formación en cada una de las etapas de su vida. De hecho, así habrán de hacerse las cosas: el capital humano debería estar en continuo reciclaje (no quedarse estancado en los conocimientos adquiridos durante la adolescencia) y orientarse siempre a la creación de un mayor valor para el consumidor que aquel que ha costado formarlo.

La enseñanza pública no garantiza una democratización del capital humano; más bien asegura su generalizada malinversión. 

Puede dirigir sus preguntas a contacto@juanramonrallo.com

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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