Este lunes se conocía la noticia de que el Banco de España avalará la compra de la CAM con hasta 20.000 millones de euros. Esto quiere decir que aquella entidad que se haga con la caja valenciana tendrá un colchón proporcionado por todos los contribuyentes españoles en caso de que las pérdidas del sector del ladrillo que están ocultas en sus balances sean mayores de lo esperado. Es una medida dolorosa, pero seguramente es también la única manera que ha encontrado el órgano supervisor de sacarse de encima este muerto.
En realidad, tampoco debería extrañar a nadie. Desde que comenzó el proceso de reconversión del sistema financiero, los balances de las cajas han ido perdiendo la buena cara que mostraban en 2007 y 2008. Las entidades tenían en sus cuentas miles de millones de créditos morosos (impagados o de muy alto riesgo) como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Todas ellas han tenido que ir admitiendo poco a poco descuentos en su cartera de activos. Pero las tres cajas intervenidas hasta ahora han destacado con luz propia (aunque no precisamente por una cuestión positiva).
Según se han ido conociendo las cuentas reales de la CAM, Cajasur y CCM, se han sucedido de forma inmediata los titulares en la prensa. El sector ha vivido en una tensión constante, entre otras cosas porque el hecho de que se supiera que los balances de estas cajas no estaban tan limpios como se suponía también afectaba, aunque sólo fuera de forma indirecta, al resto.
De esta manera, viendo los números es lógico que la CAM haya necesitado que el Fondo de rescate (FROB) le inyecte hasta el momento 5.800 millones (2.800 directamente en caja y 3.000 en una línea de liquidez) y que el Banco de España avale con hasta 20.000 millones de euros su venta a otra entidad. Y es que, la cuenta de beneficios de la CAM pasó de 40 millones de euros a reflejar unas pérdidas de 1.136; mientras que la morosidad declarada se iba del 5,2% en septiemvre de 2010, ésta sobrepasó 19% tras su intervención.
Tampoco es que sus dos compañeras de viaje lo hayan hecho mucho mejor. Así, Cajasur pasó de declarar pérdidas de 196 millones a descubrir unos números rojos de 950 millones de euros; y su morosidad se disparó hasta el 13,2%, cuando se suponía que estaba en la mitad de esa cifra. Con estos dos cambios, no es extraño que su sufrido comprador (la BBK vasca) pidiera al Banco de España que asumiese el 90% de las pérdidas por activos inmobiliarios, aduciendo que desconocía la verdadera situación de la entidad.
Por último, queda Caja Castilla-La Mancha (CCM), la que fue la primera caja intervenida en esta crisis. En este caso, la morosidad pasó en apenas un mes de un 6% declarado a un 17% real, mientras que unos beneficios modestos pero razonables de 30 millones de euros se convertían en apenas unos días en unas pérdidas de 740 millones que el FROB tenía que comerse para que Cajastur, el comprador que buscó el Banco de España, aceptase quedarse con la caja manchega.
En total, tras ser intervenidas, estas tres cajas arrojaron unas pérdidas superiores a los 2.500 millones de euros, derivadas de un espectacular aumento de su morosidad (en algunos casos casi se cuadruplicó respecto a lo anunciado oficialmente antes de que entrara el Banco de España).
El problema es que estas entidades habían pasado sin dificultades los, supuestamente, estrictos controles del regulador. Aunque el Gobierno insiste en que ya no quedan más sorpresas y que el sistema financiero está recapitalizado y en vías de recuperación, con estos antecedentes no es extraño que aún haya muchos que no terminen de fiarse.