Continúa la novela por entregas de las prejubilaciones de directivos de NovaCaixaGalicia (NCG) desde que fuimos conociendo las generosas indemnizaciones a ex directivos de la entidad que, en conjunto, alcanzaban los 20 millones de euros (3.327,72 millones de las antiguas pesetas, un buen pico a repartirse entre 6 directivos). Una cifra generosa, financiada con el dinero de todos los españoles, como premio a unos directivos que han llevado a la entidad a la nacionalización para evitar su quiebra.
Desde que este asunto ha ocupado las primeras planas de la prensa gallega y nacional, el baile de cifras, de implicados y de respuestas, ha sido constante. En un inicio, el actual Consejo de Administración de NCG manifestaba su sorpresa por dichas indemnizaciones, luego negaba tener algo que ver con dichos blindajes, posteriormente, según salían a la luz cifras, por una parte se alegaba que dichos contratos son confidenciales (curioso, declarar confidenciales estos contratos en una entidad nacionalizada, en la que se ha usado dinero público para pagar a estos directivos), y por la otra comenzaba una batalla política por repartirse las culpas.
Presionados por los acontecimientos, el presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, ha decidido tomar cartas en el asunto e iniciar negociaciones con estos directivos, encaminadas a la devolución de parte de dichas indemnizaciones, con resultados dispares. Por otra parte, el PSOE no quiere perder la ocasión, tratando de llevar el ascua a su sardina, e inicia una campaña para tratar de implicar al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo en el asunto, con dimisiones teatrales de por medio, lamentos por la obra social de las cajas, peticiones de investigación en el Parlamento gallego, y el resto de fuegos de artificio al que nos tienen acostumbrados los socialistas. Tratemos, pues, de arrojar un poco de luz en esta historia, clarificando los hechos objetivos, y que cada cual saque las conclusiones pertinentes.
Los directivos implicados en estas indemnizaciones millonarias son, entre otros: Javier García de Paredes, ex Director General adjunto de NCG, que supuestamente percibió entre 3 y 7 millones de euros; José Luís Pego, ex Director General de CaixaNova, con una indemnización de 18 millones brutos, que se quedan en 11,2 millones netos; Óscar Rodríguez Estrada, ex Director general de la Oficina de integración, unos 7 millones; Gregorio Gorriarán, ex Director de la división inmobiliaria, otros 7 millones; José Luis Méndez, ex Director General de Caixa Galicia, que en un principio afirmó haber renunciado a la indemnización, si bien luego confirmó que renunció a una parte, echándole el guante a 12 millones de euros.
Lejos de circunscribirse a estos directivos, la lista de los que se lo han llevado crudo se amplía por momentos a los mandos intermedios, como Julio Rivero y Juan Dapena -de Caixa Galicia-, o Ángel López Corona y Alberto Míllez -de CaixaNova-. Es previsible que sigan aflorando afortunados, puesto que el equipo de Castellano parece que está revisando a fondo todas las indemnizaciones en las escalas directivas, se supone que en coordinación con el Banco de España y el Ministerio de Economía, que son los que en la actualidad controlan de facto la entidad.
Lejos de comparecer a petición propia y aclarar de una vez por todas este sucio asunto, cuatro de estos ex directivos se van de vacaciones, se supone que para alejarse del mundanal ruido que sus indemnizaciones han levantado. A fin de cuentas, hasta quebrar una entidad da su trabajo, justo es un descanso, y conveniente cuando los focos mediáticos y sociales se centran en estos asuntos del vil metal.
La cúpula aprobó los blindajes
Otra línea de interés lo constituyen los actos jurídicos y financieros relacionados con las firmas de contratos blindados y las autorizaciones pertinentes de liquidación de los mismos, y la consiguiente reserva de partidas presupuestarias. A este respecto, resulta de especial interés la información que se va conociendo, conforme Gayoso blindó a 18 directivos de CaixaNova un mes antes de la fusión, acto que de seguro conocía el Banco de España y el Ministerio de Economía, que ya por entonces tenían el control efectivo del proceso. Otros contratos ya fueron blindados en 2005 y 2006, concretamente, el de Gayoso, que en octubre de 2010, en plena operación de rescate de las entidades, no duda en continuar con tan cuestionable cultura directiva.
El siguiente acto de interés es el que autoriza la reserva de fondos para pagar parte de estas indemnizaciones, realizado en un mes generalmente inhábil a estos efectos, como es agosto de 2011, y que demostraría que el nuevo Consejo de Administración era perfectamente conocedor de las mismas, puesto que, en concreto, la indemnización de 4 directivos fue aprobada el 4 de agosto por la Comisión de Retribuciones, y ratificada el 25 de agosto por el Consejo de Administración. Hablando mal y pronto, que los han pillado a todos con el carrito de los helados, y aquí cada uno trata ahora de salir por donde puede.
El circo político
Por supuesto, ante estos hechos, llega el momento de señalar responsables, para lo cual se inicia la batalla política y mediática pertinente. Como comentábamos antes, los socialistas han visto una oportunidad de implicar a la Xunta de Galicia en este asunto, para lo cual comienza el circo al que nos tienen acostumbrados, empezando por la teatral dimisión de la Consejera Socialista en NCG, Mar Barcón, lo cual nos lleva a dos conclusiones, o no se enteraba de la misa la media, por lo que su dimisión es más que justificada, pues no están los tiempos para pagar con nuestro dinero a incompetentes, o con este numerito busca aparentar que los socialistas se alejan de tan sucio asunto, escandalizados por tamaña fechoría.
Luego continúa con peticiones de apertura de una Comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, reclamada por el BNG, a través de Carlos Aymerich, así como a socialistas como Francisco Caamaño, que reclama la apertura de una investigación de corte más judicial. Todo ello aderezado con ataques a la gestión del Ejecutivo de Alberto Núnez Feijóo en este asunto, lo cual no deja de ser puro teatro, puesto que la Xunta de Galicia, para bien o para mal, es un mero convidado de piedra en este asunto. La Xunta de Galicia no tiene competencias en este tema, quien manda en NCG es el Banco de España y el Ministerio de Economía, y Feijóo, como mucho, lo que puede hacer son valoraciones políticas, pero nada más.
Resulta cuando menos llamativo el que los socialistas se rasguen las vestiduras con NCG, cuando el mapa de Cajas de Ahorros, SIP's y neobanquitos es un auténtico patatal a día de hoy. Todavía estamos esperando explicaciones por lo ocurrido en Caja Castilla La Mancha, en Cajasur, en la CAM, en el desastre de fusiones frías de las cajitas catalanas, una bomba a punto de explotarle en las narices a la Generalidad.
Los culpables
Los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo en las Cajas de Ahorros españolas son Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), gobernador del Banco de España, y Elena Salgado, ministra de Economía del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el resto, canto y baile.
Por último, sería de agradecer a ciertos diarios nacionales que fueran un poco más serios con sus titulares y las noticias relacionadas con los mismos, como es el caso de El País y la chapuza torticera publicada el lunes, dando a entender en su titular que NCG tiene montado un "corralito", cuando realmente la noticia trata sobre los problemas de reembolso de participaciones preferentes. A día de hoy, los clientes de NovaCaixaGalicia pueden operar con total normalidad en sus cuentas corrientes y de ahorro, el asunto de las preferentes nada tiene que ver, y es un problema generalizado en las Cajas de Ahorro, no exclusivo de NCG.