Parece que las dudas empiezan a disiparse acerca de cómo el nuevo Gobierno pretende salvar a bancos y cajas. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha comprado la propuesta planteada recientemente por los promotores y el conjunto del sector financiero, consistente en que el Estado constituya un banco malo en el que ubicar el abultado stock de activos inmobiliarios de bancos y cajas.
Según afirmó el martes en la sede de la asociación de promotores APCE en Barcelona, en el PP "jamás hemos dicho que la responsabilidad de la crisis es de la construcción y saldremos de la crisis con todos los sectores económicos, con los emprendedores y también con la construcción, que es un sector fundamental y uno de los motores importantes del crecimiento económico". Por ello, Montoro apostó, entre otras cosas, por crear un banco malo en el que "Estado y los privados compartan los riesgos y que sirva para movilizar todos los excedentes de vivienda de la banca". De este modo, de llevarse a cabo, los contribuyentes tendrán que sufragar parte de las pérdidas derivadas de los activos tóxicos que acumula el sector financiero.
Por otro lado, apostó por aplicar ayudas fiscales tanto para las empresas como para los compradores como fórmula para reflotar el sector inmobiliario en España. "Todo esto hay que hacerlo mirando a las empresas del sector, a las que hay que dar una facilidad fiscal para que no vivan mayores problemas de los que ya han tenido". Así, planteó volver a poner la desgravación fiscal a la compra de vivienda, "porque la vivienda es un ahorro y una constitución de patrimonio, y es lo que hay que estimular", además de mantener un IVA superreducido para la vivienda nueva. Sin embargo, rechazó la dación en pago, ya que son "fórmulas simplistas que acabarán encareciendo el crédito", informa Efe.
Las recetas de los constructores
Por otro lado, la Confederación Nacional de Constructores ha confeccionado un particular recetario para reactivar el sector y crear empleo en los próximos años, ya que "no se puede salir de la crisis económica sin contar con el sector de la construcción", según el presidente de la patronal, Juan Lazcano. De entre las medidas propuestas, las más lesivas para el bolsillo del contribuyente serían las siguientes:
- Una inversión anual de 25.000 millones de euros en obra pública para dar empleo a 450.000 personas. Para ello, recomienda al nuevo Ejecutivo que los gastos no productivos los deriven a esa partida.
- Que las inmobiliarias puedan conseguir préstamos públicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para construir vivienda protegida (VPO) para la venta.
Aunque, por otro lado, los constructores plantean ciertos incentivos fiscales y medidas liberalizadoras tanto en el sector constructor como inmobiliario:
- Aprobar una ley atractiva de colaboración público-privada, con el fin de que inversores privados puedan meterse en proyectos de infraestructuras rentables.
- Dar luz verde a una normativa que regule la captación de financiación privada para acometer infraestructuras, de forma que el sector no dependa exclusivamente de las inversiones públicas.
- Agilizar los trámites administrativos para edificar un inmueble.
- Aumentar el valor del suelo mejorando sus derechos edificables: que se pueda construir más en un terreno o reducir el porcentaje de suelo destinado a VPO.
- Reducir el tiempo para lograr las licencias de ocupación.
- Modificar los impuestos vinculados a la transmisión de inmuebles.
- Incentivar fiscalmente el ahorro destinado para la compra de vivienda o el pago hipotecario.
- Aplicar un IVA reducido a todas las empresas que trabajan en la rehabilitación de viviendas -desde el proveedor de materiales al albañil.
- Ampliar la deducción fiscal en el IRPF por rehabilitar la vivienda habitual y eliminar los límites económicos para disfrutar de ella.