Fátima Báñez no tendrá unos primeros meses tranquila como ministra de Empleo. Seguramente ya lo sabía, pero la política popular se enfrentará al reto de poner sobre la mesa una reforma laboral que modifique por completo el marco regulatorio español y, al mismo tiempo, contente a los agentes sociales.
Es una ecuación de muy difícil resolución. El Gobierno ha dado a sindicatos y patronal hasta el 6 de enero para alcanzar un acuerdo. Pero no parece sencillo que las partes lleguen a un pacto en las cuestiones clave: los modelos de contratación y el ámbito de la negociación colectiva. Según todas las informaciones de la negociación, el acuerdo en los temas menores está muy cerca. En lo que respecta a las mutuas, absentismo laboral, prejubilaciones y establecimiento del arbitraje frente a la resolución judicial de conflictos, las posiciones de sindicatos y patronal están próximas, y podrían cerrar un texto de consenso.
El Gobierno se servirá de este pacto de mínimos como base sobre la que construir su reforma. Pero los dos principales temas de conflicto quedarán fuera, salvo sorpresa mayúscula, del acuerdo y aquí Báñez no tendrá otro remedio que legislar unilateralmente.
¿Contrato único?
En la cuestión de las modalidades de contratación, parece que el camino elegido está a medio camino entre lo vigente en la actualidad y ese contrato único del que tanto de ha hablado en los últimos meses. No habrá una única forma contractual, pero sí se reducirá su número. De esta manera, las claves en este tema serían:
- Reducción drástica de las modalidades de contratación. No más de seis-ocho tipos de contrato.
- Mayor facilidad y menos costes para las empresas para realizar contratos a tiempo parcial.
- Más claridad en la determinación de las causas del despido objetivo. El Gobierno siente que uno de los problemas del coste del despido no es sólo la indemnización (45 ó 33 días en caso de despido improcedente y 20 días en los objetivos), sino que los empresarios no saben en muchas ocasiones a qué atenerse. La gran mayoría de los despidos objetivos acaban en los tribunales y estos casi siempre dan la razón a los trabajadores. Por eso, el plan del Ejecutivo es redefinir las causas de este tipo de despido, tanto para abaratar algo el ajuste a las empresas en dificultades como para evitar los costes de la vía judicial.
- Impuestos a las indemnizaciones por despido: según informa El Economista, Empleo estaría planteándose que las indemnizaciones paguen IRPF a partir de los 20 días por año trabajado. Con esta medida, se desincentivaría que los sindicatos hicieran del coste del despido una línea roja que no se puede traspasar.
- Minijobs: no están en la agenda. Este mismo lunes, en una entrevista en ABCPunto Radio, Báñez declaró que por lo que apuesta el Gobierno es por el modelo de formación dual alemán, por el que los jóvenes trabajan al tiempo que siguen formándose. "No estamos barajando lo que se ha llamado minijob porque nos parece que no encajan bien en este momento", ha reiterado la titular de Empleo.
Convenio de empresa
Ésta es la cuestión en la que el acuerdo está más lejos. La patronal está decidida a que sea el nivel empresa el que sea prioritario, mientras que los sindicatos no permitirán sin luchar que se les quite una de las armas que más influencia les otorgan socialmente.
- Las señales que envía el Gobierno apuntan a que se permitirá el descuelgue de las empresas de los convenios de sector y territoriales. De esta manera, las compañías podrían coger sólo aquellas partes que más le interesen y pactar con sus sindicatos el resto de cuestiones. A esto podría referirse Rajoy cuando dijo en su discurso de investidura que quería que se diese prioridad al ámbito más adecuado para cada tema. También es cierto que no ha habido una declaración clara al respecto, por lo que es la parte en la que más dudas existen sobre cuál será la decisión final del Gobierno.