PIDE APLAZAR PAGOS AL ESTADO

Feijóo tacha de "improvisación" la posible rebaja fiscal de Aguirre

El presidente de la Xunta de Galicia asegura que le gustaría tener el "sistema de financiación que tiene Madrid".

LIBRE MERCADO

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que le parece "una improvisación" proponer ahora cualquier tipo de rebaja de impuestos en el tramo autonómico, cuando aún no se conocen las previsiones macroeconómicas del Gobierno ni sus presupuestos para este año.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita al polígono industrial del Tambre, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de esperar a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para la próxima semana, antes de plantear cualquier tipo de rebaja impositiva, como la del IRPF que está estudiando el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. En todo caso, ha puntualizado que a Galicia "le gustaría tener el sistema de financiación que tiene Madrid", ya que considera que el modelo actual beneficia a esta Comunidad, así como a Cataluña, mientras que perjudica a las comunidades del noroeste español.

En cuanto a la posibilidad de plantear una rebaja del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en Galicia, el presidente ha puntualizado que "la oposición pide subirlo", y ésa es "la propuesta que la Xunta tiene sobre la mesa" por parte del PSdeG y el BNG, pero insistió en que cualquier pronunciamiento en este sentido sería improvisar. "Vamos a tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera y es ahí donde las comunidades tienen que hablar, cuando conozcamos cuáles son las líneas estratégicas del Gobierno", ha apuntado Feijóo en referencia a las previsiones desde el punto de vista tributario, fiscal y de gasto público.

Galicia acudirá a la reunión preparatoria que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantendrá el miércoles con las autonomías del PP antes del CPFF para "escuchar las propuestas", según ha manifestado Feijóo, quien ha pedido conocer "qué instrumentos va a poner el Ministerio en manos de las comunidades para cumplir el déficit público" y las medidas para crecimiento económico y el consumo.

Además, ha asegurado que la Xunta seguirá reclamando un aplazamiento del pago de la deuda con el Estado por los adelantos del sistema de financiación, ya que sostiene que "no es posible" pagarla en cinco años, sino que hay que "ampliar el plazo", aunque no ha especificado si a diez años, como había reclamado anteriormente. Ha insistido en que se trata de una deuda por la "presupuestación incorrecta" realizada por el anterior Gobierno central socialista y "Galicia no mudó sus principios básicos y sus intereses como consecuencia de que mudó el Gobierno de España", ha concluido, por lo que va a seguir pidiendo que se amplíe el plazo de pago.

Reunión con las CCAA del PP

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá el miércoles con los consejeros económicos de las comunidades gobernadas por el PP para analizar sus planes de ajuste y la futura ley de estabilidad presupuestaria, que fijará techos de gasto y deuda y penalizará a quienes no los cumpla. La cita es previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana, donde los gobiernos de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla tendrán ocasión de debatir los principios de la ley orgánica que desarrollará la reforma constitucional aprobada el año pasado.

El objetivo, según subrayó ayer Montoro, es que todas las administraciones se comprometan con el objetivo de corrección del déficit público. Según los cálculos del Ejecutivo, las autonomías son responsables de la mayor parte de la desviación del déficit de 2011, que cerrará en torno al 8 por ciento del PIB, dos puntos por encima de la previsión y del compromiso adquirido con Bruselas.

Sobre la mesa de la reunión estará también el cierre de alrededor de 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas. Las propias comunidades acordaron en 2010 eliminar 515 entidades públicas, pero, según los datos aportados por el Gobierno, sólo se han suprimido 69.

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