Por primera vez, el Gobierno ha hecho público este jueves el dato del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC). Ante la sorpresa de muchos de los periodistas congregados, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha aclarado que lo hace para responder a la nueva normativa comunitaria. Se refiere al reglamento que el pasado 26 de septiembre aprobó el Comité del Sistema Estadístico Europeo y que obliga a todos los países miembros a calcular este indicador.
Básicamente, lo que hace el IPC-CA es descontar de la variación de los precios la parte que se puede deber a las modificaciones en los impuestos que gravan el consumo y que no siempre se trasladan al cliente. Para ello, se mide la evolución del IPC bajo el supuesto de que estos tributos no han variado desde el momento de referencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística, los tributos que se excluyen en este indicador son el IVA, los impuestos sobre combustibles, los impuestos sobre el tabaco, el impuesto sobre la matriculación de vehículos y los impuestos sobre las primas de seguros. En España, muchos de ellos han subido en el último año y, por eso, la diferencia es considerable.
Si el Gobierno tuviera que actualizar las pensiones con el dato de septiembre del IPC real (3,4%), tendría que desembolsar 4.800 millones de euros. Si tomase como referencia el indicador a impuestos contantes (1,4%), el gasto se reduciría a 800 millones. Esto es así porque la ley obliga a compensar la desviación sobre el objetivo previsto por el Gobierno, que era del 1% para el 2012. Cada décima de desvío del IPC incrementa la factura en unos 200 millones de euros: 100 millones en la paga extra que hay que abonar para compensar el desvío acumulado en 2012 y otros 100 por el coste de consolidar ese incremento en las nóminas de 2013.
Por eso, Latorre no ha descartado que el Ejecutivo vaya a utilizar esta nueva referencia para revalorizar las pensiones, y lo cierto es que, si uno tira de hemeroteca, no es la primera vez que el Gobierno menciona este indicador. El pasado 1 de octubre, cinco días después de que se aprobará este reglamento europeo, el propio ministro de Economía se refería abiertamente al IPC-CA. Lo hacía ante el vicepresidente económico de la Unión Europea, Oli Rehn, cuando, en una comparecencia conjunta, los periodistas le preguntaban por el preocupante repunte de la inflación. El ministro de Economía, Luis de Guindos restó importancia entonces a los datos, alegando que el IPC a impuestos constantes, una referencia que por aquel entonces desconocíamos, era bastante menor. De hecho, aplicar este nuevo índice supondría un ahorro de unos 4.000 millones de euros.
De momento, aunque las señales apuntan a una misma dirección, todo son hipótesis. ¿Será este indicador el que se utilice finalmente para revalorizar las pensiones? El Gobierno pretende guardar el secreto hasta noviembre.