La Comunidad de Madrid acaba de aprobar el pago de un euro por receta, con las limitaciones relativas lógicas para los enfermos crónicos y los minusválidos. Por desgracia, le guste o no a la gente, esta medida es necesaria. Pero creo que también lo son otras cosas fundamentales que no se están haciendo.
España tiene un serio problema con el envejecimiento de la población. A medida que pasa el tiempo, el número de personas mayores de 65 años crece en términos proporcionales. Esto supone un desafío presupuestario importante por lo que hace a las pensiones y la sanidad. Hoy no toca hablar de las primeras, sino de la segunda. Cuanto más envejece una población, mayores son los gastos sanitarios que hay que afrontar porque las personas mayores padecen más problemas de salud y necesitan más atención médica. Si a ello se une, además, la fuerte demanda de este servicio público que vienen realizando los más de cinco millones de inmigrantes que han entrado en España desde 1997, las coordenadas demográficas del problema están completas. En este contexto, nos encontramos con que el gasto en medicamentos crece a un ritmo muy superior que el de los demás pagos relacionados con el sistema de salud, por un montón de razones, entre las que están las lógicas del mayor consumo en razón de la edad y las sociológicas o culturales, que llevan a acaparar medicinas y más medicinas, a que haya gente que se niega a recibir un tratamiento que no sea con medicamentos, cuando otras opciones funcionan perfectamente, etc. En este contexto, y teniendo en cuenta que el precio de las medicinas en España está subvencionado, en todo o en parte, nos encontramos con que su demanda es tan infinita como imposible de financiar. Con el fin de contenerla y hacer que el sistema sea financieramente viable, el Gobierno regional de Madrid ha optado por imponer una tasa de un euro por receta médica, lo cual debería ayudar a frenar la tendencia alcista del gasto público en medicinas.
Ahora bien, dicho esto, creo que también son necesarias otras actuaciones. La primera de ellas tiene que ver con el número de dosis que adquiere un paciente en la farmacia, que, por lo general, son muchas más de las que le ha prescrito el médico como consecuencia de la política de envase de los laboratorios. Si de lo que se trata es de frenar el gasto público en medicamentos, lo que hay que hacer es que el paciente adquiera en la farmacia la cantidad justa de dosis que le prescriba el médico, porque también en muchas ocasiones el que se acumulen medicamentos en los domicilios obedece a que sobran esas dosis, y cuando la persona vuelve a enfermar, compra más envases de medicamentos con la receta que le ha facilitado el médico. Aquí hay un importante ahorro que conseguir para la sanidad pública.
En segundo término, hay que ser consciente de algo de lo que los políticos no se quieren dar cuenta. El envejecimiento de la población es una realidad con implicaciones presupuestarias muy importantes, y por mucho que ahorremos en medicamentos y en otras cosas, el gasto en sanidad siempre seguirá creciendo, porque el número de personas mayores va en aumento y éstas, afortunadamente, viven mucho más tiempo. Dicho de otra forma, el simple hecho de que la población envejezca provoca un aumento del gasto público en sanidad, con independencia de si se abusa o no de las recetas. Y la cuestión es si los presupuestos públicos españoles están preparados para afrontar este desafío, si en ellos existe margen para asumir el crecimiento de los gastos en sanidad. Yo creo que no, y esa es la cuestión fundamental, porque si ese margen no se crea, entonces habrá que seguir recortando esta prestación pública, cosa que no creo que se deba hacer más allá de las cuestiones lógicas de eficiencia. Pero si no queremos aplicar la tijera en esta partida, cosa que, como en el caso de educación, creo que no se debe hacer, entonces hay que recortar por otras partes. ¿Y dónde podemos hacerlo? Pues en todo ese derroche de las autonomías que nuestros políticos no quieren tocar. Es decir, al final la cuestión es o autonomías o sanidad pública. No hay otra y, por desgracia, no veo a nuestros políticos dispuestos a renunciar a las comunidades autónomas y sus derroches.