El socialismo es un ejemplo de libro de cómo los sentimientos de injusticia son políticamente rentables. El agravio une y moviliza a grupos en apoyo de quien gobierna o aspira a hacerlo. En función de ello, los políticos socialistas se han presentado tradicionalmente como protectores de una clase social, la de los trabajadores explotados por los empresarios, la cual, cuanto más se le decía que estaba explotada, más necesitaba de su protección.
La riqueza, en este esquema del mundo, es un bien dado. Existe como pueda existir cualquier objeto físico, por ejemplo el móvil u ordenador desde el que se esté leyendo este artículo. Puesto que la riqueza es, existe, está ahí, la cuestión es cómo repartirla según los intereses políticos de quienes favorecen esta mentalidad, es decir, entre sus bases electorales. Para evitar tener que decirlo en estos términos, la izquierda ha optado por definir el reparto de la riqueza como un acto de justicia social.
El problema es que esta lógica dejó de ser exclusiva de la izquierda y ha permeado grandes políticas en España, como, por ejemplo, la de la financiación autonómica. La lógica aplicada para decidir los criterios de reparto de fondos públicos entre comunidades autónomas es el de sus necesidades. En ello es fiel producto de la famosa máxima marxista: "De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad". El sistema no tiene en cuenta cómo se genera la riqueza; sólo cómo ha de repartirse. Como si la prosperidad derivase del reparto de fondos públicos y no de la generación de los fondos privados de los que se alimentan los públicos.
Esto ha generado una carrera entre comunidades autónomas para demostrar quién tiene más necesidades insatisfechas por el sistema. El victimismo que genera es muy rentable políticamente: los dirigentes de las comunidades tienen la coartada perfecta para argumentar por qué sus problemas económicos son sobrevenidos y cómo su triunfo sobre el malvado Madrid sólo llegará gracias al apoyo (electoral, claro está) de sus conciudadanos.
En este contexto, la idea del Gobierno de aprobar los déficits a la carta para las CCAA no ha hecho más que alimentar este sentimiento de agravio, añadiendo un nuevo elemento: la injusticia se ceba en quienes mejores cifras de déficit tienen.
Las CCAA que deberían escapar de la lógica victimista al tener las cuentas más equilibradas, de repente se ven forzadas a denunciar la injusticia que se está cometiendo con ellas. Y las CCAA que peores cifras tienen utilizan el argumento del "punto de partida" de sus cuentas para, una vez más, irresponsabilizarse de sus políticas y continuar presentándose como víctimas del sistema.
Un sistema de financiación ya de por sí proclive a fomentar el victimismo no necesitaba añadir un nuevo elemento que exacerbase las tensiones entre comunidades. Porque no hay solución buena al problema. Ninguna comunidad va a querer dejar de presentarse como agraviada por una hipotética solución (menos aún, cuanto más cerca estemos de las elecciones autonómicas de 2015). Y los acuerdos bilaterales del Gobierno con las CCAA más críticas para aumentar la inversión en sus territorios no harán más que aumentar las cifras de déficit para el conjunto de España.