Tal y como se preveía, las cajas de ahorros sobrevivirán bajo la figura de las "fundaciones bancarias". El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones, que implica un nuevo marco jurídico para estas entidades. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la norma también persigue la mejora de los órganos de gobierno corporativo de estas entidades y su independencia de los poderes políticos.
Por un lado, tras la aprobación de la norma, que ahora entrará en tramitación parlamentaria, las cajas no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen, un límite que si rebasan, las obligará a traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una "fundación bancaria".
La citada "fundación" es, precisamente, la figura clave de toda la reforma. Las actuales cajas de ahorros desaparecerán como tales antes de 2014, a excepción de Caixa Pollensa y Ontinyent debido a su pequeño tamaño, de modo que el resto se tendrán que convertir, obligatoriamente, en "fundaciones bancarias". Pero dicha extinción, que, a priori, se podría interpretar como la privatización total del sector financiero tras décadas de control político sobre las cajas de ahorros, no es más que una mera ilusión. Y es que, los políticos podrán seguir manteniendo el control sobre numerosas entidades financieras, solo que bajo esta nueva figura jurídica: las denominadas "fundaciones bancarias".
El Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario acordado entre la UE y España exigía que se fuera produciendo una desinversión paulatina de las antiguas cajas de ahorros en las entidades bancarias hasta que su participación alcanzase niveles de no control. Sin embargo, el proyecto del Gobierno blindará el control de las cajas sobre sus respectivos bancos a través de las citadas fundaciones. Así, en lugar de apostar por la privatización y profesionalización total de estas entidades, las nuevas fundaciones (antiguas cajas) podrán seguir ostentando una posición de control sobre el negocio financiero, tal y como avanzó Libre Mercado.
Las fundaciones bancarias serán aquellas que mantengan una participación en la entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. De este modo, las nuevas fundaciones bancarias (actuales cajas) podrán controlar hasta el 100% de la entidad de crédito (negocio bancario), con la única condición de cumplir una serie de requisitos en función del control que ejerzan sobre sus respectivos bancos. Una de las claves, además, es que su patronato (máximo órgano de gobierno en la fundación) seguirá, de una u otra forma, en manos de los políticos, según los expertos del sector.
Por último, el proyecto presenta alguna novedad importante con respecto al texto previo. Así, según el anteproyecto, las fundaciones que poseyeran el 50% o más de una entidad no podrían incrementar su participación en la misma una vez entrase en vigor la norma. De este modo, se preveía que el peso de la fundación sobre el capital de la entidad se fuera diluyendo progresivamente conforme se efectuaran ampliaciones de capital.
Sin embargo, el Gobierno ha optado, finalmente, por sellar de forma definitiva el blindaje de las antiguas cajas de ahorros, ya que el texto definitivo remitido al Congreso permite a dichas fundaciones acudir a las ampliaciones de capital de sus respectivos bancos, con lo que podrán mantener e incluso ampliar su participación en los mismos. La única limitación es que no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación en los bancos, pero ello no impedirá en ningún caso que las fundaciones puedan seguir ostentando una posición de control sobre la actividad financiera de sus participadas.
Asimismo, según el proyecto, solo podrán aprobar reparto de dividendos con un quórum y mayoría reforzados (presencia del 50% del capital en primera convocatoria y del 25% en segunda convocatoria, más aprobación de dos tercios del capital presente en la Junta).
La regulación relativa a las cajas de ahorros seguirá en manos de las comunidades autónomas, correspondiendo al Estado dictar la legislación básica. En el caso de las fundaciones bancarias, la tutela estatal o autonómica dependerá de si su actividad principal se desarrolla en una sola comunidad autónoma: en este caso el protectorado se ejercerá por la comunidad; si se desarrolla en más de una comunidad, el protectorado corresponderá al Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad.